"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
El sector de la auditoría y la consultoría vivió en 2021 un año excepcional. Fue uno de esos negocios que no solo no se vio afectado por la pandemia, sino que incluso se benefició por la crisis provocada por el coronavirus: muchas empresas se vieron obligadas a pivotar, a transformar sus modelos de negocio, para lo que necesitaron a asesores profesionales que les ayudasen en esta remodelación.
El auge de este sector se ve muy claro si observamos los resultados
de las conocidas como 'Big Four', las cuatro grandes firmas de este
campo a nivel global. Hablamos de Deloitte, PwC, EY y KPMG. Estos cuatro
gigantes facturaron unos 150.000 millones de euros a nivel global en 2021, el mejor dato desde 2002.
Santiago Carcar - Madrid - 13 jun 2022 - 5:45 CEST
Los planes de EY han abierto un debate de calado: ¿tiene sentido que las grandes firmas de servicios profesionales separen sus negocios de consultoría y auditoría?
El plan
de EY, en esencia, consistiría en aprobar una ruptura histórica del
negocio para solucionar conflictos de interés que han alertado a los
reguladores. Las opciones bajo revisión incluyen una posible oferta en
Bolsa o la venta de una participación en el negocio de asesoría. Goldman
Sachs y JPMorgan asesoran a la firma. EY ni confirma ni desmiente. La
declaración oficial de EY Global tras la filtración fue escueta.
“Cualquier cambio significativo en nuestra estructura solo ocurriría
previa consulta con los reguladores y después de los votos de los socios
de EY. Estamos en las primeras etapas de esta evaluación y no se han
tomado decisiones”. Sus tres competidoras se ponen de perfil. Coinciden
en que los planes de EY no les incumben. Las tres contemplan mantener
sus negocios tal y como están, con la auditoría como manantial de
ingresos seguros y la consultoría —Deloitte está más volcada en esta
actividad que el resto— como palanca de crecimiento.
El revuelo creado tras la
filtración del plan se entiende mejor con números. Las cuatro grandes
son las supervivientes de las fusiones que transformaron el sector en el
siglo XX. Un salto desde las big eight (Arthur Andersen; Arthur
Young; Coopers & Lybrand; Ernst & Whinney; Deloitte Haskins
& Sells; Peat Marwick Mitchell; Price Waterhouse, y Touche Ross) a
las big four. Menos para repartir. Las cuatro ganaron 155.000
millones de euros en 2021 por su actividad en 150 países. El mejor
resultado desde que el escándalo de la eléctrica Enron en 2002 calcinó a
la auditora Arthur Andersen e hizo surgir a Accenture, especializada en
consultoría. En España, la facturación de las cuatro grandes en 2021
alcanzó los 2.659 millones, un 4,1% más.
El aldabonazo de West no solo ha conmocionado a los 312.000 empleados de EY. Los empleados de las big four
—un ejército de 900.000 trabajadores— temen la ola. La agitación ya se
ha cobrado una pieza en EY: la directora de la compañía en EE UU, Kelly
Grier, enfrentada al jefe global Carmine Di Sibio. La salida de Grier
revela las tensiones entre los feudos del grupo que compiten entre sí.
Un asunto delicado para la compañía que “confiesa” a lo más granado de
Silicon Valley: Amazon, Google, Oracle, Salesforce y Workday.
Las tensiones obedecen al funcionamiento interno. Las big four
se estructuran como redes de firmas nacionales legalmente separadas que
pagan una tarifa cada año por la marca, los sistemas y la tecnología
que comparten. Un sistema entre la concesión y la franquicia. No es
extraño que el anuncio de división inquiete a los 13.000 asociados de
EY. Encaran un proceso complejo que, de llevarse a cabo, requeriría la
aprobación de cientos de reguladores a nivel mundial y llevaría años,
según fuentes del sector.
Para los más veteranos la
música no es nueva. Al comienzo de siglo, las grandes también liquidaron
las actividades de consultoría. PwC vendió su división consultora a
IBM; KPMG repartió sus asesores entre Bearing Point y Atos, mientras que
EY vendió a Cap Gemini. El único reticente fue Deloitte, que continuó
expandiendo su empresa de consultoría.
Ahora, el runrún
se extiende pese a la resistencia de las empresas a repetir la jugada.
La pregunta es por qué. Las firmas se mueven en el filo de la navaja. A
un lado, la reputación; al otro, la ética. Una sanción mínima puede
hacer perder millones. Quizá por eso, en los planes de EY pesan los
efectos de la quiebra fraudulenta de la fintech alemana Wirecard,
en la que se cuestionó su papel supervisor. Pero el obituario
empresarial que jalona la fina línea del negocio de las grandes firmas
abarca escándalos como Enron, Parmalat, Carillion, BHS, Thomas Cook,
Wirecard o Pescanova, por mencionar los más conocidos.
Los
casos de Wirecard en Alemania y de la constructora Carillion en el
Reino Unido han subido la presión. En el Reino Unido, el Consejo de
Reportes Financieros (FRC) impulsa una reforma para que las big four
separen sus actividades antes de 2024. En el Parlamento Europeo, los
europarlamentarios Luis Garicano y Sven Giegold también piden más altura
para las murallas chinas y revisar la normativa comunitaria.
Rotación obligatoria
España
encara el debate con una normativa (2015) aprobada para trasponer la
legislación comunitaria y prevenir escándalos tipo Enron. La ley impuso
medidas como la rotación obligatoria de firmas a los diez años. La
decisión, al menos en las empresas grandes, no parece haber dado
resultados positivos en cuanto a la apertura del mercado a otras firmas,
según apuntan las fuentes consultadas. Por resumir: quienes
controlaban, controlan. Aparentemente, la normativa basta para poner
coto a las malas prácticas. En los tres últimos años, según las memorias
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo
que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, solo se han abierto
147 expedientes sancionadores. Una gota en un mar de más de 65.000
auditorías cada año. ICAC no ha querido participar en este reportaje.
Ferrán
Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, lo tiene claro. “Nuestro régimen de incompatibilidades”,
asegura, “es el más estricto y severo de cualquier profesión. Nuestra
normativa en materia de independencia es una de las más exigentes del
mundo. A pesar de ello, en nuestro país apenas ha habido sanciones en
este ámbito. Habiéndose realizado unos 120.000 informes de auditoría en
España, en los dos últimos años se han resuelto solo cuatro expedientes
sancionadores por faltas de independencia”.
EY España
coincide. “En el proceso de adaptación a la normativa europea, el
regulador español, en lo que se refiere a independencia y servicios,
decidió, dentro de las opciones que planteaba la regulación, adoptar
estándares de entre los más restrictivos —y de los finalmente
implantados—, tanto a nivel europeo como global”, asegura. Fuentes de
otra de las grandes añaden un matiz: los políticos reformaron, pero sin
escuchar a los técnicos, algo delicado en un negocio “complejo”. La
conclusión más simple de la situación en España desde el punto de vista
del sector podría ser esta; basta con la regulación actual porque el
sistema funciona. Lo que no contesta por completo la pregunta del romano
Juvenal: ¿quién vigilará a los vigilantes? Unos 2.000 años tienen la
cuestión.
No detalla la remuneración de Miguel Ángel López, su CEO y consejero, junto a la del resto de miembros del comité de dirección, lo que provoca una salvedad en sus cuentas
Por Carlos Rodríguez - 13/06/2022 - 05:00
Tirón de orejas de EY a Siemens España.
El auditor del fabricante y vendedor de productos o soluciones
electrónicas aprobó sus últimas cuentas anuales, en las que ganó 22,4
millones de euros, pero reflejó una salvedad. ¿El motivo? Ocultó el sueldo de sus altos directivos y tres consejeros, dos de ellos pertenecientes a Siemens AG, su matriz alemana,
lo que incumple la normativa vigente y provocó que la antigua Ernst
& Young tuviera que alertar sobre este hecho. Entre ellos está Miguel Ángel López Borrego, su CEO y presidente de Siemens Gamesa.
EY señala, en el fundamento de su opinión con salvedades, que "la memoria adjunta de Siemens no incluye los desgloses de información relativa al personal de alta dirección y a los miembros del consejo de
administración en relación con remuneraciones, compromisos y otras
informaciones, requeridos por la normativa vigente, en particular por el
punto 23.6 del modelo sobre el contenido de la memoria incluido en la
tercera parte del Plan General de Contabilidad".
El auditor incluye esta salvedad, pese a que no afecta a todos los
directivos de la compañía. En este caso, la empresa sí agrupa lo que
perciben ciertos directivos que, de media, cobraron 206.630 euros en el
caso de los hombres y 205.071 euros en el de las mujeres en 2021. No
obstante, en estas cuantías únicamente tienen en cuenta la retribución
de los 'senior managers' y cargos de nivel 4 y "se excluye a los consejeros de la compañía", perteneciendo dos de ellos a Siemens AG, su matriz alemana. También
el de sus altos directivos del comité de dirección, como su responsable
financiera, de Recursos Humanos, de Compras y de Informática.
En el caso de Miguel Ángel López Borrego, CEO de Siemens España y
presidente de Siemens Gamesa, no facilita ni su sueldo de CEO ni de
consejero, puesto que, tal y como reconocen en sus cuentas, "el consejo
no ha devengado ninguna remuneración por el desempeño de sus funciones salvo en el caso del consejero delegado o de consejeros a los que se les hayan atribuido funciones ejecutivas.
La sociedad, en atención a la violación de la intimidad que supondría
facilitar la remuneración de la alta dirección, así como de aquellos
administradores que también ejercen una función directiva, no considera
oportuno detallar en las cuentas anuales dicha información".
Protección de datos
Desde Siemens, también achacan el no facilitar el sueldo de sus altos directivos a lasobligaciones marcadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Todo ello, pese a que diversos consultores contactados por El
Confidencial señalan que dichas cuantías se pueden facilitar agrupadas,
como sí hace la empresa en sus cuentas con la remuneración de parte de
sus directivos, mandos medios, técnicos y profesionales o personal de apoyo, incumpliendo la normativa del Plan General de Contabilidad.
Siemens sí ha logrado cumplir en materia de igualdad retributiva al lograr unafuerte reducción de su brecha salarial entre hombres y mujeres durante el último año.
Por ejemplo, en el caso de los directivos, se ha pasado de unas
diferencias de un 10,05% a favor de los primeros en 2020 a solo un
0,75%, mientras que el caso más llamativo es el de los mandos
intermedios, ya que las mujeres han pasado de cobrar un 8,43% menos en
2020 a percibir un 5,88% más que el sexo opuesto. Esta reducción viene
motivada por el "número creciente de mujeres que van accediendo y
consolidándose en puestos directivos y mandos medios, cubriendo las
vacantes dejadas por hombres. Las políticas de la compañía para
garantizar la equidad en puestos de igual valor se ven reflejadas en
esta disminución sostenida de la brecha", según esgrimen desde Siemens.
Cada vez se dedican mayores esfuerzos a la mejora tecnológica de las firmas, pero muy pocos a una necesaria transformación cultural
7 JUN 2022 - 07:49 CEST
Frente al entorno laboral convulso que sufre la profesión de
auditoría, por la elevada rotación de personal con experiencia y el
deterioro de la imagen ofrecida, veo más importante que nunca poner en
valor unos pensamientos que llevo tiempo compartiendo con mis compañeros
y que en la actualidad merecen especial atención.
La
auditoría de cuentas, como cualquier otro servicio profesional, tiene
como principal factor productivo a las personas. Últimamente, en los
foros y conferencias oigo hablar mucho de transformación digital en el
mundo de la auditoría y cada vez más observo cómo se dedican los mayores
esfuerzos a la mejora tecnológica de las firmas y pequeños despachos;
sin embargo, poco escucho hablar de transformación cultural. Silencio
acerca de una realidad que desde siempre ha sido un tema tabú.
Arrastramos una cultura de trabajo intensivo en horas, con altos niveles
de exigencia en periodos concretos de tiempo, donde se sugiere que todo
vale para cumplir con los objetivos establecidos, sin haberse parado
nadie a pensar qué impacto a medio/largo plazo podía tener esta cultura
sobre nuestra principal herramienta de trabajo, que, como he dicho
antes, somos las personas.
Antes de empezar mi andadura en auditoría, hace ya 11 años, hablando
con compañeros que estaban en la profesión, me advertían del sacrificio
que me iba a suponer el mundo de la auditoría y me ponían en
antecedentes de lo que supuestamente me podía encontrar. Esta situación
de partida, que la gran mayoría hemos vivido, ya evidenciaba que algo no
se estaba haciendo bien y el tiempo, aunque cierto es que hemos
avanzado bastante sobre todo en los últimos años, no ha hecho más que
poner de manifiesto las lagunas de un sector que no está respondiendo
rápidamente a los cambios que exige un mercado profesional con tanto
talento. Cambios que la pandemia ha acelerado.
Asimismo, estamos viendo que la escala de valores de las nuevas
generaciones que se sumergen en el mundo laboral ha cambiado y están
dando mayor relevancia y prioridad a ciertas condiciones laborales muy
distintas a las que existían con anterioridad. Creo que son pocos los
intentos que ahora se realizan desde corporaciones, entidades educativas
y resto de agentes del sector, para acabar con los más que conocidos
mitos de la auditoría.
Yo siempre he creído relevante y he puesto por delante determinados
valores que, desde mi punto de vista, son clave para el óptimo
funcionamiento de un equipo humano: fomento de un buen ambiente de
trabajo, cooperación, respeto. Desde mis inicios, considerando mis
posibilidades, he tratado de encaminar mis acciones a la trasmisión e
implantación de dichos valores. Siempre he estado convencido de que un
ambiente acogedor, que tiene en cuenta las inquietudes de los
profesionales, es una máxima de gestión imprescindible y por lo tanto es
lo que venimos aplicando desde hace años. Aunque no siempre lo he
conseguido.
Los profesionales somos el principal activo de una firma de servicios
profesionales compuesta por talento puro y duro por lo que
continuamente perseguimos potenciarlos para resolver los problemas de
nuestros clientes y los suyos propios. En este sentido, he tenido la
oportunidad y libertad para desarrollar cuantas acciones fueran
necesarias para mejorar y transformar mi entorno profesional con el
objetivo de hacerlo un lugar trabajo atractivo, competitivo y de futuro.
Y todo ello lo realizamos con esfuerzo y constancia, actitudes que
deben primar, por supuesto, pero dentro de unos límites razonables que
favorezcan la conciliación entre trabajo y vida personal. Codiciado
objetivo que también copa los debates actuales y que en una profesión
como la nuestra requiere de medidas firmes para poderlo cumplir. Porque
trabajar duro no significa hacer un número mayor de horas, sino
aprovechar mejor el tiempo dedicado con el fin de ser más eficientes y,
son factores determinantes para mejorar la productividad, entre otros,
los valores que anteriormente he enumerado.
La preocupación, por los mensajes que recibo, las informaciones que
leo y las situaciones que veo, me han incentivado a hacer esta reflexión
en voz alta y reafirmarme en mis creencias e insistir en que el
crecimiento y avance del sector de la auditoría pasa primero por
reforzar los cimientos culturales que lo sostienen. La auditoría no
puede seguir siendo una profesión de paso.
El contable y el auditor de la cooperativa La Unión son condenados
Por Esperanza Calzado - Junio 03, 2022
Los dos acusados de la descapitalización e insolvencia de la
cooperativa ubetense son condenados a cuatro años y nueve meses de
cárcel
Ya hay sentencia para los dos acusados por la descapitalización e insolvencia en el que quedó la cooperativa La Unión de Úbeda,
después de años de una mala gestión. El contable y el auditor han sido
condenados a cuatro años y nueve meses de cárcel, según la sentencia
facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El juicio tuvo lugar el pasado mes de febrero y ambos comparecieron
para rendir cuentas por el hundimiento de la segunda cooperativa de
aceite más importante del país, con 2.000 socios. El tercero de los
acusados, el que fuera presidente, falleció en enero de 2018 antes de
poder ser juzgado.Se detectó un agujero de 46 millones de euros y ahora
el juez los considera cooperadores necesarios de un delito de
apropiación indebida agravado en concurso medial con un delito de
falsedad contable.
Así, se condena a Maximino R. A. y a José Luis R. P. contables y
auditor, como cooperadores necesarios de un delito de apropiación
indebida agravada por razón de la cuantía en concurso medial con
un delito de falsedad contable. Así, se les impone una pena de 4 años, 9
meses y 1 día de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial
del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También a
una multa de 11 meses con una cuota diaria de 6 euros y una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
En concepto de responsabilidad civil, los acusados Maximino R. A. y
José Luis R. P., y Ossitec Auditores SL y la herencia yacente de José C.
M., deben indemnizar, conjunta y solidariamente, a la
Sociedad Cooperativa Andaluza La Unión de Úbeda en 2.679.454,92
euros. Se declara la responsabilidad civil directa de la
aseguradora Allianz Cia. de Seguros y Reaseguros, con el límite fijado
como máximo en la póliza de seguro de 800.000 euros.
No ha lugar a declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la Sociedad Cooperativa Andaluza La Unión de Úbeda. Asimismo
debemos absolver y absolvemos libremente a los acusados de los delitos
de administración desleal y de estafa de los que se les acusaba, con
todos los pronunciamientos favorables.
Finalmente, contra la resolución cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El contable y el auditor de la cooperativa La Unión de Úbeda (Jaén), la segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios, han sido condenados por la Audiencia de Jaén a cuatro años y nueve meses de prisión por apropiarse de 2,6 millones de euros. Les considera cooperadores necesarios de un delito de apropiación indebida agravado en concurso medial con un delito de falsedad contable.
JAÉN, 3 (EUROPA PRESS)
El
contable y el auditor de la cooperativa La Unión de Úbeda (Jaén), la
segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios,
han sido condenados por la Audiencia de Jaén a cuatro años y nueve meses
de prisión por apropiarse de 2,6 millones de euros. Les considera
cooperadores necesarios de un delito de apropiación indebida agravado en
concurso medial con un delito de falsedad contable.
Los
dos acusados, ahora ya condenados, fueron las dos únicas personas que se
sentaron el pasado mes de febrero en el banquillo de la Audiencia de
Jaén para responder por el hundimiento de esta cooperativa tras
detectarse un agujero de 46 millones de euros. El tercero de los
acusados, el que fuera presidente de la cooperativa, José Conseguegra,
falleció en enero de 2018 y no ha podido ser juzgado por estos hechos.
La
sentencia, de 52 páginas y a la que ha accedido Europa Press, absuelve a
los dos acusados de los delitos de administración desleal y de estafa
de los que se les acusaba por parte del Ministerio Fiscal y de las 12
acusaciones particulares personadas en el caso.
En
concepto de responsabilidad civil, los dos acusados, junto con la
herencia yacente del acusado fallecido, deberán indemnizar conjunta y
solidariamente en 2.679.454 euros a la Sociedad Cooperativa Andaluza La
Unión de Úbeda. Además, la sentencia declara la responsabilidad civil
directa de la aseguradora con el límite fijado como máximo en la póliza
de seguro de 800.000 euros.
Además,
el tribunal establece que "no ha lugar a declarar la responsabilidad
civil subsidiaria de la Sociedad Cooperativa Andaluza La Unión de
Úbeda".
La
sentencia contempla como hechos probados que el contable en connivencia
con el que fuera presidente de la cooperativa y ya fallecido, ente los
años 2000 a 2016, "procedieron a apoderarse del dinero de los
cooperativistas".
Para
ello, "no solo realizaron salidas de tesorería por importe
de1.221.514,27 euros y anticipos de remuneraciones por importe
de1.270.340,65 euros, sino que falsearon la cuentas anuales de la
sociedad, los tikets de entrega de aceituna propios y de otros socios".
Además, se considera probado que el contable "se apoderó de modo directo
de un total de 187.600 euros".
En
lo que respecta al auditor, la sentencia establece como probado que fue
el encargado de proporcionar "programas informáticos para la
contabilidad de la Sociedad Cooperativa, de modo que se engañaba a los
miembros del Consejo Rector, ocultándoles la situación económica de la
sociedad, al exponerles su informe anual de auditoría".
De
esta forma, el presidente fallecido y el contable, dada la situación de
"aparente solvencia", abrieron en la Cooperativa una sección de crédito
en la que tanto los socios como terceros ajenos a la sociedad
"realizaron depósitos que se retribuían con un interés muy superior al
del mercado, consiguiendo de ese modo, efectivo con el que disimular la
situación real de la Sociedad Cooperativa".
Debido
a todo ello y como consecuencia de la "pésima gestión", la cooperativa
se sometió a un concurso voluntario de acreedores y que "ha concluido
con la aprobación del correspondiente convenio, quedando constatada con
el mismo una deuda de 46 millones de euros".
EL JUICIO
Tanto
el contable, J.L.R.P, de 64 años, como el auditor, M.R.A., de 90 años,
rechazaron durante su declaración ante el tribunal que les juzgó en la
Audiencia de Jaén cualquier tipo de responsabilidad en el hundimiento de
la cooperativa La Unión.
De
esta forma, el que fuera contable de La Unión declaró que sus funciones
"estaban limitadas y no tenía firma". Su misión se limitaba, según
declaró, a registrar los asientos contables, de los que el 80 por ciento
se encargaba automáticamente el sistema informático con el que
operaban.
Reconoció
que había socios 'VIP' a los que se pagaba la aceituna más cara que al
resto y otros a los que se les abonaban los portes a la cooperativa,
pero eso siempre era "por orden del presidente", el fallecido José
Consuegra. Además, incidió en que era el presidente el que autorizaba
anticipos a "gente que no tenía aceituna".
También
negó que él ejerciera como gerente o asesor fiscal en la cooperativa,
al mismo tiempo que rechazó tener alguna responsabilidad sobre la
sección de crédito de la cooperativa.
Por
su parte, el auditor M.R.A. se limitó a decir que él solo se encargaba
de hacer la auditoria contable, pero no la de gestión.Manifestó que
advirtió tanto en 2014 como en 2015 que había seis millones de euros "en
la calle por cobrar" y que planteó que se recuperara ese dinero
mediante cobradores y a porcentaje, pero "nadie tenía prisa por cobrar
nada" porque "había 40 millones de euros a plazo fijo".
M.R.A.
dijo que confiaba en que se pusieran medios para cobrar ese dinero
porque así se lo dijeron y que por eso no hizo constar nada al respecto.
También se defendió señalando que él solo era "asesor" y que por tanto
no tomaba ninguna decisión ni modificaba ningún tipo de asiento
contable.
La
sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Jaén no es
firme y se puede recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA).
Jaén, 3 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Jaén ha condenado al contable y al auditor de la cooperativa La Unión de Úbeda (Jaén) a 4 años, 9 meses y 1 día de prisión, para cada uno de ellos, por apropiarse de 2,6 millones de euros tras detectarse un agujero de 46 millones de euros en la entidad, considerada la segunda más importante de aceite en España, con 2.000 socios. 03/06/2022 20:40
La
sentencia dictada por la Audiencia de Jaén, facilitada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), establece la pena contra ellos
como cooperadores necesarios de un delito de apropiación indebida
agravada por razón de la cuantía en concurso medial con un delito de
falsedad contable.
Si
bien, los dos acusados han quedado absueltos de los delitos de
administración desleal y de estafa de los que se les acusaba por parte
del Ministerio Fiscal y las doce acusaciones particulares personadas en
el caso.
El
contable y el auditor comparecieron en juicio en el mes de febrero, sin
embargo, el tercer acusado, el que fuera presidente de la cooperativa,
no pudo ser enjuiciado porque falleció en 2018.
La
sentencia declara la responsabilidad civil directa de la aseguradora con
el límite fijado como máximo en la póliza de seguro de 800.000 euros,
no declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la Sociedad
Cooperativa Andaluza La Unión de Úbeda.
La
sentencia declara expresamente probado que el contable en connivencia
con el presidente de la cooperativa “ente los años 2000 a 2016,
procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas”, para lo
cual realizaron salidas de tesorería por importe de 1.221.514,27 euros y
anticipos de remuneraciones por importe de 1.270.340,65 euros.
Además,
falsearon la cuentas anuales de la sociedad, los recibos de entrega de
aceituna propios y de otros socios, e incluso el contable se apoderó de
modo directo de 187.600 euros.
Por
lo que respecta al auditor, se considera probado que en el período
comprendido entre los ejercicios 2007 a 2015 omitió en su informe
contable anual, “de modo consciente y voluntario” la situación real de
la Cooperativa y los actos de disposición del presidente y del contable,
“procediendo a proporcionar programas informáticos para la contabilidad
de la Sociedad Cooperativa, de modo que se engañaba a los miembros del
Consejo Rector, ocultándoles la situación económica de la sociedad, al
exponerles su informe anual de auditoría”, reza la sentencia.
Dada
la situación de aparente solvencia y gestión, el propio presidente, ya
fallecido, y el contable abrieron en la Cooperativa una Sección de
Crédito en la que tanto los socios como terceros ajenos a la sociedad
realizaron depósitos que se retribuían con un interés muy superior al
del mercado, consiguiendo de ese modo efectivo con el que disimular la
situación real de la Sociedad Cooperativa.
De
este modo, y como consecuencia de dicha conducta de los acusados, unido a
la pésima gestión de la Cooperativa, la misma se sometió a un concurso
voluntario de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil de Jaén, que ha
concluido con la aprobación del correspondiente convenio, quedando
constatada con el mismo una deuda de 46 millones de euros. EFE
Del 'Big Five' al 'Big Four' de la auditoría: 20 años de la caída de Arthur Andersen
