Consideran que los cargos del Instituto de Contabilidad y Auditoría se basan en conjeturas
Íñigo de Barrón - Madrid 18 SEP 2014 - 22:24 CEST
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, ha sancionado con 12,4 millones a Deloitte, el auditor de Bankia, por los trabajos que realizó para ese banco antes de la salida a Bolsa.
La decisión ha provocado un duro e insólito enfrentamiento de la CNMV, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas (organismos donde el Gobierno nombra a sus máximos responsables) porque están en contra de la multa y del procedimiento seguido por el Instituto.
El ICAC, presidido por Ana María Martínez-Pina, acusa a Deloitte de una infracción “muy grave” y otras dos graves que vulneran la Ley de Auditoría de Cuentas por no actuar con independencia ya que además de ser auditor realizó otros trabajos para Bankia. Entre estos está una ayuda a la segregación de activos de la matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) respecto a su filial Bankia. También le multa por no seguir las normas técnicas de auditoría, es decir, no realizar correctamente algunos trabajos. El ICAC no cuestiona la validez de las cuentas de Bankia ni el informe de auditoría. Tampoco se plantea retirar la licencia a Deloitte para seguir auditando en España.
La CNMV, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas coinciden en criticar al ICAC porque la base de la sanción a Deloitte es que realizó unos trabajos de ayuda a Bankia, entonces presidida por Rodrigo Rato, que se los encargó la propia Comisión de Valores, como ha quedado demostrado en una carta. Los dos supervisores admiten que esta práctica es habitual en otros países y que eso no puede hacer presuponer que exista falta de independencia del auditor.
Los supervisores dicen que la propuesta de sanción utiliza presunciones de culpabilidad no probadas
La CNMV ha admitido que le pidió a Bankia que Deloitte revisara el formato y el contenido de los estados financieros de marzo y de junio de 2011, previos a la salida a Bolsa en julio de aquel año. También fue el organismo de control de los mercados el que reclamó a Deloitte que colaborara con Bankia en la segregación parcial de activos y pasivos del grupo BFA, que luego se reflejó en los estados financieros proforma.
La CNMV no cree que estos trabajos supusieran una colaboración en los documentos contables porque las decisiones de qué créditos o cuentas se quedaban en la matriz o la filial correspondió a los gestores.
Una de las acusaciones más duras de los tres organismos contra el ICAC es que en su propuesta de sanción utiliza una presunción de culpabilidad que no puede considerarse prueba sustantiva. Aseguran que utiliza afirmaciones no probadas.
También echan en cara al ICAC que no haya permitido que Deloitte presente informes de peritos independientes en el proceso, como se hace habitualmente. Por último, contradicen el argumento del ICAC sobre que la facturación de Deloitte en servicios de no auditoría era excesiva y le restaba independencia.
