Le recrimina que no tenga ya a disposición de los accionistas la documentación que exige la ley y le da de plazo hasta el lunes para presentar todo, incluido el informe de gestión a los auditores.
Alexandre Centeno - a coruña / la voz 21 de noviembre de 2013 09:36
El mismo día en que el Borme publicaba la convocatoria de la junta de accionistas del Deportivo para el día 20 de diciembre en primera convocatoria y el 21 en segunda, el juez del concurso emitió una providencia mediante la cual advierte a Lendoiro de que o entrega las cuentas y el informe de gestión a la auditora en cinco días o le retirará las facultades administrativas previa solicitud de la administración concursal.
Un día después, el 26, «la sociedad concursada [el Deportivo], la administración concursal y la auditora presentarán cada una un escrito informando del cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta resolución». «De no cumplirse con las obligaciones impuestas -prosigue la providencia- la administración concursal podrá pedir en el mismo escrito, si lo considerase conveniente en atención al interés del concurso, la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor».
No obstante, y aunque no parece probable que pueda suceder, el juez da previamente un día de plazo al Deportivo para que «el consejo de administración informe sobre si las cuentas anuales han sido formuladas con los cinco documentos que las conforman [el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria], firmadas por todos los administradores, y entregadas a la sociedad auditora, y adjunten el acta del consejo de administración en el que se adoptó el acuerdo de formulación de las cuentas».
El desencadenante
El desencadenante de la providencia emitida ayer por Rafael García Pérez está en la convocatoria de la junta publicada el pasado miércoles por el Deportivo en su página web. La nota emitida por el consejo de administración que preside Lendoiro recoge la posibilidad de los accionistas de recibir por parte del club el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, algo que el juez considera incompleto pues recuerda que la ley dice que son cinco los documentos exigibles. Y recuerda que, a partir de la convocatoria de la junta, esta información debe estar a disposición de los socios. Es decir, desde ayer, algo que no ha cumplido el club.
En este sentido, Rafael García Pérez recuerda a Lendoiro y sus consejeros que el motivo por el que el 11 de marzo acordó el cambio de auditora era para «conocer de manera certera y fiel la situación patrimonial y financiera de la concursada», algo que en su opinión supone «un elemento imprescindible para alcanzar un convenio con posibilidades de éxito, en beneficio de la satisfacción de los acreedores y del mantenimiento de la actividad del deudor concursado».
Como, a poco más de un mes y medio para la celebración de la junta de acreedores, el juez no tiene constancia de la existencia del informe de auditoría entiende que «se está burlando una resolución judicial directamente dictada para la protección de los acreedores y a favor de la continuación de la actividad empresarial de la concursada, con absoluto desprecio de la legalidad y falta de consideración hacia los acreedores, el juez del concurso y la propia supervivencia de la entidad».
Comunicado del club
Sorprendentemente, el club emitió un comunicado ayer por la noche en el que asegura que ya envió «la reformulación de las cuentas» al auditor y al administrador concursal. En un pdf adjunto recoge un certificado del cuñado de Lendoiro fechado el miércoles en el que reconoce que la documentación aún no había sido enviada y que se haría «en breve» para que el informe de auditoría esté en el club antes del 10 de diciembre (solo 11 días antes de la celebración de la junta).
Rafael García Pérez habla de un absoluto «desprecio de la legalidad y falta de consideración hacia los acreedores, el juez del concurso y la propia supervivencia de la entidad»
«En caso de que no se haya cumplido con estas obligaciones, se apercibe al consejo de que si el lunes no se han formulado, firmado y entregado a la auditora las cuentas en legal forma y con todos sus documentos, así como el informe de gestión, se considerará como motivo suficiente para acordar el cambio de la situación de intervención de las facultades patrimoniales a una de suspensión».
