7:01 - 3/07/2013
- El ICAC acusa a la auditora de falta de independencia en la salida a bolsa del banco
El expediente abierto a Deloitte por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por sus trabajos en Bankia en el momento de la salida a bolsa a mediados de 2011 no puede ser más demoledor. El organismo dependiente del Ministerio de Economía cree que violó la independencia debida.
Una actuación por la que la auditora se expone a una retirada de la licencia operativa y baja definitiva del registro oficial del sector o una multa de hasta el 6% de sus ingresos por la verificación de cuentas en el último año, es decir, un máximo de 14 millones.
Por el mismo motivo, el ICAC amenaza también al socio responsable de auditar las cuentas en BFA-Bankia, Francisco Celma, con la suspensión definitiva como auditor o la baja temporal de entre dos y cinco años, o la imposición de una sanción económica de entre 12.001 y 24.000 euros.
En un informe que ya está en manos de la Audiencia Nacional, que investiga el caso Bankia, el ICAC le acusa de haber cometido hechos constitutivos de dos infracciones muy graves y otra grave.
El supervisor de los auditores culpa a Deloitte de aceptar trabajos distintos a los de análisis de los estados contables sin establecer las barreras chinas exigibles para no comprometer su independencia, además de no llevar a cabo con rigor su función de verificación de la situación de BFA-Bankia.
La compañía, auditora histórica de Caja Madrid y Bancaja, avaló los números de la entidad en el momento de la salida a bolsa, que sirvió de base para poder atraer a unos 350.000 inversores. Ni un año después, se negó a certificar las cuentas de 2011, alegando un desfase patrimonial generado después del debut en el mercado que precipitó la dimisión de Rodrigo Rato como presidente y la nacionalización urgente del grupo bancario.
Sin salvaguardas
El ICAC considera que Deloitte no evaluó adecuadamente la amenaza de su independencia al aceptar, al menos, tres trabajos ni estableció las salvaguardas correctas, según el informe al que ha tenido acceso este periódico. Se trata de los servicios contratados en enero, febrero y abril de 2011 por Bankia para la configuración de la entidad cotizada, de colaboración en la salida a bolsa y de la revisión del nuevo proyecto contable. Todos ellos previos al estreno bursátil que tuvo lugar en julio de ese año.
El organismo supervisor critica la existencia de expertos de Deloitte que participaron al mismo tiempo en servicios de auditoria y de no auditoría, como los socios Fernando Foncea y Miguel Ángel Bailón, y el gerente Daniel Foncubierta.
Por tanto, el ICAC concluye que la auditora aceptó trabajos de los que se deduce que Deloitte "colabora con la dirección de Bankia en la realización de actividades con incidencia en cuestiones tales como la determinación de la rentabilidad por negocios y consumo de capital de cada uno de ellos, cuantificación de la deuda a mantener en el banco malo (la matriz BFA), alternativas posibles de salida a bolsa, evaluación de las necesidades del capital adicional" por el primer real decreto de saneamiento del sector impulsado por el Gobierno.
La firma consultora cobró en la primera de mitad de 2011 honorarios por importe de 2,146 millones de euros por labores diferentes a la verificación de cuentas del grupo financiero, lo que supusieron el 57,19 por ciento de los 3,75 millones facturados si se incluye el servicio de auditoría.
Defensa de la firma
Deloitte ha presentado al ICAC un argumentario de alegaciones para rebatir las acusaciones y lo respalda con un informe elaborado por el despacho jurídico Garrigues. Su defensa descansa prioritariamente en tres puntos. En primer lugar, sostiene que "no preparó información financiera alguna que pasara a ser parte integrante de los balances", sino que emitió recomendaciones y sugerencias sobre las que decidía la propia entidad. En segundo lugar, que su función sólo fue de mero consultor y que nunca participó en los grupos creados por el banco para preparar la salida a bolsa. Y en tercer lugar, argumenta que fueron Bankia y las autoridades quienes le pidieron colaboración dada la gran dificultad del proceso.
"Tanto la CNMV como la dirección de Bankia consideraron la involucración del auditor de cuentas necesaria en este proceso dada la complejidad de la materia a tratar, la falta de antecedentes de una situación como la planteada, la experiencia de Deloitte en el sector financiero" y para "anticipar" los comentarios que recibirían del auditor, explica la compañía.
El ICAC es concluyente en el expediente y no da lugar a dudas. En principio no se cree la versión de que no tenía conocimiento de la situación de la entidad, ya que "el auditor habría intervenido en el plan de negocio que llevaría a la determinación de las cifras de los balances de Bankia", que fueron incluidas en el folleto informativo.
Es más, en un documento de los papeles de trabajo de Deloitte relativo a la revisión de las cuentas del primer trimestre de 2011, califica al banco como "una empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad".
Proceso judicial
El futuro de Deloitte es ajeno al proceso judicial puesto en marcha en la Audiencia Nacional, ya que lo tendrá que resolver el propio ICAC. Si bien, la gravedad de las observaciones efectuadas por el organismo dependiente del Ministerio de Economía reclamadas por uno de los más de 30 imputados del caso Bankia abre otra vía para exigir responsabilidades al auditor.
Fuentes jurídicas señalan la posibilidad de que alguna de las partes utilice las conclusiones del ICAC para presentar una petición de testificación o imputación de la compañía o de su socio Francisco Celma, responsable de las cuentas del grupo bancario.
Celma ya tuvo que acudir en calidad de testigo a las declaraciones tomadas por el magistrado Fernando Andreu el pasado febrero. El auditor explicó al juez que en marzo de 2012, ocho después de la salida a bolsa, advirtió a la dirección del banco de la existencia de "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que el plan de recapitalización planteado por el equipo de Rato, que fue aprobado en abril por el Banco de España, tampoco garantizaban su solvencia.
Hace apenas una semana, Deloitte ha dejado de ser auditor de Bankia. La junta de accionistas de la entidad aprobó su sustitución por EY (Ernst & Young) después de que llevara más de diez años verificando el estado contable de las principales cajas integrantes del grupo ahora nacionalizado.
