La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha suspendido la vista en la que se juzgará al contable y al auditor de la cooperativa La Unión, de Úbeda, acusados de apropiarse de 2,6 millones de euros de la que fuera la segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios cooperativistas.
Lo ha hecho, después de que el tribunal haya estimado el planteamiento de algunas de las acusaciones particulares que han reclamado en cuestiones previas el poder considerar a la cooperativa como responsable civil subsidiario, lo que implica que La Unión, además de ejercer la acusación particular, también tiene la condición de poder ser considerado responsable civil subsidiario.
De esta forma, el tribunal ha acordado suspender la vista y dar un plazo de diez días a la cooperativa para que formule su escrito de defensa. Lo que se ha fijado es una nueva fecha para un juicio que estaba previsto que se desarrollara durante toda esta semana. La presidenta del tribunal ha indicado que habrá que ver la agenda de señalamiento y ver cuándo se puede volver a fechar el juicio.
La vista ya fue suspendida el pasado 17 de mayo, cuando el fallecimiento de la pareja de uno de los dos acusados, llevó a tribunal a señalarlo para este lunes.
El abogado de la cooperativa, Juan Muñoz, se ha mostrado confiado en "poder demostrar que hemos sido los únicos perjudicados y que no deberíamos responder civilmente ante estos perjudicados que ejercen la acusación particular porque ya se está haciendo en un procedimiento concursal en el que se firmó un convenio con unas quitas y unos pagos".
En este sentido, ha señalado que es a través de ese convenio en el que "se reconoce ese perjuicio de cada uno de los que están hoy aquí, pero de una manera civil". De hecho, ha apuntado que si finalmente se condena a la cooperativa como responsable civil subsidiario, podría conllevar que se destruyeran los acuerdos alcanzados.
En el banquillo también debería sentarse el que fuera presidente de la cooperativa José Consuegra, pero su fallecimiento en enero de 2018 ha llevado a que se extinguiera su responsabilidad penal en esta causa. Sí se sentarán J.L.R.P, el que fuera contable de la cooperativa, de 64 años, y el auditor M.R.A., de 88 años.
El Ministerio Fiscal en el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press establece que el contable y el presidente fallecido "movidos por un ánimo de obtener un lucro a costa de los ajeno", procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas.
Para ello, según el relato de Fiscalía, no sólo realizaron salidas de tesorería por importe de 1,2 millones y anticipos de remuneraciones por importe de 1,2 millones, sino que "falsearon las cuentas anuales de la sociedad, los tickets de entrega de aceituna propios y de otros propios, e incluso el acusado J.L.R.P, apoderándose de modo directo de un total de 187.600 euros".
Para ocultarlo, en 2007 "se concertaron" con el otro acusado, auditor de las cuentas y de sus filiales para que en su informe contable anual omitiera de modo "consciente y voluntario" la situación real de la cooperativa y los actos de disposición tanto del presidente como del contable. Así, les proporcionó programas informáticos para la contabilidad "de modo que se engañaba a los miembros del consejo rector al exponer su informe anual de auditoría".
Relata Fiscalía que amparándose, en una situación de "aparente solvencia y gestión", el presidente de la cooperativa, ya fallecido, y el contable abrieron una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma "efectivo con el que disimular la situación real de la empresa".
Debido a la "pésima" gestión, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros.
El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro de falseamiento de cuentas. Como presuntos autores de los mismos reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama 2,67 millones de euros por el dinero distraído y no recuperado.
