Economía sancionará a Deloitte por Bankia, pero su licencia no está en juego - elEconomista.es
Madrid, 17 jun (EFE).- El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, sancionará previsiblemente a principios de julio a Deloitte por infracciones graves relacionadas con sus trabajos para Bankia, pero "en ningún caso está en juego la licencia de la auditora".
Según han explicado a Efe fuentes próximas al proceso, el ICAC analiza las sanciones que podría imponer a Deloitte, pero ni se contempla la pérdida de licencia de la compañía ni se cuestionan los estados financieros ni las auditorías realizadas.
De hecho, el presidente de BANKIA José Ignacio Goirigolzarri, ha dicho hoy en Santander que las razones que han llevado al ICAC a iniciar un expediente contra Deloitte por su actuación en la entidad financiera responden a "razones formales".
Y estas cuestiones formales no ponen en cuestión "el fondo de los estados contables" de Bankia.
Además, el banquero ha señalado que cuando él se incorporó a Bankia, en mayo de 2012, su relación con Deloitte fue en todo momento muy correcta y los auditores "muy profesionales". En cualquier caso, el grupo financiero contrató después a Ernst&Young.
En cualquier caso, desde principios de este mes, el ICAC está a la espera de las alegaciones que presente Deloitte antes de tomar una decisión en firme, pero se da por hecho que la auditora recibirá una multa que, además, luego podrá recurrir.
Todo ello después de que el ICAC detectara hace más de un año irregularidades en los trabajos de Deloitte para Bankia, que llevaron al Instituto a abrir un expediente por dos faltas muy graves y dos graves en la auditoría de las cuentas del banco de los dos primeros trimestres de 2011, claves para su debut bursátil.
A principios de 2014, el ICAC decidió paralizar temporalmente el expediente administrativo a Deloitte al estar abierta una vía contencioso-administrativa en los tribunales.
La auditora recurrió la denegación por parte del ICAC de reclamar informes al Banco de España y a la CNMV y otro pericial externo sobre los hechos que le imputa el organismo.
No obstante, a la espera de que los tribunales resuelvan sobre la petición de Deloitte, el ICAC ha continuado su expediente, que iba dirigido también contra el socio auditor Francisco Celma, encargado de revisar las cuentas de Bankia.
"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset. En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la novena promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
martes, 17 de junio de 2014
elEconomista.es: Economía sancionará a Deloitte por Bankia, pero su licencia no está en juego
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ABC.es: Economía estudia sancionar a Deloitte por el caso Bankia
Economía estudia sancionar a Deloitte por el caso Bankia - ABC de Sevilla
ABC MADRID Día 17/06/2014
ABC MADRID Día 17/06/2014
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, continúa analizando si finalmente abre un expediente a Deloitte por su actuación en el caso Bankia, penalización que de materializarse podría suponer una suspensión de la licencia. El ICAC paralizó hace unos meses el expediente administrativo que abrió a Deloitte por la auditoría de las cuentas de la salida a Bolsa de Bankia al estar abierta una vía contencioso-administrativa en los tribunales. Según fuentes cercanas al procedimiento, el Instituto hizo llegar esta decisión al instructor del «caso Bankia» en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, después de haber recibido un informe de la Abogacía del Estado en el que se pronunciaba en este sentido. El expediente fue abierto por el ICAC por dos faltas muy graves y dos graves en la auditoría de las cuentas de Bankia de los dos primeros trimestres de 2011.
La auditora recurrió por la vía contencioso-administrativo la denegación por parte del ICAC de permitirle reclamar informes al Banco de España y a la CNMV y otro pericial externo sobre los hechos que le imputa el organismo.
A la espera de que los tribunales resuelvan sobre la petición de Deloitte, el Instituto continuará previsiblemente con el expediente que iba dirigido también contra su socio Francisco Celma, encargado de revisar las cuentas de Bankia, aunque en el último momento podría dar marcha atrás.
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lunes, 16 de junio de 2014
laInformación.com: la Cuenta General de Castilla y León "no representa fielmente la ejecución y resultado presupuestarios"
Consejo de Cuentas cree que la Cuenta General de CyL "no representa fielmente la ejecución y resultado presupuestarios" – Empresas – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Empresas en lainformacion.com
El Consejo de Cuentas de Castilla y León considera
que la Cuenta General de Castilla y León correspondiente al ejercicio
2011 "no representa fielmente la ejecución y resultado presupuestarios"
al no haber eliminado todas las operaciones internas entre las distintas
entidades que integran la cuenta.
lunes, 16/06/14 - 18:44
PALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)
Esto hace, a su juicio, que la consolidación efectuada en la liquidación del presupuesto sea "parcial" y ha advertido de que la mayoría de deficiencias puestas de manifiesto en informes anteriores "se mantiene".
Así se refleja en el Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2011 consultado por Europa Press.
En él, el Consejo reconoce que la Cuenta de la Comunidad se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja "de forma fiable" su actividad económico-financiera, excepto en "determinados incumplimientos y salvedades".
Tal como señala el documento, las obligaciones de la Gerencia Regional de Salud pendientes de imputar al presupuesto de 2011 alcanzaron los 1.169 millones de euros, de los que 483,8 proceden de ejercicios anteriores. Además, 395 millones se imputaron indebidamente al ejercicio 2011, según el Consejo.
La cuenta general rendida carece de la memoria explicativa, que debería acompañarse a la agregación o consolidación efectuada, ya que "existen empresas y fundaciones públicas cuyos informes de auditoría de cuentas anuales han denegado la opinión o expresado salvedades".
Esto ocurre, tal como refleja el informe, en las empresas Apaccale y Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca y en las fundaciones Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León y Parque Científico de la Universidad de Salamanca.
Por otra parte, "no se ha tenido en cuenta" la opinión del informe de auditoría correspondiente al Ente Regional de la Energía, que forma parte de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad, ya que la agregación o consolidación de dicha cuenta se ha realizado con anterioridad a la emisión del referido informe.
De igual forma, señala que los criterios utilizados con las empresas y las fundaciones públicas de la Comunidad, sí son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de dichas cuentas.
En relación al programa anual de endeudamiento, este no fue aprobado para 2011 al no haberse suscrito con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, constando únicamente la propuesta remitida por la Comunidad, que es la que se ha tomado como base para el análisis.
El endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 5.476,4 millones de euros, un 9,05 por ciento inferior que el límite contemplado en la referida propuesta del programa anual.
La Comunidad ha contado con autorización del Consejo de Ministros para el importe total de la deuda concertada a largo plazo en 2011, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias, los créditos iniciales del presupuesto del conjunto de entidades integradas en la cuenta general ascendieron a 14.543,2 millones de euros, con modificaciones autorizadas por un importe neto de 333,9 millones, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento, con lo que los créditos definitivos quedaron en 14.877,1 millones.
En el ejercicio anterior el importe de las modificaciones fue de 1.209,2 millones, lo que representó un aumento del 3,2 por ciento.
Los créditos iniciales del presupuesto de la Administración general de la Comunidad han sido de 9.187,3 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 3,6 millones que representan una disminución del 0,04 por ciento. En el ejercicio anterior el importe de dichas modificaciones fue de 517,5 millones y supuso un incremento del 5,3 por ciento.
El informe verifica la adecuada financiación de las modificaciones, así como el cumplimiento general de la legalidad vigente con algunas excepciones, entre las que destaca la incorrecta tramitación de las generaciones de crédito.
Esto hace, a su juicio, que la consolidación efectuada en la liquidación del presupuesto sea "parcial" y ha advertido de que la mayoría de deficiencias puestas de manifiesto en informes anteriores "se mantiene".
Así se refleja en el Informe sobre la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2011 consultado por Europa Press.
En él, el Consejo reconoce que la Cuenta de la Comunidad se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja "de forma fiable" su actividad económico-financiera, excepto en "determinados incumplimientos y salvedades".
Tal como señala el documento, las obligaciones de la Gerencia Regional de Salud pendientes de imputar al presupuesto de 2011 alcanzaron los 1.169 millones de euros, de los que 483,8 proceden de ejercicios anteriores. Además, 395 millones se imputaron indebidamente al ejercicio 2011, según el Consejo.
La cuenta general rendida carece de la memoria explicativa, que debería acompañarse a la agregación o consolidación efectuada, ya que "existen empresas y fundaciones públicas cuyos informes de auditoría de cuentas anuales han denegado la opinión o expresado salvedades".
Esto ocurre, tal como refleja el informe, en las empresas Apaccale y Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca y en las fundaciones Centro Regional de Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León y Parque Científico de la Universidad de Salamanca.
Por otra parte, "no se ha tenido en cuenta" la opinión del informe de auditoría correspondiente al Ente Regional de la Energía, que forma parte de la cuenta general de las entidades del sector público de la Comunidad, ya que la agregación o consolidación de dicha cuenta se ha realizado con anterioridad a la emisión del referido informe.
CRITERIOS UTILIZADOS
El
informe observa que, al igual que en ejercicios anteriores, los
criterios utilizados para la formación de la cuenta general de la
Comunidad de 2011, por lo que respecta a las entidades del sector
público sujetas al régimen de contabilidad pública, no son compatibles
con los utilizados por el Estado para la formación de la cuenta general
del sector público administrativo.De igual forma, señala que los criterios utilizados con las empresas y las fundaciones públicas de la Comunidad, sí son compatibles con los utilizados por el Estado para la formación de dichas cuentas.
En relación al programa anual de endeudamiento, este no fue aprobado para 2011 al no haberse suscrito con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, constando únicamente la propuesta remitida por la Comunidad, que es la que se ha tomado como base para el análisis.
El endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2011 ascendía a 5.476,4 millones de euros, un 9,05 por ciento inferior que el límite contemplado en la referida propuesta del programa anual.
La Comunidad ha contado con autorización del Consejo de Ministros para el importe total de la deuda concertada a largo plazo en 2011, de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por lo que se refiere a las modificaciones presupuestarias, los créditos iniciales del presupuesto del conjunto de entidades integradas en la cuenta general ascendieron a 14.543,2 millones de euros, con modificaciones autorizadas por un importe neto de 333,9 millones, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento, con lo que los créditos definitivos quedaron en 14.877,1 millones.
En el ejercicio anterior el importe de las modificaciones fue de 1.209,2 millones, lo que representó un aumento del 3,2 por ciento.
Los créditos iniciales del presupuesto de la Administración general de la Comunidad han sido de 9.187,3 millones de euros, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 3,6 millones que representan una disminución del 0,04 por ciento. En el ejercicio anterior el importe de dichas modificaciones fue de 517,5 millones y supuso un incremento del 5,3 por ciento.
El informe verifica la adecuada financiación de las modificaciones, así como el cumplimiento general de la legalidad vigente con algunas excepciones, entre las que destaca la incorrecta tramitación de las generaciones de crédito.
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GrantThornton.es: "Reputación corporativa y Responsabilidad social corporativa", por Sara González
Reputación corporativa y Responsabilidad social corporativa | Grant Thornton
La reputación corporativa se consigue mediante la coherencia entre los valores que la empresa comunica que ha adoptado, y su forma de comportarse en la realización de su actividad y frente a los grupos de interés. El comportamiento íntegro tiene como pilar básico el cumplimiento de las leyes pero ha de ir más allá. Toda organización ha de interiorizar y aplicar en sus procesos el comportamiento responsable, que es la idea más amplia de la RSC. El compromiso real de la empresa con sus stakeholders implica la implantación de un buen sistema de gobierno corporativo y un comportamiento responsable con los grupos de interés y el entorno. A partir de este comportamiento responsable, la empresa puede llevar a cabo un plan de comunicación que ayude a construir su reputación corporativa. Si el compromiso no es real y el comportamiento no es coherente, la reputación corporativa se habrá desarrollado exclusivamente sobre la comunicación de la empresa y estará en constante peligro, de forma que cualquier incoherencia que sea descubierta destruirá rápidamente la reputación construida sobre unos cimientos tan frágiles.
La principal obligación de una empresa es generar riqueza. Sin embargo, si este objetivo se consigue a cualquier precio, el comportamiento de la empresa se convierte en inadmisible para los grupos de interés, generando una pérdida de reputación que comprometerá seriamente la sostenibilidad de la empresa. En un entorno de gran exposición pública y cada vez mayor acceso a la información, la sociedad demanda a las empresas un comportamiento responsable. Por tanto, la gestión de la reputación corporativa no sólo con el objetivo de la rentabilidad sino como medida de protección ante situaciones de crisis, se ha convertido en algo esencial para la supervivencia de las empresas. La RSC es un modelo de gestión, la forma de hacer las cosas que la empresa ha interiorizado, sobre la que se construye en gran medida la reputación corporativa, y que favorece su consolidación.
Junio 16th, 2014 → 9:48 am @ Sara González
Responsabilidad social corporativa (RSC) y reputación corporativa (RC) mantienen una estrecha relación, ya que la RSC en su contexto amplio (buen gobierno corporativo, gestión de los riesgos sociales y medioambientales) satisface las expectativas de los grupos de interés y contribuye a la generación de la RC. La obtención de una buena reputación responde generalmente a una buena labor de comunicación, pero obviamente debe subyacer una buena gestión de la responsabilidad corporativa. De nada sirve una excelente campaña de comunicación si, por ejemplo, se produce públicamente una elevada conflictividad laboral que desmienta el mensaje que la empresa está comunicando.
La reputación corporativa se consigue mediante la coherencia entre los valores que la empresa comunica que ha adoptado, y su forma de comportarse en la realización de su actividad y frente a los grupos de interés. El comportamiento íntegro tiene como pilar básico el cumplimiento de las leyes pero ha de ir más allá. Toda organización ha de interiorizar y aplicar en sus procesos el comportamiento responsable, que es la idea más amplia de la RSC. El compromiso real de la empresa con sus stakeholders implica la implantación de un buen sistema de gobierno corporativo y un comportamiento responsable con los grupos de interés y el entorno. A partir de este comportamiento responsable, la empresa puede llevar a cabo un plan de comunicación que ayude a construir su reputación corporativa. Si el compromiso no es real y el comportamiento no es coherente, la reputación corporativa se habrá desarrollado exclusivamente sobre la comunicación de la empresa y estará en constante peligro, de forma que cualquier incoherencia que sea descubierta destruirá rápidamente la reputación construida sobre unos cimientos tan frágiles.
La principal obligación de una empresa es generar riqueza. Sin embargo, si este objetivo se consigue a cualquier precio, el comportamiento de la empresa se convierte en inadmisible para los grupos de interés, generando una pérdida de reputación que comprometerá seriamente la sostenibilidad de la empresa. En un entorno de gran exposición pública y cada vez mayor acceso a la información, la sociedad demanda a las empresas un comportamiento responsable. Por tanto, la gestión de la reputación corporativa no sólo con el objetivo de la rentabilidad sino como medida de protección ante situaciones de crisis, se ha convertido en algo esencial para la supervivencia de las empresas. La RSC es un modelo de gestión, la forma de hacer las cosas que la empresa ha interiorizado, sobre la que se construye en gran medida la reputación corporativa, y que favorece su consolidación.
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Reputación,
RSC/RSE
elConfidencial.com: PwC pone salvedades en la auditoría del Fondo de Garantía de Depósitos de 2013
PwC pone salvedades en la auditoría del Fondo de Garantía de Depósitos de 2013 - Noticias de Empresas
Tapa su agujero gracias a un truco contable .
Tapa su agujero gracias a un truco contable .
La auditoría de las cuentas de 2013 del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), realizada por PwC, registra dos salvedades: por el uso de un truco contable para tapar su agujero patrimonial y por el posible deterioro del valor de su participación en Catalunya Banc. El instrumento que garantiza los ahorros de los españoles en caso de quiebra bancaria ha quitado las telarañas que había en su caja –un déficit de 1.637 millones al cierre de 2013– gracias a que se ha apuntado este año la derrama extraordinaria que deben acometer las entidades a lo largo de los próximos siete ejercicios. Así, se anota 1.474 millones en vez de los 233,8 que ha cobrado realmente. En cuanto al deterioro de Catalunya Banc, no se ha reconocido en sus cuentas porque el FROB no ha ofrecido una valoración actualizada de la entidad.
El informe de auditoría que firma el socio de PwC José Ángel Díez explica que, "sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 18 de la memoria (...), en la que se menciona que el Patrimonio neto del Fondo al 31 de diciembre de 2013 es negativo en un importe de 1.637.313,6 miles de euros como consecuencia de los resultados del ejercicio 2013 y de ejercicios anteriores".
Pero ahí viene el quid de la cuestión: "No obstante, debe considerarse que, tal y como se indica en la Nota 7 de la memoria, el Fondo ha contabilizado el 22 de enero de 2014 un incremento del Patrimonio neto correspondiente al segundo tramo de la aportación extraordinaria establecida en la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 21/2012, por importe de 1.474.189,8 miles de euros, y ha recibido el 28 de febrero de 2014 las aportaciones ordinarias anuales de las entidades adscritas al mismo, por un importe de 1.639.228,5 miles de euros, que han situado el Patrimonio neto del Fondo en un importe positivo".
En este galimatías la palabra clave es "contabilizado" (los 1.474,2 millones), que se opone a "recibido" (los 1.639,2 millones). Para entenderlo, las pérdidas de 2013, que fueron de 677 ,8 millones (sobre todo por las provisiones para los EPA y por el quebranto que supuso para el fondo la venta de NCG Banco), dejaron el FGD con un agujero de 1.637,3 millones al cierre del ejercicio. Posteriormente, ya en 2014, se han producido dos hechos. El primero es la aportación ordinaria que hacen las entidades todos los años equivalente al 2 por mil de sus depósitos. Esto supone 1.639,2 millones de ingresos en este año.
El truco está en el segundo hecho. Estamos hablando de la derrama extraordinaria del 3 por mil para financiar la compra de parte del capital de NCG y Catalunya Banc con el fin de dar liquidez a los preferentistas y que pudieran recuperar la parte que quedaba de su inversión tras la quita, la famosa derrama con la que Luis de Guindos ha bonificado a los bancos presentes en Sareb y ha castigado al único que se negó a entrar, BBVA. Esta derrama tenía dos partes: una primera que se cobró en enero de 2014 y una segunda que los bancos irán pagando a lo largo de los próximos siete años. Por tanto, en realidad el Fondo sólo ha cobrado la primera parte, que asciende a 234 millones. Pero se ha apuntado en su patrimonio el "valor presente de los flujos" que tiene previsto percibir en esos siete años, pero que no ha cobrado aún, lo cual eleva la cantidad hasta 1.474,2 millones.
Esta artimaña –perfectamente legal, por otro lado– es sobre el que llama la atención PwC en su auditoría, puesto que el hecho de que el FGD tenga patrimonio positivo no deja de ser un artificio contable, ya que el dinero que hay en caja ahora mismo apenas da para cubrir el agujero del año pasado. Esto es, que el FGD no tiene dinero líquido para hacer frente a sus obligaciones, sino sólo un compromiso de las entidades de irlo aportando en los próximos años.
El riesgo de Catalunya Banc...

En cuanto a Catalunya Banc, el FGD mantiene una participación del 32,4% en su capital –procedente de la compra de acciones para dar liquidez a los preferentistas– con un valor neto de 823,89 millones, que se basa en sus cuentas de 2013. El problema viene de que "a la fecha de formulación de dichas cuentas anuales, el Fondo de Reestructuración ordenada bancaria - FROB, accionista mayoritario y de control de Catalunya Banc, S.A., ha iniciado el proceso de venta de dicha entidad, proceso en el que también se incluye la participación del Fondo, y ha decidido, por motivos de confidencialidad inherentes a este tipo de transacciones, no hacer pública su estimación del precio de venta que considera podría obtener sobre la base la prospección de mercado que ha llevado a cabo."
"En consecuencia", concluye la salvedad, "no se nos ha facilitado información sobre dicha estimación del precio de venta y, por tanto, no nos ha sido posible evaluar si el importe por el que se encuentra registrada la participación en las cuentas anuales del Fondo del ejercicio 2013 coincide con el valor recuperable de la misma".
...después del precedente de NCG
La incertidumbre a la que se refiere el auditor está justificada por el precedente que ofrece NCG Banco (Novagalicia) en las propias cuentas de 2013. El FGD registra una pérdida de 577,38 millones por la venta de la entidad gallega por el FROB al venezolano Banesco por 1.003 millones menos contingencias; la primera subasta que consigue un precio positivo, como es sabido. Ese precio supone valorar el 25,6% que poseía el fondo en 221,3 millones (valora el 100% en 885,2 millones). Como el precio que pagó el FGD por dicha participación fue de 798,69 millones, la pérdida registrada es de 577,38.
En el caso de Catalunya Banc, las provisiones dotadas en 2013 por el deterioro del valor del 32,4% que posee el FGD fueron de sólo 177 millones, lo que rebajó su valoración de 1.000,9 millones a 823,89. Por tanto, aunque el FROB logre su objetivo de vender la entidad sin más ayudas públicas y con un precio positivo, es altamente probable que el FGD tenga que apuntarse otra importante pérdida respecto a su precio de entrada, que incrementará la factura del rescate para los bancos 'sanos'. Y la falta de una aproximación al precio de venta por parte del FROB justifica la salvedad que introduce el auditor.
El informe de auditoría que firma el socio de PwC José Ángel Díez explica que, "sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la Nota 18 de la memoria (...), en la que se menciona que el Patrimonio neto del Fondo al 31 de diciembre de 2013 es negativo en un importe de 1.637.313,6 miles de euros como consecuencia de los resultados del ejercicio 2013 y de ejercicios anteriores".
Pero ahí viene el quid de la cuestión: "No obstante, debe considerarse que, tal y como se indica en la Nota 7 de la memoria, el Fondo ha contabilizado el 22 de enero de 2014 un incremento del Patrimonio neto correspondiente al segundo tramo de la aportación extraordinaria establecida en la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 21/2012, por importe de 1.474.189,8 miles de euros, y ha recibido el 28 de febrero de 2014 las aportaciones ordinarias anuales de las entidades adscritas al mismo, por un importe de 1.639.228,5 miles de euros, que han situado el Patrimonio neto del Fondo en un importe positivo".
| El ministro de Economía, Luis De Guindos (Efe) |
El truco está en el segundo hecho. Estamos hablando de la derrama extraordinaria del 3 por mil para financiar la compra de parte del capital de NCG y Catalunya Banc con el fin de dar liquidez a los preferentistas y que pudieran recuperar la parte que quedaba de su inversión tras la quita, la famosa derrama con la que Luis de Guindos ha bonificado a los bancos presentes en Sareb y ha castigado al único que se negó a entrar, BBVA. Esta derrama tenía dos partes: una primera que se cobró en enero de 2014 y una segunda que los bancos irán pagando a lo largo de los próximos siete años. Por tanto, en realidad el Fondo sólo ha cobrado la primera parte, que asciende a 234 millones. Pero se ha apuntado en su patrimonio el "valor presente de los flujos" que tiene previsto percibir en esos siete años, pero que no ha cobrado aún, lo cual eleva la cantidad hasta 1.474,2 millones.
Esta artimaña –perfectamente legal, por otro lado– es sobre el que llama la atención PwC en su auditoría, puesto que el hecho de que el FGD tenga patrimonio positivo no deja de ser un artificio contable, ya que el dinero que hay en caja ahora mismo apenas da para cubrir el agujero del año pasado. Esto es, que el FGD no tiene dinero líquido para hacer frente a sus obligaciones, sino sólo un compromiso de las entidades de irlo aportando en los próximos años.
El riesgo de Catalunya Banc...
En cuanto a Catalunya Banc, el FGD mantiene una participación del 32,4% en su capital –procedente de la compra de acciones para dar liquidez a los preferentistas– con un valor neto de 823,89 millones, que se basa en sus cuentas de 2013. El problema viene de que "a la fecha de formulación de dichas cuentas anuales, el Fondo de Reestructuración ordenada bancaria - FROB, accionista mayoritario y de control de Catalunya Banc, S.A., ha iniciado el proceso de venta de dicha entidad, proceso en el que también se incluye la participación del Fondo, y ha decidido, por motivos de confidencialidad inherentes a este tipo de transacciones, no hacer pública su estimación del precio de venta que considera podría obtener sobre la base la prospección de mercado que ha llevado a cabo."
"En consecuencia", concluye la salvedad, "no se nos ha facilitado información sobre dicha estimación del precio de venta y, por tanto, no nos ha sido posible evaluar si el importe por el que se encuentra registrada la participación en las cuentas anuales del Fondo del ejercicio 2013 coincide con el valor recuperable de la misma".
...después del precedente de NCG
La incertidumbre a la que se refiere el auditor está justificada por el precedente que ofrece NCG Banco (Novagalicia) en las propias cuentas de 2013. El FGD registra una pérdida de 577,38 millones por la venta de la entidad gallega por el FROB al venezolano Banesco por 1.003 millones menos contingencias; la primera subasta que consigue un precio positivo, como es sabido. Ese precio supone valorar el 25,6% que poseía el fondo en 221,3 millones (valora el 100% en 885,2 millones). Como el precio que pagó el FGD por dicha participación fue de 798,69 millones, la pérdida registrada es de 577,38.
En el caso de Catalunya Banc, las provisiones dotadas en 2013 por el deterioro del valor del 32,4% que posee el FGD fueron de sólo 177 millones, lo que rebajó su valoración de 1.000,9 millones a 823,89. Por tanto, aunque el FROB logre su objetivo de vender la entidad sin más ayudas públicas y con un precio positivo, es altamente probable que el FGD tenga que apuntarse otra importante pérdida respecto a su precio de entrada, que incrementará la factura del rescate para los bancos 'sanos'. Y la falta de una aproximación al precio de venta por parte del FROB justifica la salvedad que introduce el auditor.
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domingo, 15 de junio de 2014
RTVE.es: La Seguridad Social reclama a Fremap 43,2 millones de euros de dinero público
La Seguridad Social reclama a Fremap 43,2 millones de euros de dinero público - RTVE.es
La Intervención General de la Seguridad Social reclama a la mutua de accidentes Fremap 43,2 millones de euros de dinero público que gastó indebidamente entre 2006 y 2011, según publica este domingo El País.
Según esta información, en las auditorías realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social hay actividades "prohibidas por ley" como pagos a colaboradores comerciales para captar nuevos mutualistas.
En esa documentación también figuran dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, coches de lujo para los directivos y mariscadas.
Fremap ha recurrido a la Audiencia Nacional la decisión de la Intervención General sobre las cuentas relativas a 2006, 2007 y 2008, en tanto que para las de 2009, 2010 y 2011 todavía cabe la vía de reclamaciones y alegaciones ante la Seguridad Social, según el diario.
Esta mutua, sin ánimo de lucro y que en 2012 gestionó 2.300 millones de euros provenientes de las cotizaciones, está presidida por Mariano de Diego, también presidente de la patronal, y entre sus vocales se encuentra el exdirector de Relaciones Laborales de la CEOE José de la Cavada y el presidente del sindicato agrario Asaja, Pedro Barato.
- Gastó indebidamente entre los años 2006 y 2011, según publica El País
- Figuran dietas, viajes, coches de lujo para directivos y mariscadas
La Intervención General de la Seguridad Social reclama a la mutua de accidentes Fremap 43,2 millones de euros de dinero público que gastó indebidamente entre 2006 y 2011, según publica este domingo El País.
Según esta información, en las auditorías realizadas por la Intervención General de la Seguridad Social hay actividades "prohibidas por ley" como pagos a colaboradores comerciales para captar nuevos mutualistas.
En esa documentación también figuran dietas, viajes para la junta directiva y sus parejas, coches de lujo para los directivos y mariscadas.
Fremap ha recurrido a la Audiencia Nacional la decisión de la Intervención General sobre las cuentas relativas a 2006, 2007 y 2008, en tanto que para las de 2009, 2010 y 2011 todavía cabe la vía de reclamaciones y alegaciones ante la Seguridad Social, según el diario.
Esta mutua, sin ánimo de lucro y que en 2012 gestionó 2.300 millones de euros provenientes de las cotizaciones, está presidida por Mariano de Diego, también presidente de la patronal, y entre sus vocales se encuentra el exdirector de Relaciones Laborales de la CEOE José de la Cavada y el presidente del sindicato agrario Asaja, Pedro Barato.
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miércoles, 11 de junio de 2014
CincoDías.com: Un nuevo reto para los auditores, por Daniel Faura
Un nuevo reto para los auditores | Economía | Cinco Días
Daniel Faura 11-06-2014 21:19
Daniel Faura 11-06-2014 21:19
El Parlamento y el Consejo Europeo han aprobado una nueva reforma de la regulación de la auditoría que puede comportar modificaciones de gran impacto en el futuro de la profesión. La reforma se propone incrementar la transparencia y la confianza en el mercado de auditoría, mejorando la credibilidad de los estados financieros auditados de las entidades de interés público, al tratarse de empresas y entidades con un significativo interés público debido a la naturaleza de sus actividades, tamaño y número de empleados. Se trata principalmente de empresas emisoras de valores en mercados cotizados, como las del sector financiero y de seguros, y en España las de cifra anual de negocios superior a 200 millones de euros y plantilla superior a 1.000 empleados. En nuestro país afectará a un 15% de las auditorías realizadas, es decir, más de 9.000 informes.
Las medidas aprobadas comportarán requisitos más estrictos para los auditores de estas entidades con el objetivo de fortalecer su integridad, objetividad, responsabilidad e independencia. Entre las modificaciones destacan la obligación de rotación de la firma de auditoría cada diez años, plazo que podrá prorrogarse por diez años más, siempre y cuando se realice una licitación de los servicios de auditoría por parte de la empresa auditada o incluso por 14 años si la empresa contrata a más de una firma de auditoría (coauditoría), siendo en este caso el plazo máximo de 24 años.
Esta rotación obligatoria no está claro que comporte una mejora de la calidad de la auditoría ni una reducción de la concentración en el mercado; el efecto puede ser contrario por la disminución del conocimiento que el auditor tiene de la empresa, comportando además un incremento de los costes. En cuanto a la coauditoría, implantada desde hace tiempo en Francia, tiene la ventaja de facilitar el acceso de las firmas medianas al mercado de grandes clientes y el fortalecimiento de la independencia. Entre sus inconvenientes, la necesaria coordinación entre distintas firmas y sus correspondientes costes.
El acuerdo contempla una lista de servicios prohibidos a la empresa auditada distintos de la auditoría, en particular los relacionados con la asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión, y propone fijar un límite del 70% a los ingresos que obtengan las firmas de auditoría por servicios no relacionados con dicha actividad que no estén prohibidos.
En la reforma aprobada hay una serie de opciones que permitirán a los Estados miembros adoptar la regulación con un significativo grado de flexibilidad en su aplicación, lo que en nuestro caso conllevará una nueva reforma de la Ley de Auditoría.
Los auditores de estas entidades, además, deberán presentar y publicar anualmente un informe de transparencia que dé cuenta de sus actividades, procedencia de sus honorarios y pertenencia a redes. Un informe que en España no supone ninguna novedad al estar ya regulado en el vigente Reglamento de Auditoría.
La profesión celebra que la aprobación de estas normas ponga fin a un largo y polémico debate y reitera su compromiso en su aplicación con el fin contribuir a la mejora de la calidad de la información financiera y lograr una mayor protección de los intereses de los inversores y consumidores.
Además, las nuevas disposiciones, así como la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría, únicas y reconocidas a nivel mundial, las mejoras en el informe del auditor y el fortalecido rol de los comités de auditoría, supondrán una mejora del gobierno corporativo y de la independencia en el proceso de auditoría. Así contribuirán a un mayor reconocimiento de la aportación de la profesión auditora al interés público.
Pero la función profesional del auditor, actualmente y en el futuro, no se limita al ámbito de la llamada auditoría legal, en el que se han centrado las modificaciones comentadas. El auditor, por su preparación, competencia profesional, experiencia y conocimientos específicos, está capacitado para colaborar en otras necesidades de las empresas y con otros grupos de interés. En particular, por su independencia, en las relacionadas con la necesidad de aportación de valor en la verificación de la información generada (financiera o no financiera), en la identificación y la evaluación de los riesgos y en la revisión de los procesos y controles.
Daniel Faura es presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.
Las medidas aprobadas comportarán requisitos más estrictos para los auditores de estas entidades con el objetivo de fortalecer su integridad, objetividad, responsabilidad e independencia. Entre las modificaciones destacan la obligación de rotación de la firma de auditoría cada diez años, plazo que podrá prorrogarse por diez años más, siempre y cuando se realice una licitación de los servicios de auditoría por parte de la empresa auditada o incluso por 14 años si la empresa contrata a más de una firma de auditoría (coauditoría), siendo en este caso el plazo máximo de 24 años.
Esta rotación obligatoria no está claro que comporte una mejora de la calidad de la auditoría ni una reducción de la concentración en el mercado; el efecto puede ser contrario por la disminución del conocimiento que el auditor tiene de la empresa, comportando además un incremento de los costes. En cuanto a la coauditoría, implantada desde hace tiempo en Francia, tiene la ventaja de facilitar el acceso de las firmas medianas al mercado de grandes clientes y el fortalecimiento de la independencia. Entre sus inconvenientes, la necesaria coordinación entre distintas firmas y sus correspondientes costes.
El acuerdo contempla una lista de servicios prohibidos a la empresa auditada distintos de la auditoría, en particular los relacionados con la asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión, y propone fijar un límite del 70% a los ingresos que obtengan las firmas de auditoría por servicios no relacionados con dicha actividad que no estén prohibidos.
En la reforma aprobada hay una serie de opciones que permitirán a los Estados miembros adoptar la regulación con un significativo grado de flexibilidad en su aplicación, lo que en nuestro caso conllevará una nueva reforma de la Ley de Auditoría.
Los auditores de estas entidades, además, deberán presentar y publicar anualmente un informe de transparencia que dé cuenta de sus actividades, procedencia de sus honorarios y pertenencia a redes. Un informe que en España no supone ninguna novedad al estar ya regulado en el vigente Reglamento de Auditoría.
La profesión celebra que la aprobación de estas normas ponga fin a un largo y polémico debate y reitera su compromiso en su aplicación con el fin contribuir a la mejora de la calidad de la información financiera y lograr una mayor protección de los intereses de los inversores y consumidores.
Además, las nuevas disposiciones, así como la adopción de las Normas Internacionales de Auditoría, únicas y reconocidas a nivel mundial, las mejoras en el informe del auditor y el fortalecido rol de los comités de auditoría, supondrán una mejora del gobierno corporativo y de la independencia en el proceso de auditoría. Así contribuirán a un mayor reconocimiento de la aportación de la profesión auditora al interés público.
Pero la función profesional del auditor, actualmente y en el futuro, no se limita al ámbito de la llamada auditoría legal, en el que se han centrado las modificaciones comentadas. El auditor, por su preparación, competencia profesional, experiencia y conocimientos específicos, está capacitado para colaborar en otras necesidades de las empresas y con otros grupos de interés. En particular, por su independencia, en las relacionadas con la necesidad de aportación de valor en la verificación de la información generada (financiera o no financiera), en la identificación y la evaluación de los riesgos y en la revisión de los procesos y controles.
Daniel Faura es presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña.
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