El Tribunal de Cuentas advierte de "debilidades de control interno" con la gestión de ingresos y facturas - Mérida - COPEA fin del ejercicio 2019, el remanente de tesorería obtenido por la Administración de la comunidad ascendió a un importe negativo de 163,3 millones de euros.
19 feb 2022 - 08:52 Actualizado 08:57
El Tribunal de Cuentas ha advertido de
que se mantienen las "debilidades de control interno" puestas de
manifiesto en ejercicios precedentes en relación con la gestión de
ingresos y registros de facturas en Extremadura, en especial en ambos
casos las derivadas de la interconexión de los aplicativos de gestión y
contables.
Además de la ausencia de
elaboración de un inventario consolidado y la falta de realización de
las actuaciones de supervisión continua, pese a regularse las mismas en
el propio ejercicio 2019, según se expone en el informe anual de
fiscalización de la comunidad autónoma de Extremadura, correspondiente
al ejercicio 2019 y aprobado el pasado 27 de enero.
Así, dicho informe expone que la Cuenta General de Extremadura de 2019
se ha rendido en plazo, respetando las normas y principios que le son de
aplicación, aunque, no obstante, como consecuencia de la declaración
del estado de alarma, las cuentas anuales de la totalidad de consorcios y
fundaciones integrantes del sector público autonómico, a excepción de
las correspondientes a una fundación, fueron rendidas sin informe de
auditoría y sin diligencia de aprobación.
Una vez formulados los correspondientes informes, fueron aportados
junto con las cuentas aprobadas si bien, salvo en el caso de tres
fundaciones, excediendo el plazo preceptivo. Asimismo, el Instituto de
la Mujer de Extremadura no ha acreditado la aprobación de sus cuentas.
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Recuerda
el Tribunal de Cuentas que, por acuerdo del Consejo de Gobierno de
abril de 2017, se asumió el compromiso de adaptar el Plan General de
Contabilidad Pública de Extremadura, al Plan Marco de Contabilidad
Pública aprobado en 2010, en el plazo de seis meses desde el Acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en marzo de
2017, sin que al finalizar el ejercicio fiscalizado se hubiera procedido
a la mencionada adaptación.
No
obstante, mediante decreto de 27 de diciembre, se aprueba la
implantación del sistema de gestión económico-financiera en el ámbito
del sector público autonómico con presupuesto limitativo, que sustituye
al sistema contable en vigor y que constituye el paso previo para la
efectividad de dicha adaptación contable, que tuvo lugar finalmente en
2020.
La ausencia de registro
contable de la anulación y posterior reconocimiento de las deudas
aplazadas y/o fraccionadas, determina la infravaloración de los derechos
reconocidos por este concepto en el ejercicio, por un importe neto de
11,8 millones de euros.
Además, la
utilización del sistema de contraído por recaudado en el registro de
determinados conceptos relacionados con la gestión del patrimonio
inmobiliario supuso la ausencia de imputación, en 2019, de derechos
devengados y no vencidos por este concepto por un total de 2,7 millones
de euros y la infravaloración de los deudores presupuestarios por estos
conceptos en 43,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2019.
BENEFICIOS FISCALES
En
relación con los beneficios fiscales que figuran recogidos en la Ley de
Presupuestos de Extremadura para el ejercicio 2019, 562,3 millones de
euros, salvo requerimientos específicos, no se realiza un análisis de la
ejecución real de los mismos ni de sus posibles desviaciones, ni se
definen parámetros objetivos que permitan evaluar su eficacia en
relación con las políticas sociales o económicas que sustentan su
creación.
Por otra parte, formando
parte de los 34,7 millones contabilizados como acreedores pendientes de
imputar a presupuesto figuran 8 millones de euros correspondientes a
deudas por tributos locales anteriores a 2012 pendientes de depurar,
"sin que se haya certificado por los organismos autónomos de recaudación
la adecuación de esta deuda".
A
fin del ejercicio 2019 el remanente de tesorería obtenido por la
Administración de la comunidad ascendió a un importe negativo de 163,3
millones de euros. Pese a no contar con un sistema de seguimiento de
gastos con financiación afectada se han financiado modificaciones
presupuestarias con remanente por 19 millones de euros.
Así, el Tribunal de Cuentas ha indicado que la consideración de las
salvedades puestas de manifiesto en este informe, principalmente en
relación con deudores no reconocidos, hubiera supuesto reducir el
importe negativo del remanente en 47,3 millones de euros.
Tampoco se ha acreditado la existencia de un procedimiento que permita
evaluar los posibles pasivos contingentes, habiéndose identificado
responsabilidades que finalmente dieron lugar al reconocimiento de
obligaciones por al menos 18,4 millones de euros que, al menos,
requerirían una mención en la memoria.
CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
El
Tribunal de Cuentas ha apuntado en su informe que la evolución de la
ejecución presupuestaria de determinados organismos autónomos y entes
públicos autonómicos denota un "exceso de financiación" que se viene
produciendo tanto en el ejercicio fiscalizado como en los anteriores.
Asimismo, estas entidades a excepción del Servicio Extremeño de Salud
no aplican los intereses generados por sus disponibilidades líquidas en
su presupuesto de ingresos, sin que se haya acreditado la existencia de
instrucciones en relación con el destino final de estos recursos.
Las pérdidas consolidadas del Grupo Corporación Extremeña de Medios
Audiovisuales, un 82 por ciento del total del sector en 2019, 24,9
millones de euros, se producen como resultado del registro contable como
"aportaciones de socios" de las transferencias recibidas de la Junta de
Extremadura, principal financiador de la entidad.
La demora acumulada en la ejecución de las ofertas de empleo, junto con
los límites en las tasas de reposición en las ofertas ordinarias,
motiva que a un año del cumplimiento del plazo límite para alcanzar el 8
por ciento, el índice de temporalidad de Extremadura se sitúe "muy por
encima del mismo" (un 35 % el último trimestre de 2019).
Asimismo, se han llevado a cabo contrataciones temporales de personal
sin la preceptiva autorización previa en diversas empresas, fundaciones y
consorcios integrantes del sector autonómico, con una especial
incidencia en contrataciones realizadas en 2019 por la Sociedad Gestión
de Bienes de Extremadura, afectando a 176 contrataciones realizadas por
esta última.
En 2019, los acreedores pendientes de aplicar a
presupuestos del Servicio Extremeño de Salud aumentaron un 30%, hasta
alcanzar los 186 millones de euros, lo que conlleva, a su vez, la
obtención de un remanente de tesorería negativo de 172,3 millones de
euros.
En materia de educación, no se ha acreditado la
formulación de la cuenta agregada de ámbito autonómico, ni la
formulación y aprobación de las cuentas consolidadas de ámbito
provincial correspondientes al ejercicio económico 2019.
Por
último, en el informe de fiscalización de 2019 se incorpora una serie de
recomendaciones como la inclusión en la normativa autonómica de la
obligatoriedad de realización, por parte de las distintas consejerías,
de informes de adecuación de los programas de gasto a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
También la preparación y
adjudicación por parte del SES de los contratos que sustentan las
prestaciones con medios ajenos realizadas, que vienen realizándose en
virtud de contratos prorrogados sistemáticamente por razones de interés
público.
Así como la necesidad de instrumentación de un negocio
jurídico que regule las condiciones de uso y explotación por parte de la
empresa Gestión de Bienes de Extremadura, S.A. de los activos
turísticos que constituyen su actividad principal, previa regularización
jurídica del uso de los correspondientes activos por la referida
sociedad.
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