DiarioJaén.es: Suspendido el juicio por la apropiación de 2,6 millones de la cooperativa La Unión

Suspendido el juicio por la apropiación de 2,6 millones de la cooperativa La Unión

El tribunal ha acordado suspender la vista y dar un plazo de diez días a la cooperativa para que formule su escrito de defensa.

31 may 2021 / 15:45 H. 

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha suspendido la vista en la que se juzgará al contable y al auditor de la cooperativa La Unión, de Úbeda, acusados de apropiarse de 2,6 millones de euros de la que fuera la segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios cooperativistas.

Lo ha hecho, después de que el tribunal haya estimado el planteamiento de algunas de las acusaciones particulares que han reclamado en cuestiones previas el poder considerar a la cooperativa como responsable civil subsidiario, lo que implica que La Unión, además de ejercer la acusación particular, también tiene la condición de poder ser considerado responsable civil subsidiario.

De esta forma, el tribunal ha acordado suspender la vista y dar un plazo de diez días a la cooperativa para que formule su escrito de defensa. Lo que se ha fijado es una nueva fecha para un juicio que estaba previsto que se desarrollara durante toda esta semana. La presidenta del tribunal ha indicado que habrá que ver la agenda de señalamiento y ver cuándo se puede volver a fechar el juicio.

La vista ya fue suspendida el pasado 17 de mayo, cuando el fallecimiento de la pareja de uno de los dos acusados, llevó a tribunal a señalarlo para este lunes.

El abogado de la cooperativa, Juan Muñoz, se ha mostrado confiado en "poder demostrar que hemos sido los únicos perjudicados y que no deberíamos responder civilmente ante estos perjudicados que ejercen la acusación particular porque ya se está haciendo en un procedimiento concursal en el que se firmó un convenio con unas quitas y unos pagos".

En este sentido, ha señalado que es a través de ese convenio en el que "se reconoce ese perjuicio de cada uno de los que están hoy aquí, pero de una manera civil". De hecho, ha apuntado que si finalmente se condena a la cooperativa como responsable civil subsidiario, podría conllevar que se destruyeran los acuerdos alcanzados.

En el banquillo también debería sentarse el que fuera presidente de la cooperativa José Consuegra, pero su fallecimiento en enero de 2018 ha llevado a que se extinguiera su responsabilidad penal en esta causa. Sí se sentarán J.L.R.P, el que fuera contable de la cooperativa, de 64 años, y el auditor M.R.A., de 88 años.

El Ministerio Fiscal en el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press establece que el contable y el presidente fallecido "movidos por un ánimo de obtener un lucro a costa de los ajeno", procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas.

Para ello, según el relato de Fiscalía, no sólo realizaron salidas de tesorería por importe de 1,2 millones y anticipos de remuneraciones por importe de 1,2 millones, sino que "falsearon las cuentas anuales de la sociedad, los tickets de entrega de aceituna propios y de otros propios, e incluso el acusado J.L.R.P, apoderándose de modo directo de un total de 187.600 euros".

Para ocultarlo, en 2007 "se concertaron" con el otro acusado, auditor de las cuentas y de sus filiales para que en su informe contable anual omitiera de modo "consciente y voluntario" la situación real de la cooperativa y los actos de disposición tanto del presidente como del contable. Así, les proporcionó programas informáticos para la contabilidad "de modo que se engañaba a los miembros del consejo rector al exponer su informe anual de auditoría".

Relata Fiscalía que amparándose, en una situación de "aparente solvencia y gestión", el presidente de la cooperativa, ya fallecido, y el contable abrieron una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma "efectivo con el que disimular la situación real de la empresa".

Debido a la "pésima" gestión, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro de falseamiento de cuentas. Como presuntos autores de los mismos reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama 2,67 millones de euros por el dinero distraído y no recuperado.

OKDiario.com: Un responsable de SEAT reconoce que la falsificación contable era generalizada en Martorell

Un responsable de SEAT reconoce que la falsificación contable era generalizada en Martorell

Andrea Aguado Robles 27/05/2021

Varios proveedores de SEAT en Martorell han denunciado al fabricante automovilístico alemán por un presunto fraude contable y fiscal ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). OKDIARIO ha tenido acceso a una conversación telefónica aportada a la causa en la que un responsable de la factoría catalana reconoce que «meter por gastos cosas que no son gastos» era una práctica generalizada en Martorell antes del impacto de la crisis del coronavirus -cuando la compañía registraba beneficios en sus cuentas-.

El ‘modus operandi’ denunciado en Martorell era el siguiente. Los departamentos de mantenimiento de Seat cambiaban presuntamente el contenido de las facturas emitidas a los proveedores por conceptos diferentes a los entregados, realizaban inversiones y compras de inmovilizado, que contabilizan como «gastos de mantenimiento» para, hipotéticamente, pagar menos impuestos al fisco.

En la llamada telefónica, a la que ha tenido acceso este diario, uno de los proveedores afectados por las presuntas irregularidades en la factoría de SEAT Martorell habla con el Jefe de Mantenimiento de Prensas que confirma que la falsificación contable era un asunto generalizado en la factoría catalana:

Jefe de Mantenimiento de Prensas: Nosotros vamos echando adelante los proyectos que podemos echar adelante. Antes (del impacto de la pandemia), ya viste, podíamos echar los proyectos por gastos, como los hemos echado adelante hasta ahora, y ahora no se puede.

Proveedor:  Y, ¿eso de echarlo por gasto es legal?

Jefe de Mantenimiento de Prensas: ¿Cómo que si echarlo por gastos es legal?

Proveedor: Lo que estábamos haciendo hasta ahora que me comentas. Yo os ponía en el título ‘Actualización/Reparación de un PC’.

Jefe de Mantenimiento de Prensas: Bueno eso es un tema interno en SEAT. Pero que no estás haciendo nada, es decir, nada que no se haga en ningún sitio, se hace en todos los departamentos.

Proveedor: Vale, vale, ¿pero en todos los departamentos de SEAT dices?

Jefe de Mantenimiento de Prensas: Claro y los ‘controllers’ muchas veces saben lo que estás haciendo.

Proveedor: ¿En serio tío?

Jefe de Mantenimiento de Prensas: Y yo lo he hecho más de una vez.

Proveedor: O sea, me estás diciendo que esto es una cosa generalizada en SEAT.

Jefe de Mantenimiento de Prensas: El que tú puedas pasar cosas así, sí. Que se metan por gastos cosas que no son gastos, sí hasta hace poco, por ejemplo, los carros de herramientas, era un proyecto de inversión.

Proveedor: Claro, porque no es un gasto, es una inversión.

Jefe de Mantenimiento de Prensas: Claro, pero eso ya hoy en día se mete por gastos, porque un proyecto de inversión implica un papeleo, un montón de burocracia y es totalmente insostenible.

El denunciante explica, tal y como avanzó este diario, que presuntamente altos cargos de SEAT en Martorell obligaron a cambiar el título de las solicitudes de compra, para poder recibir los pedidos, contabilizando incorrectamente la factura y aumentando artificialmente la cuenta de gastos, lo cual implicaría un reducción de los beneficios y por tanto, pagar, menos Impuesto de Sociedades a la Hacienda Pública.

Incumplimiento del código de conducta

Estas presuntas irregularidades, según la denuncia conocida por los departamentos de auditoría y control de gastos, contradice el código de conducta de 2020 del fabricante automovilístico del Grupo Volkswagen.

«El Grupo SEAT solamente puede generar y mantener la confianza de la opinión pública de sus accionistas y socios contractuales si su contabilidad o su información financiera es correcta. Cualquier irregularidad en este sentido podría tener graves consecuencias para la compañía y para los responsables», reza el documento.

Además, recalca que uno de los principios corporativos es cumplir estrictamente las disposiciones legales para garantizar que la contabilidad sea adecuada y la información financiera correcta. «Transparencia y exactitud son prioridades absolutas para nosotros. Publicamos nuestros estados financieros anualmente de acuerdo con las normas contables nacionales e internacionales e informamos periódicamente al Grupo Volkswagen de acuerdo con la normativa internacional», recalcan en el código de conducta de 2020.

Expertos Contables (CGE): Autodiagnóstico y trámite para la acreditación del Experto Contable

Autodiagnóstico y trámite para la acreditación del Experto Contable - EC

elEconomista.es: Escándalos financieros, cuatro ojos (y el chocolate del loro), por José María Bové

Escándalos financieros, cuatro ojos (y el chocolate del loro) - elEconomista.es

Jose María Bové - 7:00 - 24/05/2021

El colectivo de profesionales de la auditoría de cuentas nos topamos –en el contexto que nos compete de realización y supervisión de las cuentas anuales– con un ejercicio económico atípico, condicionado por la Covid-19. De forma simultánea, en materia regulatoria destaca la reciente aprobación en España del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, que aporta luz a la realización de auditorías, la organización de las firmas, el marco de actuación del organismo regulador y otros aspectos que precisaban ser considerados en la normativa.

Las grandes reformas –que concluyen en la Unión Europea con la publicación de la Directiva 2014/56/UE, relativa a la auditoria, y el Reglamento 537/2014, sobre requisitos específicos para la auditoría legal de Entidades de Interés Público– nacen al albur de escándalos financieros, en donde los administradores cometen acciones tipificadas en el Derecho Civil y Penal que pueden afectar también, entre otras partes interesadas, al auditor de cuentas, al que se le exigen responsabilidades por no haber sabido descubrir y poner de manifiesto la verdadera situación financiera de la empresa.

El obituario en el mundo financiero es extenso en los últimos años: Enron, Parmalat, Carillion, BHS, Thomas Cook, Wirecard o Pescanova, entre otros. Aunque magnificados en los medios de comunicación, desde la óptica estadística las excepciones son muy razonables: en 2019 se efectuaron en España 61.428 auditorías y se incoaron 63 expedientes sancionadores por parte del ICAC.

En el campo internacional, sigue el debate originado en Reino Unido para reformar la función auditora en varios aspectos, como escindir y aislar los servicios de auditoría en las firmas multidisciplinares e imponer la auditoría conjunta en las auditorías de interés público. Y en nuestra jurisdicción cabe reseñar la reciente publicación de 'Auditoría de cuentas en España. Valor añadido' por parte del REA Auditores y el Consejo General de Economistas, un trabajo científico sobre la profesión de auditoría con aportaciones muy valiosas sobre las ventajas de la auditoría conjunta en las empresas de interés público.

Pero lo cierto es que la ya aludida gran reforma del año 2014 –que impuso medidas dolorosas como la rotación obligatoria de firmas a los diez años– no ha dado resultados positivos en cuanto a la apertura del mercado a otras firmas. Quizás se han modificado muchas cosas, pero para que nada o poco cambie.

Y en el ínterin surgen nuevos escándalos que levantan, otra vez, dudas sobre el rol de los supervisores, comités de auditoría, auditores y demás actores involucrados. Fijémonos sino en lo acontecido en la República Federal de Alemania, donde el estallido de la entidad de pagos Wirecard ha sacudido los cimientos del sistema de supervisión del país –con un agujero contable de 1.900 millones de euros y abocándola al concurso de acreedores– y levantado serias dudas sobre los mecanismos de control, entre ellos, la labor de los auditores.

Sobre este asunto alemán la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), organismo europeo que coordina y representa a los mercados de valores de forma análoga al papel ejercido por la CNMV en España, acaba de publicar un documento de consulta (son 36 páginas de lectura bien recomendable) donde se realizan un conjunto de recomendaciones y en el que se refiere la necesidad de "evaluar la relevancia de requerir auditorías conjuntas para grandes empresas cotizadas en la UE".

Por su parte Accountancy Europe (Federación de Expertos Contables Europeos), en su reciente circular del mes de marzo, se hace eco del nerviosismo que ha impregnado a la Comisión Europea el caso Wirecard, hasta el punto que dos europarlamentarios (Luis Garicano y Sven Giegold) han manifestado que en dicho episodio los auditores se plegaron a las presiones de los ejecutivos de la multinacional de pagos germana y no informaron al público de los problemas detectados. Además, Giegold defiende que "el hecho de que las compañías paguen a sus propios auditores es un error fundamental del sistema. Esto recompensa económicamente auditar de una forma laxa. Aquellos que formulen preguntas demasiado críticas se arriesgan a perder mandatos…", para apuntillar que "los auditores no deberían ser nombrados por las propias empresas, sino por un organismo comprometido con el interés público".

Ambos europarlamentarios han presentado asimismo una propuesta de reforma en la UE y han solicitado al Parlamento Europeo que lleve a cabo una investigación sobre el escándalo Wirecard, que deberá cubrir la valoración del control por las autoridades financieras germanas (BaFin), así como los supervisores comunitarios ESMA y EBA.

Por último, aunque no menos importante, han llamado a la Comisión Europea a revisar la normativa comunitaria en materia de auditoría de cuentas y, más en concreto, en aquellos aspectos relativos al nombramiento y compensación de los auditores, conflictos de interés que pueden afectarles al prestar servicios distintos a los de auditoría de cuentas y excesiva concentración del mercado en cuatro firmas, entre otros.

Respecto a este escándalo financiero teutón y otros que emergen –como el de la financiera Greensill (Reino Unido)–, que cuestionan y sacuden tanto a los mecanismos de control y alarma de algunos países en particular pero también en el plano comunitario en su conjunto, cabe preguntarse: ¿se hubieran podido evitar estas situaciones si las empresas hubieran estado auditadas por dos firmas en vez de una?

Quizás no hay una respuesta clara a esta pregunta, pero sí que creemos que la auditoría conjunta aporta más calidad, seguridad y transparencia a los estados financieros. Sus detractores enarbolan –como argumento en su contra– un aumento de los honorarios de los auditores de cuentas que, según diversas fuentes, puede situarse entre un 2,5 y un 5% por la mayor inversión de horas en la planificación y revisión de trabajo mutuo, las reuniones de cierre con los clientes o el debate, estudio y solución de los temas conflictivos, entre otros.

En cualquier caso, el eventual aumento de los costes de la actividad auditora en la opción de auditar conjuntamente es del todo irrelevante (o "el chocolate del loro", que diríamos en lenguaje coloquial) ante el daño económico y la pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones que un escándalo financiero causa a los ahorradores y al interés público en general.

Jose María Bové
Presidente de Bové Montero y Asociados. Columnista de Ecoley

ABC.es: Alemania endurece la responsabilidad de los auditores tras el escándalo Wirecard

Alemania endurece la responsabilidad de los auditores tras el escándalo Wirecard

El Ministerio de Hacienda tendrá que llevar a cabo controles anuales, en lugar de cada 24 años como era el caso anteriormente.

Actualizado:21/05/2021 17:33h 

El Gobierno, el supervisor BaFin y los auditores de Ernst & Young. Todos fracasaron en el escándalo Wirecard. Por eso ahora el parlamento alemán endurece la regulación de los negocios financieros. La nueva regulación, que lleva el engorroso nombre de Ley de Fortalecimiento de la Integridad del Mercado Financiero (FISG), prevé fortalecer los controles del balance de las empresas, con el fin de asegurar una contabilidad correcta, y que entrará en vigor el 1 de julio de 2021. El Ministerio de Hacienda tendrá que llevar a cabo controles anuales, en lugar de cada 24 años como era el caso anteriormente. Además, deberá haber una rotación interna de auditores como mínimo cada cinco años. La auditoría y el asesoramiento también deberán separarse más claramente, con cortafuegos que dificulten el asesoramiento fiscal por parte de los auditores.

Los expertos llevaban pidiendo esto durante mucho tiempo porque el asesoramiento fiscal es completamente incompatible con una auditoría independiente, pero hasta ahora el sector había logrado resistirse. Otro de los objetivos de la ley es que la autoridad de supervisión financiera BaFin aumente la mordacidad en su tarea. En el futuro, será el máximo juez de auditoría del balance y tendrá la oportunidad de convocar e interrogar a la alta dirección de una empresa auditada y a su auditor. Pero, sobre todo, Alemania endurece la responsabilidad civil de los auditores.

Los auditores critican los cambios. Se ven «en la picota». No hay «ningún fallo sistemático de la auditoría que haya sido demostrado», dice en un comunicado el Instituto de Auditores IdW, que no considera que del caso Wirecard se pueda deducir una separación adicional de las asignaciones de auditoría y consultoría, como en la nueva ley se requiere. Tampoco tienen claro cómo los cambios frecuentes en el auditor pueden ayudar a prevenir casos similares de fraude. Advierten que si se carga más responsabilidad sobre los auditores, habrá sin remedio una concentración aún mayor en el sector, porque las firmas de auditoría más pequeñas no podrán asumir el riesgo. El portavoz en asuntos financieros de la CDU, Matthias Hauer, ha defendido una moción según la cual los auditores pequeños y medianos no estarán sujetos a responsabilidad ilimitada en caso de negligencia y que, por lo tanto, sus actividades seguirían siendo asegurables.

Con ley o sin ley, los auditores implicados ya están siendo castigados. En la Junta General Anual de esta semana, los accionistas de Commerzbank decidieron separarse del auditor Ernst & Young, implicado en el caso Wirecard, y cambiarse a su competidor KPMG. Ernst & Young, de hecho, ha perdido ya cuatro importantes cuentas de clientes. A Commerzbank lo estaba auditando desde 2018 y podría haber mantenido esa cuenta durante años. Pero el segundo banco de Alemania, que era uno de los prestamistas de Wirecard, tuvo que cancelar 187 millones de euros debido a la quiebra y no desea seguir trabajando con ellos. A principios de año, Deutsche Telekom anunció que Ernst & Young no controlaría sus balances, como estaba previsto. El banco de desarrollo estatal KfW, el tercer banco más grande de Alemania en términos de activos totales, también ha puesto distancia con el auditor. Y en la junta general de Siemens, los accionistas y empleados firmaron una solicitud en la que decían que Ernst & Young GmbH, propuesta por la administración, ha demostrado de manera impresionante en el caso Wirecard que no puede hacer frente al examen de una empresa compleja. Por lo tanto, no es adecuado para el examen del grupo Siemens y ya no tiene la confianza de los accionistas. En febrero, el jefe de Ernst & Young en Alemania, Hubert Barth, tuvo que dejar su puesto. Pero no parece que el escándalo haya derivado en un castigo general a los auditores. Un rápido vistazo a los mandatos de auditoría de las 30 corporaciones del DAX de Frankfurt muestra que, a excepción de SAP y su contrato con BDO, todas las demás corporaciones continúan teniendo sus balances controlados por una de las cuatro grandes auditoras. Lufthansa, Volkswagen, Munich Re y Deutsche Bank siguen siendo auditadas por Ernst & Young. Los demás mandatos del DAX se dividen entre KMPG, Deloitte y PwC.

Las grandes empresas, por lo tanto, ignoran el informe pericial ordenado por los miembros de la comisión parlamentaria de investigación sobre el colapso de Wirecard al bufete de abogados Rödl & Partner, una investigación en profundidad el trabajo de EY. A cambio, los examinadores tuvieron acceso a los documentos de examen confidenciales de Ernst & Young. El autor responsable del informe, Martin Wambach, comparece esta semana a puerta cerrada como testigo ante el comité de investigación, que solicitará al Tribunal Federal de Justicia que el informe por ahora clasificado se haga público. Ernst & Young ha señalado que solo considera legal la publicación de un resumen del informe. «Ernst & Young Alemania no puede comentar sobre el contenido de los informes de los investigadores», se limita a contestar al respecto un portavoz de la empresa auditora. El informe de más de 50 páginas demuestra que en la auditoría del año fiscal 2018, al final del cual Ernst & Young otorgó al Grupo Wirecard un certificado, la parte más rentable del negocio, que supuestamente Wirecard había subcontratado a los llamados socios externos en Asia, no existía. Faltaban 1.900 millones de euros de los que el auditor no llegó a percatarse.

Coordenadas BDO: La externalización de la función de auditoría interna

La externalización de la función de auditoría interna - BDO

Escrito por Eva Queralt | 19-05-2021

En los últimos años, ha habido una evolución en la función de Auditoría Interna donde, cada vez más, la demanda por parte de los Consejos de Administración, las Comisiones de Auditoría y el marco regulatorio al que están expuestas las organizaciones es más relevante y deriva en que los ámbitos a cubrir por la propia función son cada vez más amplios, exigentes y con un componente de especialización muy acentuado. Adicionalmente, la función de Auditoría Interna está orientándose hacia un enfoque más preventivo frente a los enfoques detectivos tradicionales, hecho que exige para el desarrollo de las obligaciones de la función tanto un número cada vez más elevado de recursos internos dedicados al cumplimiento de las actuaciones dispuestas en los planes de auditoría interna, como que los profesionales dispongan de los conocimientos técnicos adecuados para atender los múltiples ámbitos que deben ser auditados.

Asimismo, las empresas se enfrentan a un entorno cada vez más cambiante así como a nuevos riesgos que años atrás ni siquiera se planteaban incluir como prioritarios en los mapas de riesgos. Ello implica un sobresfuerzo de las unidades de Auditoría Interna en cuanto a medidas para la identificación de deficiencias del entorno de control asociado a procesos.

A la hora de panificar las actuaciones que den cobertura a la consecución de los objetivos de la función de Auditoría Interna, deben determinarse cuáles son las actividades que por su naturaleza es necesario que se lleven a cabo de forma interna y cuáles pueden ser susceptibles de ser llevadas a cabo por parte de terceros especializados. En este sentido y respecto a soportes externalizados para el desarrollo de la función, deben tomarse en consideración aquellos ámbitos de revisión que requieren de un nivel muy alto de especialización y / o de una intensidad en la dedicación de los recursos humanos y / o tecnológicos que no son fácilmente asumibles para determinadas estructuras internas o en los plazos exigidos para su ejecución. Estos niveles de especialización no recaen exclusivamente en los ámbitos de auditoría interna, sino también en conocimientos normativos, legales, tecnológicos, etc. A título ilustrativo, tipologías de revisión que suelen ser susceptibles de subcontratación a expertos con la suficiente experiencia y acreditación serían las siguientes:

• Auditorias de cumplimiento normativo y de ámbito regulatorio.
• Auditorias de sistemas informáticos, de seguridad y ciberseguridad.
• Auditorias de continuidad de negocio.
• Verificación del cumplimiento de los Sistemas/Modelos de Prevención de Delitos (Supervisión del Compliance Penal).
• Auditorias de proveedores y de servicios externalizados (Third Party Assurance).
• Evaluación de los Sistemas de Control Interno sobre Información Financiera (SCIIF).
• Auditorias de privacidad de datos - Privacy Assurance (RGPD).
• Auditorias que requieran la utilización de tecnologías y herramientas avanzadas de análisis y tratamiento de datos.
• Auditoría de modelos y de calidad de datos.
• Auditorías de provisiones actuariales.
• Revisiones bajo estándares ISAE 3402/ SSAE 18.
• Revisiones de cumplimiento de Contratos (Contract Compliance), entre otras.

La tendencia a la externalización o subcontratación de una parte de las actuaciones a desempeñar por la función de Auditoría Interna, si bien desde hace ya unos años es una opción real de aquellas sociedades sometidas a unos altos niveles de exigencia en materia de Control Interno y de Gobierno Corporativo, siempre con sus niveles adecuados de supervisión y responsabilidad dentro de las compañías,  para el resto de las organizaciones forma parte también del presente en aras de un óptimo, eficaz así como eficiente cumplimiento de los objetivos que deben alcanzar.

Para la consecución de una externalización o subcontratación de servicios de auditoría interna exitosa es primordial tanto el análisis previo de la idoneidad de las acciones a ser llevadas por terceros como el establecimiento de los mecanismos oportunos y razonables para que la ejecución de estos trabajos esté intrínsecamente alineada con los objetivos pretendidos por la organización y que están determinados por los órganos de gobierno de la misma.

A modo de síntesis, entre las principales ventajas que la cada vez más habitual externalización de determinadas actuaciones de auditoría interna proporciona, se encontrarían las siguientes:

• Facilitación de un alineamiento entre las necesidades fruto de los mandatos de las Comisiones de Auditoría y su ejecución efectiva en los plazos definidos.
• Disponibilidad de perfiles altamente cualificados y especializados para atender con el nivel de profundidad y detalle suficiente el amplio espectro de tipologías de trabajos a los que debe hacer frente la función de Auditoria Interna.
• Focalización de los esfuerzos y recursos de los equipos de Auditoría Interna de las organizaciones a aquellos procesos core / críticos del negocio y que deben conformar el principal foco de sus actuaciones.
• Asignación de recursos exclusivamente cuando son necesarios sin ocasionar sobredimensionamiento de estructura de plantillas de forma permanente: Optimización del coste de la función.

Por todo ello, la tendencia a la externalización en el ámbito de la auditoría interna está más presente que nunca, permitiendo un mayor fortalecimiento y ampliación de la cobertura por parte de los equipos de auditoría interna y una anticipación eficiente a los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de las compañías. Las organizaciones deben plantearse, por tanto, su estrategia de cómo afrontar sus responsabilidades y obligaciones de buen gobierno teniendo en cuenta esta tendencia que ha venido para quedarse.

CincoDías.com: PwC exige inyectar dinero en la matriz de Abengoa para aprobar sus cuentas

PwC exige inyectar dinero en la matriz de Abengoa para aprobar sus cuentas | Compañías | Cinco Días

El informe de auditoría es clave para cualquier plan de rescate
Madrid 19 MAY 2021 - 06:22 CEST

La salvación de los activos operativos de Abengoa depende de que PwC emita los informes de auditoría de las cuentas de la matriz correspondientes a 2019, ya presentadas ante la CNMV, y también de las de 2020. La empresa cotizada, Abengoa SA, está en concurso de acreedores desde el 26 de febrero, pero los dos posibles planes de rescate –el de Terramar y el de los Amodio– incluyen la inyección de unos 25 millones de euros en la holding para que se dé el salvoconducto a las cuentas del grupo y se pueda ejecutar el salvamento. Sin la luz verde de PwC todo está perdido, explican fuentes financieras.

El objetivo, muy complicado aunque no imposible, es que Abengoa sobreviva y se mantengan sus alrededor de 13.000 empleos, unos 2.500 de ellos en España. La oferta del fondo californiano Terramar ya está encima del tapete, con 200 millones en total, 50 de ellos en forma del capital. Aunque la participación del Estado, a través de la SEPI con 249 millones de euros, del ICO y de Cesce, que deberán blindar liquidez por unos 300 millones y también avales para que el grupo de ingeniería siga operando, es imprescindible.

Los Amodio, aliados con EPI Holding y Ultramar Energy y también con la plataforma AbengoaShares, que agrupa a minoritarios con el 21% del capital, se disponen a presentar su propuesta, una vez que Pérez-Llorca ha verificado la viabilidad de Abenewco 1. En principio, Caabsa, la empresa de la familia mexicana se quedaría con un 35%, junto con sus socios –que están discutiendo el papel– y los minoritarios, con el mismo porcentaje. El 30% restante sería para los acreedores, liderados por Santander y por fondos como KKR, Blue Mountain, Alden y Melqart.

El visto bueno necesario

Los dos posibles rescatadores tienen una labor pendiente más prosaica: lograr que el auditor del grupo, PwC, emita su informe. Sin este, es inviable cualquier tipo de solución, según fuentes conocedoras de la situación. Abengoa envió sus cuentas de 2019 a la CNMV el pasado 12 de febrero, aunque avisó de que estaba “pendiente de recibir los informes correspondientes del auditor de cuentas”. Con el papel de PwC, los resultados y el balance deberían aprobarse en junta.

Las cuentas de 2019 están presentadas, pero no han recibido el aval del auditor

Pero fuentes financieras señalan que esa luz verde no ha llegado, ni llegará, si no se ayuda a la matriz. Curiosamente, el rescate de Abenewco 1, la sociedad que atesora los activos, pasa también por llevar dinero a la matriz. Se barajan unos 25 millones, según las fuentes consultadas. Y ya no son solo las cuentas de 2019, sino las del año pasado, que ni han sido formuladas. Entre tanto, los dueños de una parte del pasivo financiero han ampliado hasta el viernes, 21 de mayo, el waiver que libera a la empresa de abonarles el dinero que les debe.

El asunto de fondo, en todo caso, sigue en el tejado del Gobierno. La intervención de la SEPI y sus casi 250 millones de euros es imprescindible para que pueda funcionar cualquiera de las dos hojas de ruta de salvamento planteadas. También las participaciones del ICO y de Cesce son cruciales.

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