"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la séptima promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
Se trata de la mayor multa jamás impuesta por los reguladores a una empresa de auditoría MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en
inglés) ha impuesto una multa de 100 millones de dólares (94,4 millones
de euros) a la firma de servicios profesionales EY por haber hecho
trampas durante varios años en los exámenes oficiales de certificación
que deben pasar sus contables, según ha informado en un comunicado.
La compañía ha admitido los hechos, así como que durante la fase de
investigación, aseguró a la SEC que no tenía constancia de los engañ ...
Tras la reforma del año 2015, y al margen de los reproches doctrinales, la insolvencia punible ha dejado atrás su carácter accesorio del concurso de acreedores
Por Francisco Javier Cabrera - 27/06/2022 - 05:00
Uno de los objetivos de la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal (en
adelante CP) era la de "facilitar una respuesta penal adecuada a los
supuestos de realización de actuaciones contrarias al deber de
diligencia en la gestión de asuntos económicos que se producen en el
contexto de una situación de crisis económica del sujeto o empresa y que
ponen en peligro los intereses de los acreedores y el orden
socioeconómico". Y vaya si lo ha intentado, aunque serán nuestros juzgados y tribunales los que nos digan si lo ha conseguido.
Tras la reforma operada por la referida Ley, el delito de insolvencia punible no requiere de la previa declaración de concurso
como requisito de procedibilidad, pues solo necesita, como presupuesto
de la acción, que el deudor haya dejado de cumplir regularmente con sus
obligaciones de pago (artículo 259.4 CP) y, por tanto, se puede dirigir
la acción penal contra el deudor, sin necesidad de la previa declaración
formal o judicial de insolvencia en un procedimiento concursal. Este
hecho tiene un efecto trascendental, pues convierte el delito de insolvencia punible en una herramienta totalmente independiente de procedimiento concursal para que los acreedores puedan hacer valer sus derechos frente a sus deudores.
Pero es que, además, la reforma ha dotado a la insolvencia punible de
una eficacia que viene a reemplazar a la calificación concursal, pues la
casuística recogida en los artículos 259 a 261 CP contiene
todos los supuestos regulados en la legislación en relación con la
calificación culpable. A lo que debemos añadir, que el artículo 259.1.9ª
CP recoge una cláusula general de carácter abierto que permite imputar
por insolvencia punible "cualquier otra conducta activa u omisiva que
constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de
asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del
patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación
económica real del deudor o su actividad empresarial", y ello unido a
que el artículo 259.3 CP también tipifica la comisión imprudente del
delito, nos lleva a afirmar que el legislador ha proyectado la insolvencia punible más allá del ámbito concursal y también empresarial.
Con la actual regulación en la que se tipifica, no solo cualquier
conducta que constituya una infracción grave del deber de diligencia,
sino los comportamientos de pura imprudencia o falta de diligencia y de
responsabilidad al tomar decisiones económicas, se abre la puerta a la
posible imputación por cualquier conducta propia de una gestión
irregular del patrimonio personal como son los casos de
sobreendeudamiento activo, es decir, aquellos casos en los que un consumidor se endeuda por encima de sus posibilidades,
sin atender a su nivel de ingresos y gastos, asumiendo sus obligaciones
mediante la financiación. Dejando fuera el sobreendeudamiento pasivo,
entendido como aquella situación en la que el deudor se ve desbordado
por contingencias inesperadas e imprevisibles, como puede ser la pérdida
del puesto de trabajo.
Un caso típico del sobreendeudamiento activo es el uso irresponsable y desaforado de la tarjeta de crédito
para la adquisición de bienes de consumo, que cause o, en su caso,
agrave la insolvencia del deudor. Esta conducta es un grave problema
social que, sin embargo, con la redacción actual del delito de
insolvencia punible, puede conllevar pena de prisión para el causante.
También decimos que va más allá del ámbito empresarial porque no hace
ninguna distinción entre el deudor-empresario y el deudor-consumidor, y
esta falta de distinción entre empresarios y consumidores, sobre todo en
relación con la cláusula abierta (artículo 259 1. 9ª CP) y la insolvencia imprudente del artículo 259.3 CP,
es objeto de muchas críticas por parte de la doctrina, ya que
consideran que, además de ser muy cuestionables, tanto por su redacción
abierta, en el primer caso, como por la sobre criminalización de ilícitos mercantiles,
en el segundo, que hasta ahora se venían resolviendo en la calificación
concursal, esta penalización podría ser admisible en el caso de
deudores empresarios y, particularmente, de sociedades mercantiles, para
los que la legislación mercantil exige una cualificación en su deber de
diligencia, pero no para el deudor consumidor.
Llegados a este punto, serán los juzgados y tribunales los que tengan
que delimitar su aplicación, pero lo cierto es que, tras la reforma del
año 2015, y al margen de los reproches doctrinales, la insolvencia
punible ha dejado atrás su carácter accesorio del concurso de
acreedores, subrayando su absoluta autonomía, ensanchando de forma muy
significativa su ámbito de aplicación, convirtiéndose así en un valioso instrumento para que los acreedores puedan reclamar sus derechos.
Nuevas normas sobre información corporativa en materia de sostenibilidad: el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo político provisional - Consilium
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado hoy un acuerdo político provisional en relación con la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad.
Consejo de la UE Comunicado de prensa 21 de junio de 2022 23:15
La propuesta tiene por objeto subsanar las deficiencias de las normas vigentes
en materia de divulgación de información no financiera, cuya calidad
era insuficiente para que los inversores pudieran tenerla debidamente en
cuenta. Además, dichas deficiencias entorpecen la transición hacia una
economía sostenible.
Este acuerdo es una excelente noticia para todos los
consumidores europeos. Ahora estarán mejor informados de los efectos que
tienen las empresas en los derechos humanos y en el medio ambiente. Por
lo tanto, habrá más transparencia para los ciudadanos, para los
consumidores y para los inversores, y también más legibilidad y
sencillez en la información que aportan las empresas. Las empresas deben
participar plenamente en la sociedad. El blanqueo ecológico ha llegado a
su fin. Con este texto, Europa se sitúa a la cabeza de la carrera
normativa internacional, estableciendo estándares elevados acordes con
nuestras ambiciones medioambientales y sociales.
Bruno le Maire, ministro de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial y Digital
¿Cuáles son las nuevas normas?
La Directiva sobre información
corporativa en materia de sostenibilidad modifica la Directiva sobre
información no financiera de 2014. Introduce exigencias más detalladas en materia de informes y garantiza que las grandes empresas estén obligadas a publicar información en materia de sostenibilidad, como los derechos medioambientales, los derechos sociales, los derechos humanos y los factores de gobernanza.
La
Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad
introduce asimismo un requisito de certificación de la información
publicada en materia de sostenibilidad, así como de mejora del acceso a la información, al establecer que se deberá publicar en una sección concreta de los informes de gestión de las empresas.
El Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) se responsabilizará de fijar las normas europeas, mediante el asesoramiento técnico de diversas agencias europeas.
¿Cuál será el ámbito de aplicación de la Directiva?
La normativa de la UE en materia de información no financiera se aplica a todas las grandes empresas y sociedades que cotizan en los mercados regulados. Estas empresas son también responsables de la evaluación de las informaciones por parte de sus filiales.
Las normas se aplican además a las pymes
que cotizan en bolsa, teniendo en cuenta sus características
específicas. Las pymes contarán con la posibilidad de una excepción (opt-out) durante un periodo transitorio, es decir que estarán exentas de aplicar la Directiva hasta 2028.
Por lo que se refiere a las empresas no europeas,
la obligación de presentar un informe de sostenibilidad se aplica a
todas las empresas que generen un volumen de negocios neto en la UE de
más de 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal
en la UE. Esas empresas deben informar sobre sus efectos ASG, es decir,
sobre los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, tal como se
definen en la Directiva.
¿Quién garantiza la calidad de la presentación de la información?
La información deberá estar certificada por un auditor o un certificador independiente acreditado.
Con objeto de garantizar que las empresas respeten las normas de
presentación de la información, un auditor o un certificador
independiente velarán por que la información sobre la sostenibilidad sea
conforme con las normas de certificación adoptadas por la UE. La
información presentada por las empresas no europeas también debe estar
certificada por un auditor europeo o establecido en un tercer país.
¿A partir de cuándo se aplican las normas?
El Reglamento se aplicará en tres fases:
1 de enero de 2024 para las empresas ya sujetas a la Directiva sobre divulgación de información no financiera;
1
de enero de 2025 para las grandes empresas no sujetas en la actualidad a
la Directiva sobre divulgación de información no financiera;
1
de enero de 2026 para las pymes que cotizan, así como para las entidades
de crédito pequeñas y no complejas y para las empresas de seguros
cautivas.
Siguientes etapas
El acuerdo provisional alcanzado hoy deberá ser refrendado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
En
lo que se refiere al Consejo, el acuerdo político provisional se
someterá a la aprobación del Comité de Representantes Permanentes
(Coreper), antes de pasar a las etapas formales del procedimiento de
adopción. La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Un exconsejero catalán de CiU lidera el comité asesor para sacar a la Diócesis de la bancarrota | Ideal
La comisión tendrá dos años para diseñar un plan de viabilidad, ponerlo en marcha y marcar el camino para salir del agujero contable
MIGUEL CÁRCELES Almería Viernes, 24 junio 2022, 23:17
Xavier Pomés i Abella, economista y exconsejero
de Gobernación, de Interior y de Sanidad y Seguridad Social durante
varios gobiernos de la Convergència i Unió de Jordi Pujol en la
Generalitat catalana, será el encargado de coordinar la comisión que
tratará de trazar un mapa de salida de la bancarrota para la Diócesis de
Almería, asfixiada a día de hoy por una deuda financiera de casi 24
millones de euros. Con estrechos vínculos con la Conferencia Episcopal, a
la que asesora de forma altruista en cuestiones económicas –está
jubilado– Pomés tendrá el encargo de coordinar durante los próximos dos
años el trabajo propio y de David Martín Casero, director de compras de
la Conferencia EpiscopalEspañola y de Antonio Gil Márquez, un empresario
cordobés de la rama de la automoción.
Los
tres miembros de la comisión son laicos y tienen profundos
conocimientos económicos. El primero ya ha seguido de cerca el trabajo
de auditoría de Deloitte y tiene por la mano los números de la Iglesia
almeriense en toda su profundidad. Participó la pasada semana en la
presentación de la auditoría diocesana a los sacerdotes almerienses en
la Casa de Espiritualidad.
Por su parte, Martín Casero ya está bregado
en estos asuntos. En enero de este año fue designado interventor
económico, patrimonial y de recursos humanos de la Diócesis de Zamora,
aparentemente también con apuros económicos que le han impelido a
diseñar un plan de viabilidad económica que les saque del atolladero
contable.
El nombramiento de la comisión, que el
obispo Antonio Gómez Cantero ha denominado oficialmente por decreto como
«Comisión de Asesoramiento Técnico del Plan de Viabilidad Económica de
la Diócesis de Almería», tuvo lugar este miércoles. «Una vez conocida la
situación actual de la economía de la Diócesis de Almería mediante la
auditoría realizada, como señalé en mi Carta 'El surco y el arado' del
pasado día 16 de junio, es necesario dar los primeros pasos para
afrontarla contando, en primer lugar, con un equipo de técnicos y
expertos que asesoren en esta tarea», relató ayer el prelado en su
decreto episcopal.
Las funciones de esta comisión son las de
elaborar un plan de viabilidad económica para la Diócesis, aportar
propuestas técnicas viables, impulsar y realizar un seguimiento de las
actuaciones en base a dicho plan, evaluar el desarrollo y la consecución
de objetivos del plan y proponer modificaciones o adaptaciones en el
caso en que se consideren oportunas. «Esta Comisión realizará un
asesoramiento técnico al Obispo diocesano, sometiendo a su aprobación
sus propuestas», remarca el decreto, que marca un periodo de vida a la
comisión de dos años.
A día de hoy, la Diócesis de Almería tiene
una deuda financiera con bancos de 23,9 millones de euros. De este
montante, ocho millones tienen que devolverse en el corto plazo y son
los que más apremian a la Iglesia provincial almeriense. Los datos los
incluye una auditoría realizada por Deloitte al periodo de gestión
económica situado entre enero de 2010 y diciembre de 2021 –encargada por
la Conferencia Episcopal– que aún no ha visto la luz pública pese a que
en la Diócesis anunciaron que sería de acceso abierto en aras a la
transparencia de la Institución. Se alega la necesidad de adaptarla a la
Ley de Protección de Datos.
Isabel Peñalosa, AEF: 'Es urgente actualizar la Ley de Mecenazgo con la participación del Tercer Sector' (Acción Social) :: Compromiso RSE
II Foro de Mecenazgo Artístico. El rompecabezas del mecenazgo: hacia una nueva legislación La directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Isabel Peñalosa, ha participado en el II Foro de Mecenazgo Artístico organizado por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, con la colaboración del Consejo Autonómico de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), y celebrado la semana pasada en Oviedo.
20/06/2022 07:50:11
Con el título El rompecabezas del mecenazgo: hacia una nueva legislación,
el encuentro ha servido para fomentar la reflexión sobre el papel que
los mecenas culturales –personas u organizaciones- pueden asumir en la
contribución a fines culturales y sociales de interés general.
En él han participado también Jesús
Sanmartín Mariñas, economista y auditor de cuentas, y Antonio Blanco
Prieto, miembro de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de
Asturias y del Consejo Autonómico de Fundaciones de la AEF.
Este encuentro ha servido para reflexionar sobre el concepto de
mecenazgo, así como para conocer su regulación actual y las posibles
medidas para lograr un mayor fomento y reconocimiento.
La
normativa en materia de mecenazgo es una herramienta decisiva para
impulsar las acciones filantrópicas de contribución y apoyo a la cultura
y a todos los fines de interés general, así como a la creación y la
conservación artística. Desde hace años, diferentes agentes sociales,
políticos, y entidades del mundo de la cultura, plantean la idoneidad de
promulgar una Ley de Mecenazgo para estimular su desarrollo en nuestro
país.
“Desde la AEF llevamos años trabajando en conseguir una
reforma de la Ley de Mecenazgo, que es urgente y que tiene que contar
con la participación del sector fundacional y del Tercer Sector en
general”, ha explicado Isabel Peñalosa. “Esta nueva ley tendría que
adecuar el concepto de mecenazgo al nuevo entorno y a la capacidad de
las organizaciones no lucrativas para contribuir a los fines de interés
general. Además, tendría que implicar a más ciudadanía y lograr que más
personas ejerzan la filantropía activamente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo,
contemplando nuevas formas de mecenazgo, ampliando los límites de las
deducciones, más allá del micromecenazgo, actualizando los fines de
interés general y estimulando la capacidad de inversión social de las
fundaciones. En definitiva, necesitamos una ley que resuelva las
deficiencias que tiene el modelo actual y esto sería algo que
beneficiaría a toda la sociedad porque tengamos todos en mente que el
mecenazgo, el derecho de fundación para fines de interés general, es un
derecho consagrado en nuestra Constitución y que las fundaciones
conforman un sector capaz de pensar a largo plazo, de anticipar
necesidades sociales e investigar y arriesgar en soluciones innovadoras
en muchos ámbitos, como ha quedado demostrado con la pandemia del
Covid”.
Por su parte, Antonio Blanco, miembro de la Asociación de
Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias, y del Consejo Autonómico
de Fundaciones de la AEF, ha asegurado que la ley también
debería contribuir a mejorar la reputación y el valor social de los
mecenas, difundiendo su impacto en la cultura y en la sociedad.
AECA presenta la nueva obra de Javier Fernández Aguado «El encuentro de cuatro imperios» junto a la editorial Kolima, en la sede de la asociación en Madrid, como parte de los nuevos Webinars Internacionales AECA, llenando el aforo de la sesión. La conferencia internacional fue presentada por José Luis Lizcano, director gerente de AECA y Marta Prieto, fundadora y directora de la editorial Kolima, y contó con la colaboración de casi una docena de entidades conveniadas en Latinoamérica, como el Politécnico Gran Colombiano o la Universidad Nacional del Centro del Perú.
La diócesis de Almería tiene una deuda con las entidades financieras de 23,9 millones de euros - Alfa y Omega Es la conclusión de la auditoría realizada por Deloitte, que ha analizado el periodo que comprende desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2021 Redacción 17 de Junio de 2022
Después de tres meses de auditoría a la diócesis de Almería,
realizada por un equipo de ocho personas de la firma Deloitte, la
conclusión presentada este viernes por Joseba Segura, obispo de Bilbao y
economista, y la coordinadora del estudio, Cristina Lafuente, es que la
deuda de la institución con las entidades financieras es de 23,9
millones de euros. El estudio ha analizado el periodo que comprende
desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2021.
Momento de la presentación de la auditoría. Foto: Diócesis de Almería.
El obispo, Antonio Gómez Cantero, ha explicado en una carta
dirigida a los fieles que la diócesis diseñará «un planteamiento serio
para poder asumir» la deuda. Para ello, buscará la ayuda de un equipo de
personas capacitadas, que designará más adelante.
Para el resto de la comunidad diocesana, el prelado pide «una tarea
de discernimiento», y relanzar «la tarea pastoral y evangelizadora allí
donde se haya debilitado, intentando reanimar a los creyentes que han
perdido la ilusión». Además, Gómez Cantero, que lleva al frente de la
diócesis almeriense desde noviembre de 2021, recalca la importancia de trabajar «la conversión del corazón, pues necesitamos perdonar y perdonarnos».
En la carta, el obispo diocesano recuerda además que «hace más de 20
años que la Conferencia Episcopal nos pide a las diócesis la mayor
trasparencia en nuestras actuaciones, en todos los ámbitos de nuestras
tareas, pero sobre todo en la economía, pues cada persona de la
comunidad debe saber cómo y en qué se utilizan los donativos que aportan
a sus parroquias, asociaciones, movimientos, hermandades… así como a la
diócesis».
La Diócesis de Almería registra una deuda con entidades financieras
de 23,9 millones de euros que va a obligar a realizar un "planteamineto
serio" para poder "salir adelante", según ha indicado el Obispado ante
la comunidad diocesana tras la presentación de las conclusiones de la
auditoría económica efectuada por Deloitte sobre el periodo comprendido
entre enero de 2010 y diciembre de 2021.
Los sacerdotes de Almería fueron convocados este miércoles en la Casa
de Espiritualidad de Aguadulce, en Roquetas de Mar, para conocer de
primera mano las conclusiones del estudio realizado a petición del
obispo Antonio Cantero a finales de 2021, par parte del obispo de
Bilbao, Joseba Segura, y la coordinadora del estudio, Cristina Lafuente
según ha indicado la Diócesis en un comunicado.
En una nota carta remitida a la comunidad, el obispo ha señalado el
trabajo realizado por el equipo de ocho auditores para conocer el estado
de las cuentas conforme a las directrices de la Conferencia Episcopal,
que "nos pide a las diócesis la mayor trasparencia en nuestras
actuaciones, en todos los ámbitos de nuestras tareas, pero sobre todo en
la economía".
"Juntos debemos dar los pasos necesarios para salir adelante. Para
ello, buscaré la ayuda de un equipo de personas capacitadas, que
designaré más adelante", ha avanzado Cantero ante una deuda cercana a
los 24 millones de euros.
¿Quiénes son los responsables del control interno de una entidad? | Actualícese
16 junio, 2022
En lo que respecta al control interno,
las actividades de control deben ejecutarse en todas las áreas de la
empresa, incluyendo los más altos niveles de la organización.
¿Quienes realicen actividades de gestión dentro de la entidad pueden ejecutar actividades de control? La respuesta aquí.
¿Quienes realizan actividades de gestión dentro de la entidad pueden
ejecutar actividades de control?: esta cuestión es resuelta por el Dr.
Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, en el
consultorio de auditoría y revisoría fiscal. Veamos:
Sobran fundaciones y falta transparencia, según los economistas, que urgen un registro centralizado para informar de RSC - Ibercampus.es
España tiene más de 9.000, casi como Alemania, con ingresos anuales de 8.000 millones
España es el país europeo, tras Alemania, con mayor número de fundaciones: 9.218, de las cuales cerca del 50% se han constituido entre los años 2003 y 2019. Suman unos activos de más de 22.000 millones y unos ingresos anuales de cerca de 8.000 millones de euros, entre ayudas públicas y donaciones privadas, lo que generan cerca de 300.000 empleos. Pese a la importancia de este "tercer sector" y a la creciente demanda social de los servicios que presta, con casi 44 millones de beneficiarios en 2019, sus niveles de transparencia son claramente mejorables, según pone de manifiesto el estudio Información financiera y no financiera de las fundaciones en España realizado por el Consejo General de Economistas. Aunque las fundaciones están obligadas a publicar información financiera y sobre sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), dicha información es, en algunos casos, escasa y heterogénea, y, en otros, está desactualizada. Ello deriva en la complejidad de obtener información económico-financiera por parte de cualquier interesado, por la inexistencia de un registro centralizado.
Mejorar la transparencia de las
fundaciones estableciendo un registro centralizado donde se deposite la
información financiera y no financiera de las mismas, incrementar el
tamaño de este tipo de entidades, avanzar hacia una mayor
profesionalización en su gestión y acelerar la transformación digital
son algunas de las conclusiones que pueden extraerse del Informe Información
financiera y no financiera de las fundaciones en España: análisis de
casos a partir de sus notas a los estados financieros y otros estados, que ha sido presentado hoy y que ha sido elaborado por el Consejo General de Economistas de España (CGE),
a través de su órgano especializado en Información Financiera y no
Financiera –Economistas Contables (EC)–, bajo la coordinación del
Servicio de Estudios de dicho Consejo General.
El acto ha sido inaugurado por Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE), y por María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de España, y en él han participado los coordinadores de este estudio: Salvador Marín, presidente EFAA for SMEs y director del Servicios de Estudios del CGE, y Francisco Javier Martínez,
presidente del Registro de Economistas Docentes e Investigadores (REDI)
del CGE. El acto ha concluido con un coloquio, que ha sido moderado por
Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC), en el que han participado todos los intervinientes.
Dicho estudio está dividido en tres
partes: En la primera se realiza una aproximación a la coyuntura
económica del sector de las fundaciones. En la segunda parte se analiza
la normativa contable que afecta a las fundaciones. En la tercera, se
identifica, clasifica y analiza la casuística sobre la información
financiera y no financiera del sector a través 75 casos de fundaciones reales. El estudio incluye al final una serie de conclusiones y propuestas.
Coyuntura económica del sector de las fundaciones
Según se destaca en el estudioInformación financiera y no financiera de las fundaciones en España, el sector de las fundaciones en España tiene un papel destacable en la economía, aportando un 0,8% del PIB y generando en su conjunto más de 267.000 empleos directos y no menos de 10.000 indirectos. Los beneficiarios
totales de las fundaciones en España se han incrementado de forma
notable desde 2008 a 2019, con un total nacional en este año final de 43.706.351, frente a los 17.801.780 al inicio de la serie.
La penetración de las fundaciones en
la sociedad española es relativamente alta. Así, según la Asociación
Española de Fundaciones (AEF), en 2019 (último dato disponible) había en
España 20 fundaciones por cada 100.000 habitantes, localizándose en las CCAA de Madrid, Cantabria y Navarra las mayores densidades (33, 31 y 31 por cada 100.000 habitantes, respectivamente).
En relación al número de fundaciones a nivel europeo, España
es, después de Alemania, el país con mejores cifras de este tipo de
entidades activas, concretamente 9.218, de las cuales cerca del 50% se
han constituido entre los años 2003 y 2019
(último dato disponible). Lo que demuestra la importante tradición
fundacional española y el creciente interés por este tipo de entidades.
Desde la perspectiva presupuestaria,
la actividad de las fundaciones se ha mantenido en equilibrio
presupuestario a lo largo de los años, aunque, de media, incurren en un
pequeño déficit (en 2019 tuvieron unos ingresos totales de 7.754 millones de euros y unos gastos de 8.499 millones).
En cuanto a la suma de los activos gestionados por estas fundaciones,
tampoco presenta grandes cambios a lo largo del periodo. En promedio
anual, el activo de las fundaciones en España se sitúa en 21.772
millones de euros, siendo el dato de 2019 algo mayor, con 22.501 millones de euros.
Respecto a la procedencia de los ingresos de las fundaciones, durante el periodo analizado, aproximadamente y de media, el 85% de los fondos han tenido origen privado, mientras que el 15% procedía del sector público.
Además, la iniciativa creadora de estas fundaciones recae mayoritariamente en personas físicas, suponiendo casi el 73% las creadas por estas, frente al resto, que son constituidas por asociaciones y empresas, y casi tres cuartas partes de todas las fundaciones se constituyen con dotaciones referentes al mínimo estándar (30.000 euros), y las que lo sobrepasan son en su mayoría inferiores a 150.000€.
Si atendemos a la estructura de las fundaciones según su patrimonio, en 2019, aquellas con patrimonios pequeños y medianos (hasta 500.000€) suponían el 69,77% del total registrado en España.
Información financiera y no financiera del sector del sector de las fundaciones
A la vista de estos datos, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich,
ha destacado la creciente importancia del denominado Tercer Sector, del
que forman parte las fundaciones, cuyo buen comportamiento de estas
últimas –que se refleja en el cada vez más elevado número de beneficiarios–
podría explicarse por la naturaleza social y asistencial de las
actividades que desarrollan, y por los valores que promueven que son
“claves para el bienestar y la prosperidad de cualquier nación
desarrollada”. Es por ello que, para Pich, “si bien resulta razonable que las fundaciones tengan un régimen fiscal privilegiado con respecto al resto de entidades(tributación
a un tipo reducido del 10%, frente al tipo general del Impuesto sobre
Sociedades del 25% por las actividades económicas que realicen fuera de
su finalidad estatutaria, no teniendo que tributar en este impuesto por
la actividad propia de su objeto), no lo es que los
requerimientos sobre información financiera y no financiera que están
obligadas a depositar en el registro difieran, o no estén en
consonancia, con los exigidos a cualquier otra sociedad mercantil, ya
que, en aras de la transparencia, es absolutamente necesario que quien
quiera consultar dicha información para la toma de decisiones –ya sea un
donante de fondos o un usuario de servicios– pueda hacerlo sin ningún
tipo de traba”. “Esta responsabilidad recae en la Administraciones –ha
recalcado Pich–, por eso desde el Consejo General de Economistas pedimos
a los gobiernos –estatal y autonómicos– que garanticen un mejor
escenario regulatorio para este tipo de entidades y trabajen en la
estandarización de los requerimientos mercantiles de las fundaciones, ya
que la normativa presenta bastantes diferencias en función del ámbito
territorial donde realicen su actividad”.
Además de analizar las principales variables económicas que caracterizan el sector de las fundaciones, el estudio titulado Información financiera y no financiera de las fundaciones en España identifica,
clasifica y analiza la ingente casuística sobre la información
financiera y no financiera que presentan las fundaciones españolas (a
través de 75 casos de estudio de fundaciones reales de diferentes tamaños y actividades). Todo ello con
objeto de determinar si las fundaciones españolas son, o no,
suficientemente transparentes en cuanto a la rendición de información
financiera y no financiera.
El estudio –según han explicado sus coordinadores, Salvador Marín, y Francisco Javier Martínez– pone de manifiesto que “aunque
las fundaciones están obligadas a publicar información financiera y
sobre sostenibilidad, dicha información es, en algunos casos, escasa y
heterogénea, y, en otros, está desactualizada”. “Este problema –han afirmado– deriva
en la complejidad de obtener información económico-financiera por parte
de cualquier interesado, lo que puede estar ocasionado por la
inexistencia de un registro centralizado donde se deposite toda esta información al igual que existe para las sociedades mercantiles”.
Para Salvador Marín, “otro problema añadido de las fundaciones españolas radica en su reducido tamaño,
“un mal endémico de nuestro país que afecta a todo tipo de entidades”,
que ahora pretende ser atajado mediante la Ley “Crea y Crece”, que se
encuentra en estos momentos en tramitación parlamentaria, y a la que
“desde el Consejo General de Economistas hemos presentado alegaciones
enfocadas a facilitar la constitución de entidades de economía social y
favorecer su crecimiento, ya que el texto legal parece estar solo
pensado para sociedades mercantiles”. Además de la necesidad de mejorar
la transparencia e incrementar el tamaño, Marín ha destacado otros retos para el sector, entre los que se encuentran “la aceleración de la innovación y la transformación digital, y una
mayor profesionalización en los ámbitos de gobernanza y gestión, y
adicionalmente en aspectos como el cambio climático, la lucha contra la
contaminación, y, en general, en temas de dependencia, asistenciales y
de atención a desplazados por causas bélicas o económicas”.
En opinión de Francisco Javier Martínez
“este tipo de estudios llevados a cabo por el Consejo General de
Economistas son muy útiles y apreciados tanto por los profesionales que
los utilizan como por la propia academia, pues ayudan a profundizar en
aspectos clave, como puede ser la casuística contable de un determinado sector,
coadyuvando en la adquisición de un mayor y certero conocimiento, lo
que hace que nos podamos situar en una mejor posición a la hora de
proponer cambios normativos”.
El acto se ha cerrado con un coloquio que ha sido moderado por Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC), quien ha señalado que “cada vez más, las fundaciones trabajan sobrepasando las fronteras de un determinado país; sin embargo, el
enfoque de los reguladores internaciones ha sido desarrollar solo
estándares contables para entidades con fines de lucro del sector
privado, como es el caso de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), pese a reconocerse la necesidad de avanzar en la
elaboración de informes estandarizados para las entidades sin fines
lucrativos que sirvan de referencia”. “Este vacío normativo –ha afirmado Gracia– ha
llevado a algunas jurisdicciones, como la española, a desarrollar sus
propios estándares, algo loable pero que no permite la comparabilidad de
la información financiera e [sic]
Economistas Contables (EC) es el órgano especializado en materia de contabilidad e información financiera y no financiera del Consejo General de Economistas,
que está constituido por cerca de 3.000 economistas pertenecientes a
los distintos colegios. EC se creó en 2008 con el propósito de servir de
cauce y punto de unión entre las diversas actividades del Economista y
su relación con la información financiera en general y la contabilidad
en particular.
El Consejo General de Economistas de España
coordina y representa en los ámbitos nacional e internacional a todos
los Colegios de Economistas y de Titulares Mercantiles de España, y
ordena y defiende el ejercicio profesional de sus colegiados. En la
actualidad hay 55.000 colegiados entre los 44 Colegios existentes.
Economía/Finanzas.- Bizum designa a RSM como auditor hasta 2024 - Bolsamania.com
14 jun, 2022 13:18
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La junta de socios de Bizum designó la semana pasada a la firma RSM como
auditor de cuentas para el periodo 2022-2024 y aprobó una pequeña
reducción de capital como consecuencia del proceso de transmisión
obligatoria realizada por CaixaBank, según informaron fuentes de la
sociedad consultadas por Europa Press.
El consejo de administración de Bizum convocó su junta general
ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebró en Madrid le pasado
9 de junio.
Por un lado, los socios acordaron designar a la
firma RSM como auditor de cuentas de Bizum para el periodo comprendido
entre 2022 y 2024.
Asimismo, aprobaron una reducción del capital
social mediante la amortización de un total de 1.277 participaciones
sociales adquiridas en autocartera por la sociedad como consecuencia del
proceso de transmisión obligatoria realizada por CaixaBank, tras su
fusión con Bankia.
La reducción del capital acometida asciende a
535,063 euros (0,419 euros por acción) y representa apenas un 0,0228%
del capital social de Bizum.
La solución de pagos Bizum es
propiedad de 23 entidades bancarias que operan en el mercado español. En
la actualidad, cuenta con 20,5 millones de usuarios activos, 30 bancos
afiliados y 33.500 comercios online.
Los economistas afirman que es necesario mejorar la transparencia de las fundaciones
Mejorar
la transparencia de las fundaciones estableciendo un registro
centralizado donde se deposite la información financiera y no financiera
de las mismas, incrementar el tamaño de este tipo de entidades, avanzar
hacia una mayor profesionalización en su gestión y acelerar la
transformación digital son algunas de las conclusiones extraídas del
último informe del Consejo General de Economistas de España (CGE).
El informe 'Información financiera y no financiera de las fundaciones en
...
El sector de la auditoría y la consultoría vivió en 2021 un año excepcional. Fue uno de esos negocios que no solo no se vio afectado por la pandemia, sino que incluso se benefició por la crisis provocada por el coronavirus: muchas empresas se vieron obligadas a pivotar, a transformar sus modelos de negocio, para lo que necesitaron a asesores profesionales que les ayudasen en esta remodelación.
El auge de este sector se ve muy claro si observamos los resultados
de las conocidas como 'Big Four', las cuatro grandes firmas de este
campo a nivel global. Hablamos de Deloitte, PwC, EY y KPMG. Estos cuatro
gigantes facturaron unos 150.000 millones de euros a nivel global en 2021, el mejor dato desde 2002.
Santiago Carcar - Madrid - 13 jun 2022 - 5:45 CEST
Los planes de EY han abierto un debate de calado: ¿tiene sentido que las grandes firmas de servicios profesionales separen sus negocios de consultoría y auditoría?
El plan
de EY, en esencia, consistiría en aprobar una ruptura histórica del
negocio para solucionar conflictos de interés que han alertado a los
reguladores. Las opciones bajo revisión incluyen una posible oferta en
Bolsa o la venta de una participación en el negocio de asesoría. Goldman
Sachs y JPMorgan asesoran a la firma. EY ni confirma ni desmiente. La
declaración oficial de EY Global tras la filtración fue escueta.
“Cualquier cambio significativo en nuestra estructura solo ocurriría
previa consulta con los reguladores y después de los votos de los socios
de EY. Estamos en las primeras etapas de esta evaluación y no se han
tomado decisiones”. Sus tres competidoras se ponen de perfil. Coinciden
en que los planes de EY no les incumben. Las tres contemplan mantener
sus negocios tal y como están, con la auditoría como manantial de
ingresos seguros y la consultoría —Deloitte está más volcada en esta
actividad que el resto— como palanca de crecimiento.
El revuelo creado tras la
filtración del plan se entiende mejor con números. Las cuatro grandes
son las supervivientes de las fusiones que transformaron el sector en el
siglo XX. Un salto desde las big eight (Arthur Andersen; Arthur
Young; Coopers & Lybrand; Ernst & Whinney; Deloitte Haskins
& Sells; Peat Marwick Mitchell; Price Waterhouse, y Touche Ross) a
las big four. Menos para repartir. Las cuatro ganaron 155.000
millones de euros en 2021 por su actividad en 150 países. El mejor
resultado desde que el escándalo de la eléctrica Enron en 2002 calcinó a
la auditora Arthur Andersen e hizo surgir a Accenture, especializada en
consultoría. En España, la facturación de las cuatro grandes en 2021
alcanzó los 2.659 millones, un 4,1% más.
El aldabonazo de West no solo ha conmocionado a los 312.000 empleados de EY. Los empleados de las big four
—un ejército de 900.000 trabajadores— temen la ola. La agitación ya se
ha cobrado una pieza en EY: la directora de la compañía en EE UU, Kelly
Grier, enfrentada al jefe global Carmine Di Sibio. La salida de Grier
revela las tensiones entre los feudos del grupo que compiten entre sí.
Un asunto delicado para la compañía que “confiesa” a lo más granado de
Silicon Valley: Amazon, Google, Oracle, Salesforce y Workday.
Las tensiones obedecen al funcionamiento interno. Las big four
se estructuran como redes de firmas nacionales legalmente separadas que
pagan una tarifa cada año por la marca, los sistemas y la tecnología
que comparten. Un sistema entre la concesión y la franquicia. No es
extraño que el anuncio de división inquiete a los 13.000 asociados de
EY. Encaran un proceso complejo que, de llevarse a cabo, requeriría la
aprobación de cientos de reguladores a nivel mundial y llevaría años,
según fuentes del sector.
Para los más veteranos la
música no es nueva. Al comienzo de siglo, las grandes también liquidaron
las actividades de consultoría. PwC vendió su división consultora a
IBM; KPMG repartió sus asesores entre Bearing Point y Atos, mientras que
EY vendió a Cap Gemini. El único reticente fue Deloitte, que continuó
expandiendo su empresa de consultoría.
Ahora, el runrún
se extiende pese a la resistencia de las empresas a repetir la jugada.
La pregunta es por qué. Las firmas se mueven en el filo de la navaja. A
un lado, la reputación; al otro, la ética. Una sanción mínima puede
hacer perder millones. Quizá por eso, en los planes de EY pesan los
efectos de la quiebra fraudulenta de la fintech alemana Wirecard,
en la que se cuestionó su papel supervisor. Pero el obituario
empresarial que jalona la fina línea del negocio de las grandes firmas
abarca escándalos como Enron, Parmalat, Carillion, BHS, Thomas Cook,
Wirecard o Pescanova, por mencionar los más conocidos.
Los
casos de Wirecard en Alemania y de la constructora Carillion en el
Reino Unido han subido la presión. En el Reino Unido, el Consejo de
Reportes Financieros (FRC) impulsa una reforma para que las big four
separen sus actividades antes de 2024. En el Parlamento Europeo, los
europarlamentarios Luis Garicano y Sven Giegold también piden más altura
para las murallas chinas y revisar la normativa comunitaria.
Rotación obligatoria
España
encara el debate con una normativa (2015) aprobada para trasponer la
legislación comunitaria y prevenir escándalos tipo Enron. La ley impuso
medidas como la rotación obligatoria de firmas a los diez años. La
decisión, al menos en las empresas grandes, no parece haber dado
resultados positivos en cuanto a la apertura del mercado a otras firmas,
según apuntan las fuentes consultadas. Por resumir: quienes
controlaban, controlan. Aparentemente, la normativa basta para poner
coto a las malas prácticas. En los tres últimos años, según las memorias
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo
que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, solo se han abierto
147 expedientes sancionadores. Una gota en un mar de más de 65.000
auditorías cada año. ICAC no ha querido participar en este reportaje.
Ferrán
Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, lo tiene claro. “Nuestro régimen de incompatibilidades”,
asegura, “es el más estricto y severo de cualquier profesión. Nuestra
normativa en materia de independencia es una de las más exigentes del
mundo. A pesar de ello, en nuestro país apenas ha habido sanciones en
este ámbito. Habiéndose realizado unos 120.000 informes de auditoría en
España, en los dos últimos años se han resuelto solo cuatro expedientes
sancionadores por faltas de independencia”.
EY España
coincide. “En el proceso de adaptación a la normativa europea, el
regulador español, en lo que se refiere a independencia y servicios,
decidió, dentro de las opciones que planteaba la regulación, adoptar
estándares de entre los más restrictivos —y de los finalmente
implantados—, tanto a nivel europeo como global”, asegura. Fuentes de
otra de las grandes añaden un matiz: los políticos reformaron, pero sin
escuchar a los técnicos, algo delicado en un negocio “complejo”. La
conclusión más simple de la situación en España desde el punto de vista
del sector podría ser esta; basta con la regulación actual porque el
sistema funciona. Lo que no contesta por completo la pregunta del romano
Juvenal: ¿quién vigilará a los vigilantes? Unos 2.000 años tienen la
cuestión.
No detalla la remuneración de Miguel Ángel López, su CEO y consejero, junto a la del resto de miembros del comité de dirección, lo que provoca una salvedad en sus cuentas
Por Carlos Rodríguez - 13/06/2022 - 05:00
Tirón de orejas de EY a Siemens España.
El auditor del fabricante y vendedor de productos o soluciones
electrónicas aprobó sus últimas cuentas anuales, en las que ganó 22,4
millones de euros, pero reflejó una salvedad. ¿El motivo? Ocultó el sueldo de sus altos directivos y tres consejeros, dos de ellos pertenecientes a Siemens AG, su matriz alemana,
lo que incumple la normativa vigente y provocó que la antigua Ernst
& Young tuviera que alertar sobre este hecho. Entre ellos está Miguel Ángel López Borrego, su CEO y presidente de Siemens Gamesa.
EY señala, en el fundamento de su opinión con salvedades, que "la memoria adjunta de Siemens no incluye los desgloses de información relativa al personal de alta dirección y a los miembros del consejo de
administración en relación con remuneraciones, compromisos y otras
informaciones, requeridos por la normativa vigente, en particular por el
punto 23.6 del modelo sobre el contenido de la memoria incluido en la
tercera parte del Plan General de Contabilidad".
El auditor incluye esta salvedad, pese a que no afecta a todos los
directivos de la compañía. En este caso, la empresa sí agrupa lo que
perciben ciertos directivos que, de media, cobraron 206.630 euros en el
caso de los hombres y 205.071 euros en el de las mujeres en 2021. No
obstante, en estas cuantías únicamente tienen en cuenta la retribución
de los 'senior managers' y cargos de nivel 4 y "se excluye a los consejeros de la compañía", perteneciendo dos de ellos a Siemens AG, su matriz alemana. También
el de sus altos directivos del comité de dirección, como su responsable
financiera, de Recursos Humanos, de Compras y de Informática.
En el caso de Miguel Ángel López Borrego, CEO de Siemens España y
presidente de Siemens Gamesa, no facilita ni su sueldo de CEO ni de
consejero, puesto que, tal y como reconocen en sus cuentas, "el consejo
no ha devengado ninguna remuneración por el desempeño de sus funciones salvo en el caso del consejero delegado o de consejeros a los que se les hayan atribuido funciones ejecutivas.
La sociedad, en atención a la violación de la intimidad que supondría
facilitar la remuneración de la alta dirección, así como de aquellos
administradores que también ejercen una función directiva, no considera
oportuno detallar en las cuentas anuales dicha información".
Protección de datos
Desde Siemens, también achacan el no facilitar el sueldo de sus altos directivos a lasobligaciones marcadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Todo ello, pese a que diversos consultores contactados por El
Confidencial señalan que dichas cuantías se pueden facilitar agrupadas,
como sí hace la empresa en sus cuentas con la remuneración de parte de
sus directivos, mandos medios, técnicos y profesionales o personal de apoyo, incumpliendo la normativa del Plan General de Contabilidad.
Siemens sí ha logrado cumplir en materia de igualdad retributiva al lograr unafuerte reducción de su brecha salarial entre hombres y mujeres durante el último año.
Por ejemplo, en el caso de los directivos, se ha pasado de unas
diferencias de un 10,05% a favor de los primeros en 2020 a solo un
0,75%, mientras que el caso más llamativo es el de los mandos
intermedios, ya que las mujeres han pasado de cobrar un 8,43% menos en
2020 a percibir un 5,88% más que el sexo opuesto. Esta reducción viene
motivada por el "número creciente de mujeres que van accediendo y
consolidándose en puestos directivos y mandos medios, cubriendo las
vacantes dejadas por hombres. Las políticas de la compañía para
garantizar la equidad en puestos de igual valor se ven reflejadas en
esta disminución sostenida de la brecha", según esgrimen desde Siemens.
EEUU multa con 94 millones a EY por hacer trampas en los exámenes de certificación de sus contables
