El tribunal fiscalizador estatal situó entre ellos en un informe a los consorcios que la Junta sigue aún desmantelando.
19 de diciembre de 2018. 22:19h
La Junta diseñó una red de consorcios que acabó en los tribunales y estrangulada como parte de lo que sindicatos y oposición bautizaron como «Administración paralela». En el Boletín Oficial del Gobierno regional de ayer, el BOJA en corto, se reflejó, a través de la publicación de anuncios de la dirección provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Granada, la disolución de una hilera de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), en un goteo de años que no acaba de cesar. Antes, el Tribunal de Cuentas analizó en su «Informe Global del Sector Público Autonómico» relativo al ejercicio de 2015 la figura del consorcio, entre otras cuestiones, y concluyó de forma genérica que «el resultado de todos» de los que se tenía información aquel año de distintas comunidades había sido «negativo» y que, en relación a la rendición de cuentas, «los principales retrasos e incumplimientos» se presentaban en «los consorcios (37%), empresas y entes públicos sujetos al PGC –Plan General de Contabilidad– (32%) y fundaciones (28%)». «La mayoría de estas entidades corresponden a las comunidades autónomas de Cataluña (41%), Madrid (26%), Andalucía (9%) y Galicia (8%)», anotó el ente fiscalizador.
En relación a Andalucía en particular, el tribunal hizo constar en su reciente trabajo que «cinco consorcios» presentaban «resultados negativos, siendo especialmente significativo» en el caso del «Transporte Metropolitano de Sevilla» y el «Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada». Los datos del ejercicio, excluidas las transferencias y subvenciones concedidas por la Junta, tuvo un signo similar, de acuerdo al informe llevado a cabo por el órgano estatal de cuentas, «siendo el consorcio de 'Transporte de Mercancías de Málaga' el único que, pese a no haber recibido fondos de la comunidad en 2015», mostró unos «resultados» que fueron «positivos».
El tribunal dedicó otro apartado de su trabajo a las fundaciones, entes que también orbitan alrededor de la Administración autonómica. Sin computar de nuevo las transferencias y las ayudas del Ejecutivo regional a éstas, el dibujo final de las mismas tampoco era del todo bueno. Se alude en el informe consultado por este periódico al patrimonio neto, a 31 de diciembre de 2015, de las fundaciones Andalucía Emprende, El Legado Andalusí y Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, para aseverar que tenían «fondos propios negativos». Además, la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud y Andalucía Olímpica se encontraban en la misma «situación», aunque se matizó que la cifra no era «significativa». El propio Tribunal de Cuentas admite en su análisis que las administraciones del territorio nacional, «con el argumento justificativo de lograr una mayor eficacia en la gestión pública», han incrementado «notablemente el número de entes instrumentales para la consecución de los más variados fines» en aras, en teoría, «del interés general». Sitúa como posibles «causas últimas» de «la proliferación de estas entidades» un «generalizado proceso de huida del Derecho Administrativo, especialmente en los procesos de contratación; discrecionalidad en las políticas de personal y relajación en los controles económicos». La comunidad andaluza cuenta con un robusto anillo de entes instrumentales que genera gastos a pagar con fondos públicos de diverso tipo. Si se confirma el cambio en la Junta, el nuevo Gobierno andaluz deberá decidir qué hacer con esa estructura, si la desmantela, a favor de lo que se ha mostrado Ciudadanos (Cs), o no.
La poda que nunca llegó
*60 entidades rodean a la Junta entre agencias públicas empresariales, consorcios, fundaciones y sociedades.
*23.899 personas trabajan en lo que se ha denominado «Administración paralela».
