Sindicatura de Comptes Valenciana: Informe de auditoría de los controles básicos de ciberseguridad de la Diputación de Valencia (Ejercicio 2021)

Informe de auditoría de los controles básicos de ciberseguridad de la Diputación de Valencia. Ejercicio 2021  - Sindicatura de Comptes

València, 8 de febrero de 2022.- La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de los controles básicos de ciberseguridad (CBCS) de la Diputación de Valencia. Un trabajo en sintonía con su plan estratégico y que atiende a la realidad de la transformación digital que están experimentando todas las administraciones públicas y su interconexión a través de complejas redes informáticas, un hecho que las expone de forma cada vez más intensa a amenazas provenientes del ciberespacio. Esto origina un incremento de los riesgos asociados a los sistemas de información que sustentan los servicios públicos y, por tanto, a la información que manejan. De hecho, las entidades locales han sido uno de los objetivos más afectados por las recientes oleadas de ciberataques.

El informe de la auditoría presenta una serie de conclusiones, que se resumen a continuación:

• El índice de madurez general de los CBCS muestra un valor del 51,0%, por lo que todavía debe mejorar para alcanzar el objetivo del 80%. Se han identificado diversas deficiencias significativas y en todos los controles analizados se deben realizar esfuerzos para su mejora, ya que ninguno alcanza el nivel de madurez requerido. En particular, existen cuatro que tienen un nivel de madurez deficiente, sobre los que se debe trabajar con mayor intensidad para reforzar la protección de los sistemas de información.
• Hemos podido verificar que la Diputación no tiene establecida una adecuada gobernanza de la ciberseguridad. Los órganos superiores de la Diputación, como responsables del sistema de control, deben reforzar el actual nivel de compromiso y apoyo en forma de recursos humanos y presupuestarios dedicados a la seguridad de la información.
• La revisión del cumplimiento de legalidad en materia relacionada con la seguridad de la información ha puesto de manifiesto un bajo nivel de adecuación a las normas legales. El informe señala varios aspectos pendientes de mejora sobre los que se debe actuar para su pronta subsanación.
• Respecto del Esquema Nacional de Seguridad, la Diputación debe realizar los nombramientos necesarios, en especial el responsable de seguridad, y solventar las no conformidades identificadas en la auditoría de cumplimiento realizada, de forma que le permita obtener la certificación de conformidad y el distintivo correspondiente para su publicación en la sede electrónica.

A su vez, la Sindicatura ha realizado una serie de recomendaciones con el propósito de contribuir a la subsanación de las deficiencias observadas y a la mejora de los procedimientos de gestión de la ciberseguridad de la Diputación, entre las que figuran: 

1. Actualizar y mejorar la normativa de seguridad.
2. Implantar soluciones que permitan restringir el acceso de dispositivos físicos no autorizados a la red corporativa (CBCS 1).     
3. Identificar y actualizar todos los sistemas que se encuentran fueran del periodo de soporte (CBCS 2).
4. Resolver las vulnerabilidades de nivel crítico identificadas (CBCS 3)

Para ver el informe completo, haga clic aquí. 

NOTA

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.

VozPópuli.com: Plus Ultra refuerza su estrategia con un informe contrario a los peritos del juzgado

Plus Ultra refuerza su estrategia con un informe contrario a los peritos del juzgado

Publicado 07/02/2022 04:45

Plus Ultra quiere zanjar la investigación penal abierta por presunta malversación con su rescate. La aerolínea ha solicitado a la magistrada al frente de este procedimiento, Esperanza Collazos, que incorpore un análisis contable sobre el trabajo de los peritos del juzgado. Se trata de un estudio que la compañía ha encargado a un auditor de cuentas para que escrute las conclusiones de estos expertos independientes que consideran que la compañía no cumplió todos los requisitos que exigía el Gobierno para acceder a la ayuda de 53 millones de euros.

Más info

• Caso Plus Ultra: las acusaciones denuncian fallos en la grabación del careo de los peritos 

  Caso Plus Ultra: las acusaciones denuncian fallos en la grabación del careo de los peritos 

  Los peritos independientes a la juez: Plus Ultra estaba en 2019 en causa de disolución

La firma se pronuncia tres semanas después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid celebrase un careo entre los expertos independientes del juzgado y los de la SEPI (Deloitte y DC Advisory). La magistrada acordó esta diligencia tras constatar que las conclusiones de unos y de otros distaban mucho en lo que respecta a la verdadera situación de la aerolínea antes de la pandemia. La cita sirvió para que se ratificasen en sus periciales, de manera que los expertos del juzgado avisaron que la mercantil estaba en causa de disolución a finales de 2019, mientras que el asesor legal y financiero de la SEPI apoyó la entrega de la ayuda pública.

En este contexto, la defensa de la compañía ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita que se incorpore este examen elaborado por su auditor, toda vez que los expertos ya se han pronunciado sobre el asunto en sede judicial. El objetivo de la mercantil es que la juez cuente con este nuevo trabajo antes de resolver las diligencias pendientes, entre las que se encuentra la petición de la Fiscalía de archivar este procedimiento. De este modo solicitan que la causa adhiera el trabajo que cuestiona las valoraciones negativas de los peritos del juzgado (el despacho Martín Molina) en relación a la compañía.

El documento en cuestión lo firma el perito Julio César Calvo Malva. El auditor analiza las conclusiones de los expertos del juzgado sobre la canalización de un préstamo de Panacorp en 2017, la contabilización de la venta de un avión que le llevó a anotarse unos dudosos beneficios de 6,3 millones de euros en las cuentas de 2019 y la contabilización retroactiva de las provisiones por litigios. Se trata de las tres materias determinantes que salieron a relucir en el careo y que plantean dudas sobre si la compañía podía acceder a esta ayuda pública.

Perito de Plus Ultra

A falta de conocer la decisión de la juez, cabe recordar que este analista ya ha aportado a la causa otras valoraciones de la aerolínea. Así, por ejemplo, en julio remitió otro estudio en el que explicaba que era necesario para Plus Ultra recibir los 53 millones de euros ya que, de lo contrario, no podría cumplir con el plan de viabilidad trazado. El trabajo se presentó cuando el juzgado que dirige Esperanza Collazos decidió suspender temporalmente la entrega de 34 millones que quedaban por aportar para esclarecer si la firma era merecedora del monto total autorizado por el Gobierno.

Tanto la Abogacía General del Estado (que defiende al consejo gestor de la SEPI imputado en la causa) como la Fiscalía solicitaron que se autorizara el pago de este segundo tramo de la ayuda para evitar que se perdieran los 19 millones de euros ya otorgados como préstamo ordinario. Este auditor y economista colegiado también plasmó que era necesario el desembolso íntegro del rescate para mantener la caja de seguridad de 10 millones planteada en la solicitud de la ayuda a fecha de enero de 2022.

Además expuso que, ante "una eventual situación de iliquidez" de la compañía, los principales perjudicados serían los clientes (por el pago anticipado de los billetes de avión) y los acreedores comerciales, ya que ostentan alrededor del 80% de los cerca de 50 millones de euros del pasivo de Plus Ultra. Además, también defendió que la mercantil operaba en periodo precovid al 4,02% del nivel de ventas de otras aerolíneas españolas y, por tanto, "en parámetros de normalidad".

Problemas con el careo

Sin embargo, esta tesis ha sido cuestionada por los peritos encargados por el juzgado para hacer un examen independiente de la situación. Aunque la Fiscalía y los servicios jurídicos del Gobierno se negaron a que se llevara a cabo esta diligencia alegando que con los informes de la SEPI quedaba claro que no hubo irregularidad, la juez la impulsó porque quería una opinión externa de estos hechos. Las conclusiones del despacho Martín Molina no sentaron bien a la aerolínea ni a la Abogacía, que incluso les acusó de extralimitarse en su análisis de la situación.

Los peritos del juzgado se ratificaron el pasado 18 de enero en sus dudas. Los expertos explicaron en sede judicial que no cumplían todos los requisitos exigidos por el Gobierno para entregar estas ayudas a empresas afectadas por la covid. En concreto, advirtieron de una posible incorrección de 6,3 millones de euros en las cuentas de 2019 como resultado de la contabilización de la venta de un avión de la aerolínea que se comprometió a alquilar a unos bonistas para saldar una deuda de 8,9 millones de euros.

A los expertos les llamó la atención que se anotase ese beneficio que afectaba al patrimonio neto de Plus Ultra. Se trata de un asunto crucial ya que que uno de los requisitos que tenía que cumplir era el de no estar en crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019. Este hecho unido a las dudas sobre la naturaleza de un préstamo participativo canalizado en el paraíso fiscal de Dominica, llevó a los expertos a concluir que la compañía estaba en causa de disolución en esa fecha. Frente a esta tesis se situaron el asesor legal y financiero de la SEPI que sostienen que cumplía con los requerimientos exigidos.

Con todo, la magistrada Collazos tiene pendiente pronunciarse sobre la diligencia del careo ya que defensas y acusaciones han advertido al juzgado que la grabación presenta problemas. Por ello han solicitado que se les aclare si el defecto está en la copia entregada a las partes o en el original. De ser esto último, la diligencia se tendría que repetir. Al respecto Plus Ultra también ha advertido de este posible error y ha pedido que suspenda el plazo de diez días que la magistrada les había dado para formular alegaciones.

Blockchain: desafíos y oportunidades para auditores

Blockchain: desafíos y oportunidades para auditores

Por *José Zalazar
04.02.2022 • 14.30hs •Economía Digital

La BlockChain (o cadena de bloques), es la tecnología que está detrás del Bitcoin (BTC) y el boom de las criptomonedas (monedas virtuales encriptadas o criptográficas (Satoshi Nakamoto), que podría ser asimilada a una gran base de datos, cuyos registros son almacenados, en los distintos nodos que conforman la red BlockChain dispersa en cualquier parte del mundo.          

Blockchain garantiza la inviolabilidad de sus registros, transparencia protección de datos personales y combinada con el uso de herramientas tecnológicas, tales como Inteligencia Artificial (IA), Machine Learning, Big-Data entre otras, permite alcanzar otra dimensión de la auditoria tradicional, transformándola en un sistema de verificación en tiempo real, permitiendo monitorear los procesos y aumentar tanto la garantía como la eficiencia de las actividades de auditoría.

Tokenización

La Tokenización se define como un método o proceso para representar derechos sobre un activo en un token digital, el cual estará registrado en una BlockChain de segunda generación, por ej. Ethereum.

En este sentido, tokenizar un bien o un derecho, es básicamente generar una representación digital del mismo mediante un token creado por un smart contract que reflejará el valor de aquel, ya que tendrá como respaldo al propio activo representado.

El crecimiento exponencial de la Tokenización en el mundo, genera un movimiento financiero de miles de millones de dólares, representado tanto en monedas fiduciarias como en criptomonedas o criptoactivos, razón por la cual es necesario avanzar en el estudio e investigación de los potenciales marcos regulatorios y herramientas de análisis.

Por ello, resulta relevante consensuar acciones que generen  estímulos al emprendedurismo, alentando la innovación, formas genuinas de recaudación, sin descuidar la seguridad y generando alertas ante potenciales fraudes o estafas a los inversores. 

Ante el fenómeno social que implica la generalización del uso de criptoactivos, es necesario definir cuestiones relacionadas con la identidad digital, la responsabilidad de los distintos actores que conforman la red, entro [sic] otras cuestiones por demás relevantes.

El marco jurídico regulatorio de los activos digitales, debería tener entre sus objetivos, defender la estabilidad financiera, proteger a los consumidores y combatir el lavado de dinero, de manera tal que garantice la seguridad jurídica y transparencia de las operaciones, sin vulnerar principio constitucional alguno.

Desafíos profesionales

El accionar de los profesionales en auditoría, cuyo objetivo es verificar la legalidad, cumplimiento normativo, calidad y legitimidad de la transacción y controlar el funcionamiento del sistema, se encuentra ante el desafío de generar las herramientas que proporcionen seguridad y transparencia en la ejecución de las operaciones, debiendo pasar de obtener, relevar, verificar y validar datos, a auditar algoritmos, Tokens, plataformas tecnológicas e incluso podrá ser mediador entre los distintos actores que forman parte de las BlockChain.

Por ello y en virtud que el contexto actual permite la manipulación, utilización y explotación de datos, el trabajo del auditor cambiará de forma radical, debiendo hacer hincapié en garantizar el  sustento, confiabilidad y seguridad de la información, obligando al profesional a la formación permanente en relación al desarrollo, aplicación y control de las nuevas tecnologías, siendo necesario para ello conformar equipos de trabajo interdisciplinarios (Expertos en contabilidad, fiscalización, tributación, sistemas y herramientas informáticas, sustentabilidad y Medio ambiente, etc).

Precio / Cotización no es lo mismo que Valor

Partiendo de la premisa, "precio y/o cotización no es lo mismo que valor", avanzamos en el desarrollo de una herramienta de análisis de proyectos tokenizados, buscando identificar y diferenciar   proyectos sin ninguna posibilidad de valor o utilidad, incluso sujetos a estafas con Criptomonedas (Shitcoin), o proyectos de esquemas piramidales fraudulentos, sin ningún software que los respalde ni la posibilidad de comercializar sus tokens nativos en exchanges por su mera puesta en escena (scam coins).

Del testeo de éstos proyectos, surge la idea de generar una herramienta de análisis que toma forma de "matriz", la cual, sustentada en indicadores que reflejan el modelo de negocio tradicional vinculado a la CritpoActividad, busca conjugar una interrelación entre el modelo tradicional y las nuevas tecnologías disruptivas.

Los enfoques a seguir son:

• Valorización (marcando la diferencia entre Precio/Cotización y Valorización)
• Trazabilidad (aplicable a los fines de la Auditoría o Procedimientos Periciales)
• Flexibilidad: (inclusión o modificación de indicadores, en función de las distintas modalidades y formas de hacer negocios)

La complejidad de la BlockChain debe de ser un acicate y nunca un obstáculo, para reflexionar sobre los  efectos de su utilización. En el escenario social actual resulta difícil creer en una sociedad autorregulada, sin instituciones y con el poder distribuido en red, pero que sea difícil de imaginar no quiere decir que sea imposible.

Como se expuso, la utilización de las nuevas tecnologías disruptivas, genera beneficios, pero a su vez riesgos que nosotros, como profesionales y como parte de esta sociedad debemos afrontar, asumiendo un rol protagónico, formándonos, concientizándonos y concientizando al resto de colegas de la importancia de la generación  de herramientas que contribuyan al desarrollo de  nuestra función en la sociedad.  

Nakamoto es el Seudónimo escogido por el autor o (Grupo de Autores) del famoso documento creador del BitCoin, que continúa en el anonimato. Trabajo fundacional: "Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System" (2008).

*Por José Zalazar, miembro de la Comunidad Networking CriptoWorld ($NCW)

LegalToday.com: Buy-Side Due Diligence, por Féllix Navs

Buy-Side Due Diligence - LegalToday 

4 febrero 2022
Navas Mir, Félix - abogado área M&A. AGM Abogados

Cuando se plantea una operación de inversión o adquisición de una empresa (la “Target”), es conveniente realizar (tras los acuerdos previos que comentamos en nuestra artículo anterior) un análisis completo y exhaustivo de la Target (la “Due Diligence”), por las potenciales contingencias que la transacción pueda comportar.

El escenario ideal es que la Due Diligence cubra todas las posibles áreas, a saber, entre otras, la rama legal (a título enunciativo y no limitativo, la parte societaria, contractual, propiedad industrial e intelectual, protección de datos, inmobiliario, o litigios), fiscal, laboral, financiera, medioambiental, “compliance”, o urbanismo. Como quiera que todas las áreas suponen un todo, es esencial que los distintos asesores que intervienen en la Due Diligence tengan una comunicación directa y fluida.

En cuanto a la logística del proceso de Due Diligence, es habitual que el potencial comprador dirija al potencial vendedor una primera solicitud de información y documentación, que sirva al primero para analizar la Target en su conjunto. Con esta solicitud, el potencial vendedor pone a disposición de la otra parte toda la información relevante. Normalmente se suele utilizar una “data room” virtual, a la que los asesores del potencial vendedor y comprador tienen acceso, para incorporar y analizar toda la documentación, respectivamente. Los asesores del potencial comprador, conforme analizan la información, suelen solicitar a los asesores del potencial vendedor las aclaraciones que precisen, o la entrega de documentación adicional. Tal solicitud se realiza habitualmente a través del documento denominado “Questions and Answers”.

El análisis de la Target se detalla en un informe final de Due Diligence, que realizan los asesores del potencial comprador. En este informe se realiza una descripción detallada de todas las áreas evaluadas, aunque el valor añadido que aportan los asesores es detectar las contingencias existentes, incorporando la manera de mitigar (de ser posible) tales contingencias. Además, aunque no necesariamente debe ser así, es habitual que el informe contenga un primer apartado (el denominado “Red Flag Report”), en que se realice un resumen muy sintético de la Due Diligence (plasmándose las contingencias o alertas más relevantes, en el caso de existir, y la manera de mitigarlas). En la Due Diligence suele haber un segundo apartado, en el que se realiza un análisis mucho más detallado de la Target. También es importante añadir la documentación a que han tenido acceso los asesores del potencial comprador, para determinar el “scope” de las áreas analizadas. Asimismo, y para garantizar una mayor seguridad jurídica a las partes, es recomendable que estas aporten al notario, para su depósito, un “pen drive” que contenga toda la documentación e información analizada durante la Due Diligence.

Como hemos analizado en el presente artículo, con el proceso de Due Diligence se pretende realizar un análisis detallado de la Target. Como es lógico, los costes de una adquisición o inversión fallida pueden ser cuantiosos. Así, el proceso de Due Diligence es esencial para el potencial comprador, que podrá evaluar la idoneidad o no de acometer la transacción o, en su caso, mitigar los riesgos derivados de su ejecución. En este sentido, la detección de contingencias durante la Due Diligence servirá a los asesores del potencial comprador para plasmar en los documentos (independientemente de la fase en la que se encuentren las partes) todas las salvedades y/o manifestaciones y garantías en favor del comprador, para contrarrestar la existencia de tales contingencias.

Lefebvre-El Derecho: Manual de Auditoría. Adaptado al PGC 2021

Manual de Auditoría. Adaptado al PGC 2021 | Lefebvre-El Derecho

• Una obra fundamental que incorpora los cambios relativos al nuevo Plan General Contable 2021, que afecta al cierre de los ejercicios que se producen en estos momentos.
• Imprescindible en la medida en que la auditoría ya no puede dedicarse solo a la parte contable o financiera, sino que debe ir asumiendo un papel de prevención de riesgos.
• Incluye los importantes cambios en los criterios fundamentales de la contabilidad, así como en las normas de valoración.
• En esta edición de 2022 se recogen diferentes consideraciones respecto a las criptomonedas, una realidad que poco a poco va introduciéndose en las empresas
• Se incide en los riesgos que debe de evaluar el auditor para reflejarlos en su informe a los accionistas, inversores y agentes.
• Proporciona soluciones rápidas y fáciles a todas las dudas que surgen al auditor en su actividad diaria.

Edición: Novena
Páginas: 976 aprox.
Aparición: 25/02/2022
ISBN: 978-84-18899-27-0

 

elEconomista.es: El reporte de información no financiera, una carrera de fondo

El reporte de información no financiera, una carrera de fondo

Ramón Abella - Mario Lara

1/02/2022 - 9:44

En diciembre presentamos en Esade Madrid el informe Reporting ESG: Guía práctica para su correcta comprensión y aplicación, elaborado por PwC en colaboración con el Centro de Gobierno Corporativo de Esade. Consulte otras tribunas sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

En el evento debatimos acerca del estadio en el que se encuentra el reporte de la INF [información no financiera] para dar respuesta a las cuestiones que inversores, reguladores, empleados y consumidores se hacen sobre el mismo, y en particular, sobre el desarrollo y recorrido que sin duda tendrá en los próximos años:

1. ¿Quién es su responsable? La relevancia y sofisticación que ha adquirido la INF para decisiones clave de inversión o financiación hace necesario que la responsabilidad en esta materia se centre más en quienes tienen las capacidades y conocimientos adecuados. Los Consejos de Administración son una palanca fundamental para la supervisión de los aspectos ESG [medioambiente, sostenibilidad y gobernanza], que debe, asimismo, permear a niveles jerárquicos inferiores.

2. ¿Quién la aprueba y con qué frecuencia? Aunque las compañías deben asegurar una supervisión por parte de sus órganos de gobierno, hay todavía cierta carencia en su estructuración. Con respecto a la frecuencia de la aprobación, no todos los parámetros no financieros, que son críticos, pueden tener una periodicidad determinada. Según la "Guía para la integración de criterios ESG en los Consejos de Administración" de PwC, el Consejo tiene mucho que decir, porque una de las claves del buen gobierno es mantener informados a los grupos de interés sobre lo que afecta a los resultados de la empresa y a su evolución más allá de los aspectos financieros. La aprobación de la Ley 11/2018 supone un enorme paso en la integración del concepto de responsabilidad social en la práctica empresarial y establece obligaciones legales para impulsar su transparencia.

Las empresas piden un estándar para ofrecer la información no financiera

3. ¿Quién verifica su reporte? Su creciente relevancia para la toma de decisiones de terceros hace necesario que su elaboración, reporte y revisión se enfoque en garantizar su homogeneidad, calidad y fiabilidad. Un modo para asegurar estos elementos es someter la INF a un proceso de verificación por parte de un tercero independiente. Si bien la legislación europea no lo exige por el momento, la norma señala que los estados miembros sí pueden hacerlo. Francia, Italia, o España, esta última, a través la Ley 11/2018, incorporan obligatoriamente la verificación en sus legislaciones.

4. ¿Qué papel desempeña la comisión de Sostenibilidad? La importancia de la ESG para los Consejos de Administración se ha traducido en la asunción explícita de competencias en este ámbito a través de sus comisiones delegadas. Según el artículo "Apostando por el ESG en los Consejos de Administración", del Centro de Gobierno Corporativo de Esade en marzo 2021 el 57% de las compañías del Ibex35 contaban con una que incluía explícitamente la sostenibilidad entre sus funciones. Asimismo, de estas compañías, la mitad tenía comisiones específicas, mientras que la otra atribuía las competencias en esta materia a alguna de las comisiones existentes. Aún no está claro qué competencias asumen cada una de ellas, con lo que el reto es alcanzar el grado de coordinación necesario para evitar el solapamiento y garantizar el máximo aprovechamiento.

El reporte de la información no financiera es más que retórica; se necesita acción

5. ¿Cuál es su audiencia? Hemos presenciado un aumento de atención a las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de los Consejos de Administración y en la sociedad en general impulsado por un regulador cada vez más interesado en que las empresas sean conscientes del impacto, riesgo y oportunidad de éstas en sus grupos de interés. Hoy la audiencia de la INF son inversores, reguladores, agencias de rating, consumidores, empleados así como la sociedad en general.

6. ¿Qué contenido incluye? Aspectos como la materialidad y la relevancia son claves. Según el marco o los estándares de reporte de información de sostenibilidad que utilicen las compañías se incluirán en éste unos contenidos u otros. Aunque las temáticas sean similares, como los aspectos ambientales, sociales o éticos, el detalle difiere en función del marco utilizado.

7. ¿Existen plataformas tecnológicas que permitan la trazabilidad de sus datos? Existen diversas plataformas tecnológicas y sistemas de control. No obstante, a diferencia de la información financiera, para la que existen herramientas y flujos robustos en términos de gestión y control, las compañías no cuentan con la misma robustez en sus sistemas y herramientas para la INF, por lo que tendrán que realizar esfuerzos de inversión para asemejar ambas.

8. ¿Qué estándares se han de elegir? La multiplicidad de estándares no ayuda, al contrario de lo que ocurre con la información financiera, estructurada en los Planes Generales de Contabilidad y en el IFRS [International Financiar Reporting Standards]. En Europa el más aceptado ha sido GRI [Global Initiative Reporting], pero el impulso de algunos inversores institucionales está acelerando la adopción de otros índices como SASB o TFCD. El ecosistema de estándares ESG está en plena adaptación, y en paralelo, también se están desarrollando estándares europeos de sostenibilidad que estarán muy en línea con estándares actuales y con los del propio IFRS. Ambos deberían confluir en el futuro.

9. ¿En qué índice/s de sostenibilidad participo? Las empresas han empleado los índices de sostenibilidad para mejorar su reputación. Sin embargo, su proliferación exige elegir aquellos que puedan generar beneficios adicionales a las compañías gracias a la identificación de nuevas oportunidades para hacer crecer el negocio, la eficiencia operativa o el posicionamiento internacional. Bajo este prisma han aparecido índices y agencias de ratings como Dow Jones Sustainability Index, Sustainalytics, CDP, o Vigeo-Eiris, y algunos sectoriales como el caso de GRESB para el sector Real Estate.

El reporte de la INF es más que retórica; se necesita acción. Ya sea impulsado por inversores, la regulación, los clientes o el deseo de promover la creación de valor sostenible, ahora existe la expectativa de que las empresas integren las cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno en su estrategia y en sus informes corporativos. Con esa expectativa, surgen oportunidades para aquellas empresas que adopten un enfoque proactivo y riesgos evidentes para las que no lo hagan. Las empresas pioneras en este enfoque podrán establecerse como líderes en el mercado y beneficiarse de un mayor acceso a la financiación y capital, y los rendimientos asociados con ese acceso. En definitiva, un gran reto para las compañías del que se beneficiarán aquellas capaces de anticiparse y de tener claridad sobre la mejor forma de reportar su información corporativa.

Ramón Abella es Socio-Responsable de Gobierno, Riesgos & ESG en PwC. 

Mario Lara es director del Centro de Gobierno Corporativo de Esade.

Vozpópuli.com: KPMG pone en duda la viabilidad de Globalia en plena fusión de Air Europa e Iberia

KPMG pone en duda la viabilidad de Globalia en plena fusión de Air Europa e Iberia

El grupo Globalia finalizó el ejercicio 2020 con un pasivo superior al valor de sus activos en 421 millones de euros, por la menor actividad provocada por la crisis sanitaria

01/02/2022 04:45

KPMG, auditor de Globalia, pone en duda la capacidad del grupo de la familia Hidalgo de mantener la actividad tras cerrar el ejercicio 2020 con pérdidas antes de impuestos por importe de 540,2 millones de euros.

La pérdida de ingresos provocada por la crisis sanitaria llevó a Globalia a terminar 2020 con un pasivo corriente superior al valor de sus activos corrientes en 421,16 millones de euros.

Estos dos factores, sumados a otros hechos o condiciones "indican la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento", advierte KPMG en su informe de auditoria de las cuentas consolidadas de Globalia del año 2020.

En enero de 2021 se modificó el acuerdo de venta de Air Europa a Iberia reduciendo el precio a 500 millones

La consultora firmó su informe de auditoría de Globalia el pasado día 21 de septiembre. La delicada situación del grupo de viajes reflejada en el informe de KPMG, se produce en plena negociación para culminar la fusión acordada de Air Europa, de Globalia, con Iberia, del grupo IAG, cada vez más cuestionada.

La compra de Air Europa por parte de Iberia se anunció hace dos años, pero las compañías se habían dado hasta enero de 2022 para cerrar el acuerdo, sin que hasta ahora se haya producido.

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, ya ha declarado en las últimas semanas que Air Europa puede seguir operando sin culminar el acuerdo con Iberia, un acuerdo que sería examinado con lupa por las autoridades de Competencia.

El Gobierno ha inyectado más de 600 millones de euros en Air Europa, a través de la Sepi y avalando el ICO un préstamo

La venta de Air Europa a Iberia se firmó en noviembre de 2019, pero en enero de 2021 se modificó reduciendo el precio de adquisición a 500 millones de euros.

El Gobierno, que ha inyectado en Air Europa más de 600 millones de euros -475 millones a través del fondo de rescate de la SEPI, y 141 millones mediante un crédito avalado por el ICO- valoraría la posibilidad de entrar en el capital de la aerolínea española si fuera necesario.

En 2020 Air Europa transportó a 4,2 millones de viajeros, frente a los más de 13 millones de personas que viajaron en los aviones de la aerolínea española un año antes. La división de agencias de viajes de Globalia -Viajes Halcón, Viajes Ecuador- registró en 2020 una cifra de negocios de 238 millones (1.112 millones de euros en 2019).

El importe neto de la cifra de negocios consolidada de Globalia ascendió a 881 millones de euros en 2020, frente a la cifra de negocios del anterior ejercicio de 4.183 millones de euros.