Los auditores, bajo sospecha tras la sentencia de PescanovaLa condena a BDO sacude los cimientos de un sector tan cuestionado como imprescindible
“No tiene ni pies ni cabeza, pero esto viene de atrás y
ahora vemos que lo que era una pequeña grieta cada vez se va haciendo
más grande y se ha convertido ya en un boquete”. Quien así hablaba el
pasado miércoles es un veterano auditor madrileño de una de las grandes
firmas internacionales y con 35 años de experiencia en el sector a sus
espaldas. Estaba caliente. Un día antes, se había conocido la sentencia
del caso Pescanova en el que el auditor Santiago Sañé fue
condenado a tres años, seis meses y un día de prisión por los delitos de
falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica
y financiera. BDO, la auditora de la que es socio, fue declarada
culpable de este último delito y condenada a cubrir solidariamente la
indemnización de casi 190 millones de euros a los perjudicados por el
fraude.
Como es lógico, el sector está en estado de shock y eso
que venía de celebrar cómo, justo una semana antes, la Audiencia había
absuelto a todos los imputados por la infausta salida a bolsa de Bankia de julio del 2011, incluida la auditora Deloitte.
“Pensábamos que saldría una sentencia parecida porque, al igual que en
Bankia, en Pescanova no hay pruebas que demuestren la culpabilidad del
auditor”, comentan fuentes cercanas al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Pero no fue así.
Y
el fallo escuece mucho al sector y, sobre todo a la auditora condenada,
BDO, que prepara ya el recurso mientras insiste en su inocencia. “No
figura en los hechos probados de la sentencia en qué hubiera consistido
el incumplimiento de sus deberes de impedir delitos”, dijo el miércoles
en una nota, lo que le lleva a proclamar: “Fuimos engañados y también
víctimas del entramado y el fraude organizado por la dirección de
Pescanova”.
Mientras los afectados por los fraudes atacan a los auditores, estos defienden su labor y piden normas claras
Lo cierto es que, a pesar de las sucesivas
reformas legales para establecer con claridad los deberes de los
auditores y los límites de su actuación, las polémicas se suceden y
afloran constantes escándalos, tanto en España como en el exterior. Este
año, la palma se la llevó Wirecard, la fintech alemana en la que se descubrió un agujero de 1.900 millones de euros que no ha dejado en muy buen lugar a EY, su auditora...
Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas especializado en litigación, denuncia que “la labor de los auditores en sociedades cotizadas como Abengoa, Bankia, Pescanova o el Popular provoca
una gran pérdida de confianza en las auditoras y en el sistema”. Salvo
en el caso de Pescanova, no ha habido grandes condenas. Y el caso más
discutible es el de Bankia, en el que el Supremo dictaminó que se
engañó a los inversores particulares, pero, en cambio, la Audiencia
Nacional ha absuelto de fraude a los gestores. “Es de locos, si al
auditor incumplidor no le pasa nada, se desincentiva uno de los
mecanismos de control más importante con el que cuentan los inversores”,
añade Ruiz de Villa.
Los auditores se defienden. Recuerdan que son auditores,
no supervisores, policías ni detectives. Su acceso a la información es
limitado, parcial y mediado. Siempre ha sido así. La diferencia es que
ahora, en ocasiones, les hacen pagar por los fraudes, lo que pone en
riesgo al sector. Por eso, esta semana ha empezado una movilización,
todavía silenciosa.
“Tenemos que hacer algo, nosotros también necesitamos seguridad jurídica”, apunta un socio de auditoría de una de las llamadas Big Four,
que no quiere aparecer con su nombre. “No puede ser que tenga la misma
responsabilidad en un delito el consejo de administración que el
auditor”, sostiene un segundo auditor que también exige el anonimato.
Una de las propuestas es la de acotar el riesgo. “Si no se hace esto, al
final nadie querrá auditar las empresas del Ibex”, concluye este
último auditor, que apunta a los baremos de los accidentes de tráfico
para poner algunos límites en la responsabilidad económica de los
auditores y aboga por los pactos con la Fiscalía en materia pena.
