Los peritos del caso que investiga la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra han ratificado este martes las conclusiones de sus respectivos informes, en los que difieren acerca de si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.
Según han informado fuentes jurídicas, los
peritos designados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid han
insistido en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a
cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos,
una opinión que ha sido rechazada por los expertos de la SEPI.
Es
la segunda vez que los peritos ratifican sus informes ante la titular
del juzgado, Esperanza Collazos, que mandó repetir la prueba debido a
fallos técnicos en el sonido de la grabación del primer careo, que tuvo
lugar el pasado 18 de enero.
Como en aquella ocasión, los peritos
designados por la juez han asegurado que la aerolínea tenía problemas a
finales de 2019, una situación que tendría que haberla excluido de
recibir las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia, aprobado por el
Gobierno y ejecutado por la SEPI durante la crisis del coronavirus, para
compañías afectadas por los efectos económicos de la pandemia.
Es
más, ha explicado la vicesecretaria nacional jurídica de VOX, Marta
Castro, en declaraciones a los medios, han aseverado, a preguntas suyas,
que si no hubiera existido la "operación de maquillaje de cuentas con
el crédito participativo", la empresa posiblemente habría tenido que ser
resuelta "puede que por un concurso de acreedores".
Todo lo
contrario han manifestado los asesores de la SEPI, Deloitte y DC
Advisors, que han reiterado, al igual que ya hicieran en enero, que la
aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que
obtuvieron las ayudas.
En
un comunicado, Plus Ultra recalca que "las conclusiones de la
repetición del careo entre peritos no han aportado elemento alguno que
pudiera conducir a dudar de la situación de 'empresa no en crisis' al
cierre de 2019".
En su opinión, "no hay tampoco elementos que
demuestren que no se cumpliera con los requisitos", sino que se trata
"de una cuestión subjetiva", por lo que "no puede resultar suficiente
para apreciar, ni siquiera indiciariamente, ningún hecho punible
penalmente".
Respecto al préstamo participativo recibido por la
compañía en 2018, de cuyo origen y naturaleza desconfían las
acusaciones, Plus Ultra entiende que los peritos "han defendido su
carácter, aportando numerosos argumentos de carácter mercantil, contable
y legal".
En este
sentido, recuerda que "la naturaleza participativa también fue validada
igualmente por el auditor de cuentas de la aerolínea y por la propia
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)".
VOX PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE PLUS ULTRA
Tras
el careo de los peritos, Castro ha anunciado que VOX, que figura en la
causa como acusación popular, solicitará la comparecencia del
representante legal de Plus Ultra para que explique los "intríngulis de
las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía)
se pudiera presentar como candidata" a los fondos.
Los
hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno
dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en
préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas
de la SEPI.
Esto suscitó las críticas de sus competidores y de
los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que solicitó la
creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar
que es una empresa española "no estratégica", con gran peso de capital
venezolano y panameño.
Un mes más tarde, el juzgado de
Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias contra el que fuera
presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de
administración del organismo tras una denuncia del sindicato Manos
Limpias por presunta malversación.
Desde entonces, Plus Ultra ha
respaldado la legalidad del proceso de concesión, en el que "se cumplían
todos los requisitos de elegibilidad" que exige la normativa, y fueron
"totalmente transparentes en la documentación aportada al expediente de
la ayuda pública".
Para la aerolínea, mantener la causa abierta,
cuando hasta la propia Fiscalía ha solicitado su archivo, "prolonga
injustamente el daño a la reputación de la compañía", al utilizarse
"instrumentalmente" por parte de "determinados partidos políticos" para
atacar su "solvencia o capacidad". EFE
