La DGA ha cifrado en 920 millones
de euros el agujero económico de la Comunidad. Esta cantidad se
corresponde con los ingresos sobredimensionados, los gastos sin
consignación y otras insuficiencias que no figuran ni en el presupuesto
ni en la contabilidad. A pesar de esto, desde el Gobierno aseguran que
en 2016-2017 se asentará la estabilidad.
9/10/2015 - Ana Escorihuela Casado
Zaragoza.- El consejero de Hacienda y Administración Pública,
Fernando Gimeno, ha presentado este viernes el "Informe sobre la
Situación Económico-Financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón a 31
de agosto de 2015" elaborado por la Intervención General. Este informe,
encargado en su día en atención a uno de los acuerdos de investidura con
Podemos, anticipa que el agujero económico de la Comunidad alcanza los
920 millones de euros. Esta cantidad se corresponde con los
ingresos
sobredimensionados, los
gastos sin consignación y otras insuficiencias
que no figuran ni en el presupuesto ni en la contabilidad, es decir, con
las obligaciones reconocidas. En términos de caja, que es como
contabiliza la Unión Europea las cuentas, los millones subirían hasta
957.
Por su parte, el déficit de Aragón llegará, a finales de año, a 690
millones, lo que representa un 2.01% del PIB aragonés y triplica el
límite del 0,7% establecido para este año con caracter general por el
Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano de coordinación entre el
Ministerio de Hacienda y las Comunidades autónomas), en aplicación de
la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. "Esto ha ocurrido porque
la forma de presupuestar que se ha seguido en los últimos años
incrementa el déficit y los ingresos están por debajo de lo
presupuestado", ha comentado.
A pesar de estos datos, Gimeno se ha mostrado optimista y ha
recordado que la tendencia económica es de crecimiento. Por ello, ha
asegurado que entre el 2016 y 2017 se asentará en la Comunidad la
estabilidad financiera, ya que augura que será entonces cuando se
cumplirá el objetivo de déficit marcado.
La Sanidad, con una deuda de 470 millones de euros, es el principal
roto en la economía aragonesa. En este sentido, el consejero ha
explicado que hay que tomar medidas que "paguen las facturas y que dejen
atrás los ajustes". "Tenemos que tomar decisiones para partir de una
realidad distinta", ha señalado. Para ello, Gimeno ha recordado que se
está elaborando, en menos de 100 días de Gobierno, un Plan Económico
financiero para la Comunidad que saldrá a la luz en apenas dos semanas.
Este Plan es el que plantea que se alcance la estabilidad presupuestaria
a partir del próximo año.
Tras detallar las dotaciones presupuestarias insuficientes para
cubrir las obligaciones necesarias hasta fin de año, la interventora
señala respecto al capítulo de personal, el más abultado, que “los
porcentajes de ejecución de la Administración y del organismo autónomo
Salud son los más altos, situándose por encima del 70%, lo que indica
que con total seguridad van a necesitar crédito adicional para poder
acabar el año”.
“La suma de ambas nóminas representa el 93% del total de los gastos
de personal, por lo que con su análisis se cubre casi la totalidad del
crédito inicial”, añade. En cambio, apunta que “en el resto de entidades
no parece que se vayan a producir problemas por falta de presupuesto,
y, en el caso de que se produzcan, su volumen no será significativo en
relación con el total de gasto de este capítulo”.
Solución
El consejero de Hacienda ha explicado estos y otros aspectos del
informe, que cuenta con varios anexos, y ha recalcado que “desde el
minuto cero” el Gobierno presidido por Javier Lambán está trabajando
para corregir los graves problemas que encontró a su llegada al poder.
En este sentido, Fernando Gimeno ha recordado que recientemente se
aprobó en las Cortes una refinanciación de hasta 238 millones de euros
autorizada por el Ministerio de Hacienda para sanear y relanzar todo el
sector público empresarial de la Comunidad. También las órdenes de
retención de gastos que preceden a las inminentes modificaciones
presupuestarias no para nuevos recortes, sino para afrontar gastos tan
elementales como el pago de las nóminas del personal sanitario y
educativo, el IAI o las ayudas a la Dependencia.
En la "hoja de ruta" marcada desde el principio también se ha
alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para liquidar de aquí
a fin de año los pagos pendientes a proveedores y se ha remitido al
equipo ministerial el Plan Económico-Financiero que se espera que
apruebe el CPFF a finales de este mes y que marcará la confección final
del Presupuesto de la Comunidad para 2016, cuya elaboración también se
ha ordenado ya.
Asimismo, Gimeno ha apuntado una vez más que, dada la imposibilidad
material y el expreso rechazo del Gobierno a nuevos recortes de gasto
perjudiciales para la sociedad en conjunto, no queda más remedio que
afrontar un aumento de los ingresos mediante una serie de medidas
tributarias que se trasladarán próximamente a las Cortes de Aragón
mediante una ley con la que no se incrementará la presión fiscal sobre
las clases medias y bajas ni se perjudicará a sectores bastante
castigados ya por la prolongada crisis económica, cuya incipiente salida
en términos macroeconómicos todavía aparece lejana para los ciudadanos.
Estos impuestos serán, principalmente, medioambientales, en sucesiones,
patrimonio. "No queremos que afecten a los que menos tienen", ha
sostenido.
"Lo más importante es decir la verdad y la realidad de la situación
económica aragonesa, cosa que hasta ahora no se estaba produciendo", ha
explicado Gimeno que asegura que la voluntad del Departamento que dirige
y del Gobierno al que pertenece es "alcanzar un acuerdo con el Gobierno
Central para resolver el problema de Aragón". En este sentido, ha
confirmado que le ha enviado una carta al secretario de Estado en la que
le ha solicitado 215 millones de euros. Sobre el peligro de que el
Estado intervenga a la Comunidad, al no cumplir los objetivos de
déficit, Gimeno ha lanzando un mensaje de tranquilidad ya que asevera
"ha cumplido con la Ley".
"Si las perspectivas de crecimiento económico se mantienen, estamos
ante un horizonte positivo. Mi impresión es que la tendencia en economía
se va a mantener y, solo con mantenerse, se podrán generar 300 millones
de euros solo en ingresos", ha explicado Gimeno que asegura que ha sido
"conservador" haciendo previsiones y ha dejado de lado el optimismo
"propio de su persona".
Sobre el informe
La diferencia directa entre ingresos y gastos da un saldo negativo de
700 millones de euros, si bien Intervención prevé que esta cantidad se
reduzca en 10 millones a fin de año al computar diversos ajustes; entre
otros, por recaudación incierta, sistema de financiación, cuenta 409,
aportaciones de capital, resto de entidades o intereses devengados.
La
interventora estima que el capítulo primero, de gastos de
personal, “tendrá una ejecución superior al 100% una vez realizadas las
correspondientes modificaciones presupuestarias en Educación y Salud,
necesarias para cubrir la totalidad del gasto”.
El cálculo del déficit se ciñe a la Administración de la Comunidad,
sus organismos autónomos y entidades de derecho público, excluidos el
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto Tecnológico de Aragón
(ITA) y las sociedades mercantiles, fundaciones y otras entidades que,
en su mayoría, están sometidos al Plan General de Contabilidad de la
Empresa y, por lo tanto, no se integran en el Sistema de Información
Contable Corporativo SERPA, cuya base es el Plan de Contabilidad
Pública.
Pero el problema real de las arcas autonómicas es aún mayor. El
informe firmado por la interventora general, Ana Gómez, el pasado 5 de
octubre, detalla en sucesivos apartados los ingresos deficitarios
(sobredimensionados) procedentes de tributos y de otras fuentes, que
ascenderán a final de este año a unos 173 millones de euros. Estima que
faltan por consignar numerosas partidas presupuestarias, cuyo importe
total ascendería a 620 millones de euros.
Asimismo, figuran otras insuficiencias de gastos que no aparecen en
el presupuesto y ni siquiera en la contabilidad, (es decir que ni estaba
previsto que se gastaran, ni se han gastado sin estar previstos) pero a
los que también habrá que hacer frente, por valor de 127 millones de
euros, entre el convenio del tranvía con el Ayuntamiento de Zaragoza, el
convenio de financiación con la Universidad de Zaragoza, la estación
del AVE de Plaza y la autopista autonómica.
Este nivel de endeudamiento duplica prácticamente el existente hace
justo cuatro años, cuando otro informe similar encargado por el anterior
Ejecutivo y presentado públicamente el 17 de octubre cifraba la deuda
existente entonces en 3.332 millones de euros.
En cuanto a la morosidad el informe de Intervención refleja que el
plazo medio de pago a proveedores había ascendido a 86,41 días, cuando
el límite está establecido en 60. Gimeno ha comentado que "mientras no
se paguen las facturas la morosidad seguirá creciendo por lo que
pagarlas es una de nuestras prioridades".
