"Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas", José Ortega y Gasset.
En la Facultad de Empresa de la UAL: "Auditoría Financiera", "Responsabilidad Social Corporativa" y "Organizaciones sin Ánimo de Lucro", todas en el Grado de Finanzas y Contabilidad y este curso en la séptima promoción del Máster en Auditoría de Cuentas
AA1000SES 2015
The AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) is a generally applicable framework for Assessing, Designing, Implementing and Communicating stakeholder engagement. AA1000SES builds on, and is consistent with, AccountAbility’s AA1000 Series, particularly the AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) and the principle of Inclusivity.
The purpose of the Standard is to establish the benchmark for good-quality stakeholder engagement.
Con frecuencia, el Tribunal de Cuentas
debe afrontar procesos de exigencia de responsabilidad contable ante
situaciones de flagrante violación de los principios de legalidad o de
economía, eficacia y eficiencia.
Quizás las expectativas de los ciudadanos puedan verse defraudadas ante la reiterada
jurisprudencia contable que reduce la responsabilidad contable a la
exclusiva literalidad del perjuicio de caudales públicos por violación
de la normativa presupuestaria y contable. Esa es la definición que realiza el artículo 38.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Requisitos de la Responsabilidad Contable
Para que pueda declararse responsabilidad
contable, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, a lo largo de
los últimos años, ha venido sistematizando sus requisitos en los
siguiente apartados:
a) que se hayan producido acciones u omisiones ligadas a una actividad de gestión de caudales o efectos públicos;
b) que dichas acciones u omisiones y sus consecuencias deban tener el correspondiente reflejo contable;
c) que hayan dado lugar a una vulneración de la normativa contable y presupuestaria;
d) que sean manifestación de una conducta dolosa o gravemente negligente; y
e) que entre dicha conducta y el menoscabo producido exista relación de causalidad.
Dicho esto, quiero presentar en esta entrada la sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 6-2-2008
que repasa diversos aspectos de la gestión realizada en un Ayuntamiento
andaluz, y donde analiza las características y elementos definitorios
de tal responsabilidad, en la frontera con la mala gestión económica.
¿Perjuicios por Intereses de demora?
Mediante una alegre confección y
aprobación de los presupuestos se puede llevar a una Administración a
una situación crítica. Con el tiempo, los ingresos previstos no se
recaudan y sin embargo los gastos se ejecutan en su totalidad. Comienzan
a retrasarse los pagos y se acaban aplazando las obligaciones tributarias y sociales, devengando los interese correspondientes. ¿Determina la correspondiente responsabilidad contable?
La Sala de Justicia estudia, en el
fundamento octavo, la pretensión de exigir esa responsabilidad respecto
de determinados actos de gestión realizados por el Ayuntamiento en
relación con las obligaciones derivadas de practicar e ingresar las
retenciones en los rendimientos de trabajo en concepto del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas así como el correspondiente
ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social las cargas
sociales, tanto las que corresponden a la empresa (Ayuntamiento) como al
trabajador.
A los importes no satisfechos en concepto de principal se van uniendo sucesivamente los intereses
de demora, los recargos y las sanciones. Determinando la existencia de
una importante deuda del Ayuntamiento tanto con la Hacienda Pública como
con la Seguridad Social.
Ahora bien, dice el Tribunal que la situación descrita “sería
relevante desde la perspectiva de la otra de las funciones que
corresponde al Tribunal de Cuentas, la función fiscalizadora, en la medida que la práctica del Ayuntamiento considerado de situarse en morosidad
permanente respecto a sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social podría llegar a merecer reproches desde la óptica de la
adecuación a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los fondos y caudales públicos”.
Continúa después afirmando que “desde la estricta perspectiva del enjuiciamiento contable hemos
de afirmar que dicha situación de endeudamiento carece de relevancia,
pues la misma no resulta en absoluto calificable como ilícito contable.
El artículo 49.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas
incluye como elemento configurador de la responsabilidad contable la necesidad
de que la acción causante del daño a los fondos públicos debe ser
constitutiva de infracción del ordenamiento jurídico presupuestario y de
la contabilidad, esto es, calificable como ilícito contable”.
La morosidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o de Seguridad Social podrían
constituir, si se dan todos los elementos legalmente previstos,
ilícitos tributarios o ilícitos de contenido social, pero dicha
situación, entiende el Tribunal que “no resulta encajable dentro de los
ilícitos contables”.
¿Perjuicios por violación flagrante de la normativa de contratación?
En el fundamento décimoquinto estudia la sentencia determinadas pretensiones de responsabilidad contable en relación con el contrato celebrado por el Ayuntamiento con una sociedad mercantil para la construcción de cincuenta viviendas sociales.
Se basa en la inexistencia de algunos
informes técnicos en relación con el contrato referido, posible
incumplimiento del principio de competencia, así como falta de
fiscalización previa, falta de intervención de los pagos y la falta de
acreditación de la consignación presupuestaria, entre otras, que
pudieron infringir la normativa en vigor para la contratación administrativa.
El análisis del expediente se acredita la
realización de las obras, el precio pactado para la ejecución de la
obra, acreditando asimismo cada pago realizado tanto en la salida de
fondos de la Tesorería municipal como en las cantidades debidas, pues
efectivamente aparecen las relaciones debidamente valoradas de
la obra realizada y/o las correspondientes certificaciones libradas y
firmadas por las personas competentes.
Entiende la Sala de Justicia que no hay falta de justificación de la inversión dada a los fondos públicos y que resulta indubitado que los pagos realizados por el Ayuntamiento constituyeron contraprestación de la obra realizada a favor de éste. Por tanto “no hay alcance de fondos públicos ni resulta acreditado daño alguno a los caudales de la Corporación”.
Vuelve a recordar el Tribunal que las
cuestiones planteadas no son las propias objeto de debate en la
actividad de enjuiciamiento contable sino que atañen al sometimiento de
la actividad económica y financiera del sector público al principio de
legalidad, pretendiendo de este juzgador, como en otros casos ya
comentados, una valoración al respecto y un juicio de reproche por el
suscitado incumplimiento de la legalidad. Además:
“El sacrificio económico del
Ayuntamiento tuvo como contrapartida el sacrificio equivalente de la
contratista, lo que hace inviable que pueda hablarse de daño en esta
situación. Y sin daño no hay responsabilidad contable. No puede, por tanto, tener favorable acogida la pretensión planteada“.
Comentario.
No es mi intención reiterar las críticas que suscita la existencia de la llamada Jurisdicción contable. Para quien lo desee, recomiendo la lectura del artículo del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Rafael Navas, en el número 37 de la revista Auditoría Pública,
donde realizaba una fundamentada crítica del asunto. De tan brillante y
demoledora exposición no puedo sustraerme a presentar el siguiente
párrafo, que resume muy bien la sensación que nos deja la lectura de la
Sentencia:
Tampoco es preciso
insistir en que la responsabilidad contable es una reacción de ámbito
individualizado que puede permitir la corrección de situaciones
concretas y la reintegración de los fondos públicos frente a quebrantos
injustificados, pero cuya capacidad de orientar la gestión se
circunscribe a la represión de las conductas infractoras con un nivel de exigencia que podría calificarse de mínimo,
porque de hecho se trata de acciones dolosas o gravemente negligentes.
La responsabilidad contable, dejando al margen su ámbito efectivo de
actuación que no es, como se ha visto, muy amplio, constituye el primer
escalón de la responsabilidad, pero no es un elemento sobre el que pueda construirse el concepto de responsabilidad de una gestión pública moderna.
Y en otro no menos brillante artículo un año después, Rafael Navas,
clava la puntilla de su dura y definitiva reprimenda, que quizás
mereciera alguna réplica desde el propio Tribunal de Cuentas. Navas dice
así, en la página 37, no exenta de ironía:
Sin perjuicio de
reconocer la habilidad de quienes establecieron tal redacción, lo cierto
es que deja demasiados elementos pendientes de interpretación para que
pueda considerarse que esta es la norma que delimita verdaderamente la
noción de responsabilidad contable. No hace falta más que detenerse en
las anteriores expresiones para apreciar que no queda muy claro qué debe
“desprenderse” de las cuentas, quiénes son los sujetos del deber de
rendir y cómo se delimita un sector del ordenamiento mediante la calificación de que sus normas sean de las “clases” presupuestaria o contable. No estaría muy descaminado quien interpretase que el legislador ha dejado intencionadamente confusos estos elementos, con el fin de que la propia Sala y la jurisprudencia los delimitasen a posteriori.
Una versión resumida de este artículo fue publicada en el diario jurídico LegalToday.
“Examen de aptitud profesional para inscripción en el Registro Oficial de Auditores del Cuentas” (convocatoria 2013)
El Consejo General de Economistas ha coeditado con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España la obra “Examen de aptitud profesional para inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas”. Convocatoria ECC/682/2013, de 15 de abril.
En esta obra se incluye el texto oficial de la convocatoria, los enunciados de la prueba en sus fases teórica y práctica, una propuesta de solución a cada cuestión planteada que se empleó en su momento como plantilla de corrección y comentarios explicativos que incorporan referencias a la normativa legal que en cada caso justifica el tipo de respuesta aportado, no sin olvidar alguna mención a la situación planteada en las NIA-ES citadas. De esta manera, se ha intentado dotar al texto de mayor capacidad explicativa y vigencia temporal asumiendo, no obstante, que la reciente reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas supone cambios en la solución en el largo plazo y la vigencia de algunos comentarios en ella incorporados.
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En España, desde el 1 de julio de este año la mayoría de las empresas deberían tener implementado el denominado “modelo de organización y gestión” con objeto de prevenir delitos o bien reducir significativamente el riesgo de su comisión también denominado como Compliance Program o Programa de Cumplimiento Normativo, en relación con la comisión de delitos y fraudes. Pues bien, la gran mayoría de las empresas todavía no se han enterado del grave riesgo que conlleva para las mismas el no tener implementado dicho modelo.
Cuando a los nuevos clientes les explicamos esto, muchos nos miran con incredulidad, hasta que les explicamos determinados ejemplos de penas sobre que pueden recaer sobre la personalidad jurídica (empresa), según el artículo 33.7 del Código Penal, por no tener implementado dicho modelo:
Disolución de la persona jurídica.
Suspensión de sus actividades.
Clausura de sus locales y establecimientos.
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva.
Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.
No estamos hablando de nada futurible. Esta legislación ya es vigente y el empresario debe cumplirla. Y si es la primera vez que escucha hablar del tema, significa que UD. YA ESTÁ INCUMPLIENDO.
Os muestro ahora una noticia que se ha producido en la multinacional farmacéutica PFIZER, que apareció ayer en prensa (aquí tenéis el link), sobre las consecuencias que está teniendo en España el incumplimiento del Código Ético: ha despedido a 30 altos cargos en España. Y es conveniente aquí desmontar otro falso mito: el Programa de Cumplimiento no sólo afecta a las grandes corporaciones, afecta a casi todas las empresas.
Volviendo al caso Pfizer, los dirigentes de la empresa han despedido a estos directivos tras una investigación interna (es muy importante la autorregulación interna), tras una denuncia (debemos suponer que ha utilizado el “canal de denuncias” establecido por la empresa), de un empleado despedido hace poco, acusando a la sede en España de efectuar prácticas comerciales contrarias al código ético de la compañía. Otro asunto interesante: todas las empresas deben tener un Código Ético y, además, cumplir con él.
Al parecer, los empleados despedidos habrían traspasado las normas de conducta internas de la compañía (el Programa de Cumplimiento del que hemos hablado). Lo curioso del caso es que dicho empleado -también directivo- había sido despedido por también traspasar ciertos límites, según la publicación “Redacción Médica”. Aquí un tema importante: los incumplimientos no sólo pueden tener repercusiones en la empresa, también y directivos y empleados.
Este es un caso claro de autorregulación, en el que la empresa ha adoptado medidas disciplinarias antes que desde el ámbito judicial pudieran tomar cartas en el asunto. Veremos en las próximas fechas como se va desarrollando la cuestión.
Recibid un cordial saludo, Manuel Rejón
creA-sset Compliance
Modelos para asociaciones de utilidad pública - Ministerio del Interior
A continuación se relacionan, en primer lugar, la documentación no
contable común para declaraciones de utilidad pública y rendición de
cuentas anual. En segundo lugar, los documentos específicos que han de
adjuntarse a las solicitudes de declaración de utilidad pública. En
tercer lugar, los modelos específicos para la rendición de cuentas
anuales. En cuarto lugar, se indican los modelos de documentación
contable que se ha de presentar, tanto para declaraciones de utilidad
pública como para rendiciones de cuentas (ver en DESCARGAS).
DOCUMENTOS COMUNES PARA DECLARACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Memoria de Actividades: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 1)
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Instancia para la solicitud de declaración de utilidad pública(Documento 2)
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS ANUALES
Instancia para la rendición anual de cuentas de asociaciones de utilidad pública (Documento 3)
Certificación de la asamblea de aprobación de cuentas: a anexar a la instancia para la rendición anual de cuentas (Documento 4)
DOCUMENTACIÓN CONTABLE (COMÚN PARA DECLARACIONES Y RENDICIONES DE CUENTAS)
Balance Abreviado: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 5)
Cuenta de Resultados Abreviada: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 6)
Memoria Económica Abreviada: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 7)
Memoria Económica Simplificada: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 8)
Balance normal: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 9)
Cuenta de Resultados Normal: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 10)
Estado de flujos de efectivo: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 11)
Memoria Económica Normal: a anexar a la solicitud de declaración de utilidad pública o a las rendiciones de cuentas anuales según corresponda (Documento 12)
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se
aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones temporales.
(BOE, 8 de enero de 2004)
20nov_03.htm - 20nov_03.pdf
Editado por la Asociación Española de Fundaciones, Febrero de 2015.
La Guía Práctica para la Medición del Impacto es el resultado de traducir y adaptar al contexto español la obra “A Practical Guide to Measuring and Managing Impact” elaborada y editada en su versión original en inglés por la EVPA.
Hoy traemos a la bitácora una interesante aportación de José Joaquín Jiménez Vacas, que es Técnico de Administración General de la Comunidad de Madrid. Licenciado en Derecho y Académico correspondiente de la Real de jurisprudencia y legislación (Instituto España) es colaborador del Observatorio de la Contratación y nos presenta una reflexión sobre la necesidad de dotarse de cuerpos de interventores en las CCAA. Veámoslo:
Una ventana de oportunidad política: la creación del Cuerpo profesional de Interventores de la Comunidad de Madrid, por José Joaquín Jiménez Vacas.
«Si los hombres fueran ángeles, el Estado no sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, ningún control al Estado, externo o interno, sería necesario». MÁDISON, El Federalista. 1788
La situación de grave crisis económica, desafección hacia la gestión política, elevado déficit público y percepción ciudadana de falta de control del gasto público desde las Administraciones, ha llevado aparejado un importante refuerzo del papel de los Órganos de Control de la Administración, desde un punto de vista jurídico y normativo.
El papel de los Centros de Control, en efecto, se ha visto reforzado a partir del vigor de nueva normativa que ha surgido de la citada situación de crisis y desafección (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, etc.), lo que ha supuesto, sin duda, buen refuerzo de su relevancia y posición jurídica, y ha constituido una ventana de oportunidad para la nueva legitimación de dichos Centros de Control frente a la ciudadanía, y frente a la opinión pública.
Pero los que hemos estudiado Dirección Pública sabemos que un refuerzo en el plano jurídico y normativo queda cojo, si no viene acompasado de otro relativo a los recursos humanos. No olvidemos nunca las palabras de la antigua Ley 109/1963, de 20 de julio, de Bases de los Funcionarios Civiles del Estado, relativas a que «una de las claves de la eficacia de la Administración pública, radica en la calidad de quienes la sirven en sus actividades».
Por eso, entre los Centros de Control citados, mi intención es tratar particularmente sobre la Intervención General de la Comunidad de Madrid que, de forma semejante a su análoga en la Administración del Estado, es el Centro Directivo de Control Interno encargado de verificar que la actividad del Sector público autonómico se adecua a los principios de legalidad y eficacia.
Conforme a su papel Institucional tradicional -cabe enunciar sucintamente- el citado Órgano de control interno tiene su Misión en el propósito de otorgar certidumbre a la gestión pública autonómica, apoyando su actividad en un personal muy cualificado, cuyos valores deben encontrar, y encuentran, sólido fundamento en la independencia funcional, el rigor profesional y la responsabilidad: valores los citados, que resaltan perfectamente las virtudes que debe representar el Interventor a la hora de enfrentar un expediente y ejercer sobre el mismo la labor de control interno y fiscalización: a priori, independencia; durante la citada labor, rigor; y a posteriori, responsabilidad.
Visado lo anterior, entre las recomendaciones recogidas por el «Informe de Fiscalización del Sistema de Control Interno de la Administración y de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid, así como de los Organismos, Entes, Empresas y Sociedades de ellas dependientes» publicado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2006, si bien se concluye –en términos generales- que el resultado de la función interventora en la Comunidad de Madrid pone de manifiesto un ‘cumplimiento de la legalidad formal de los expedientes’, también se ponen de manifiesto ciertas debilidades, enfatizando la necesidad de actualizar la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y, particularmente, la parte referida a la Intervención General, recomendando expresamente estudiar la creación de un nuevo cuerpo o cuerpos de Administración especial de Interventores y Auditores de la Comunidad de Madrid (recomendación núm.4, Pág. 137).
La Comunidad de Madrid, sin embargo, a pesar de contar diez años el citado informe, no dispone aún de un Cuerpo Especial de intervención y auditoría, lo cual se ha visto evidenciado en una necesidad, quizá por primera vez, desde el nuevo Gobierno, incluyéndose en la Agenda Política. En efecto, dada la especialización que requiere el ejercicio del control interno, el punto 46 del Acuerdo de Investidura para la X Legislatura de la Comunidad de Madrid, firmado por el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, propone de forma expresa la ‘creación de un Cuerpo profesional de Interventores de la Comunidad de Madrid’ como primer paso esencial dirigido a potenciar el papel de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, circunstancia que evidencia con claridad inmejorable una ventana de oportunidad que no debe dejarse escapar.
Previamente, otros Actores políticos de la Región ya habían puesto de manifiesto la necesidad de contar con funcionarios especialistas en la función interventora. Así, por ejemplo, el programa electoral 2015 para las elecciones a la Asamblea de Madrid, publicado por el Partido Unión Progreso y Democracia, proponía (P51.3) ‘atribuir, con carácter exclusivo, la función de intervención de los gastos de la administración regional a un cuerpo de interventores que se debe crear con carácter urgente, al cual solo se podrá acceder mediante pruebas selectivas que garanticen de modo objetivo la prevalencia de la igualdad, el mérito y la capacidad y en el cual todos los ascensos posteriores al acceso sean realizados por concurso de méritos’.
Un Cuerpo profesional de Intervención y Auditoría, representaría para la Comunidad de Madrid la oportunidad de disponer de especialistas propios en materia de control interno, lo que queda justificado en la larga tradición de la existencia de análogos cuerpos especiales tanto a nivel estatal como local.
Quepa añadir a las citadas reflexiones, otra sobre el Sector privado, en el que los Auditores han constituido profesión con exigencias de cualificación muy específicas (de acuerdo con Normas Internacionales de ejercicio profesional de la Auditoría Interna) que en España les obliga a hallarse inscritos para ejercer en el R.O.A.C (Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad.
En este sentido, los funcionarios del Cuerpo superior de Interventores y Auditores del Estado (Subgrupo.A1), así como los del Cuerpo de Técnicos de Auditoría y Contabilidad (Subgrupo A2), resultan asimilables y, por lo tanto, inscribibles en el R.O.A.C, siendo conveniente para la Administración de la Comunidad de Madrid que también sus funcionarios, que trabajan en el Control Interno Regional, reunieren requisitos para la referida inscripción.
A partir de oportunidades políticas como la presente, y desde su posición de liderazgo, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en fin, debe seguir erigiéndose en una de los principales impulsoras de la necesaria regeneración, constituyéndose en un Actor público clave para la misma.
El último informe de evaluación presupuestaria del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea apunta que, a lo largo de 2014, más de 8.000 millones de gasto público comunitario fueron empleados de manera irregular. Semejante bolsa de fraude ha sido aprovechada por pícaros de diversas nacionalidades para llenarse los bolsillos sin cumplir los requisitos exigidos.
Un ejemplo lo tenemos en la "picaresca" que el Tribunal describe como "solicitud de ayuda para tierras no admisibles". Este fraude, común en España, Austria y Portugal, consiste en que se conceden ayudas a parcelas declaradas como pastos permanentes, si bien las fincas en cuestión están en realidad total o parcialmente cubiertas de rocas o de bosques y matorrales tupidos, por lo que no deberían haber sido incluidas en las ayudas comunitarias.
Según explica el Tribunal de Cuentas, "las solicitudes de ayuda para estas parcelas se aceptaron porque su condición real no se reflejaba adecuadamente" en las solicitudes presentadas por los propietarios ante las instituciones comunitarias.
El informe apunta que las auditorías conducidas desde Bruselas han aflorado numerosas declaraciones inexactas a través de las cuales se consiguen fondos para proyectos que, de haber sido comunicados correctamente, no habrían sido admitidos por la Comisión Europea.
¿Parcela cultivable... o pista de motocross? El caso más llamativo es el de un castellano-manchego que cobró una ayuda por un terreno que estaba registrado en el Sistema de Identificación de Parcelas (SIP) como una superficie cultivable. En realidad, lo que se encontró el Tribunal de Cuentas en este espacio fue una pista de motocross.
Según el organismo auditor, el problema con las subvenciones de pastos en España viene de lejos: hace cinco años, Bruselas comunicó a las Administraciones de nuestro país que era necesario tomar cartas en el asunto y presentar un plan de mejora en los registros de tierras. Sin embargo, aunque la advertencia se produjo en 2010, la aplicación del nuevo SIP aún se está desarrollando.
El proyecto de irrigación que gastaba más agua También refleja el informe un caso observado en Andalucía que el Tribunal define como un "ejemplo de error de subvencionabilidad en un proyecto de inversión". El beneficiario habría cobrado 1,4 millones de euros para modernizar una infraestructura de irrigación con dos condiciones: la actuación debía ser viable económicamente y el consumo de agua debía reflejar una ganancia de eficiencia una vez se completase la nueva instalación.
"La auditoría del Tribunal constató que no se había cumplido ninguna de las dos condiciones. El proyecto no era económicamente viable en el momento de la concesión de la subvención y debería haber sido rechazado", señala el informe.
Y es que, aunque el consumo de agua que se había comunicado como situación de partida era de 3.000 m3 por hectárea y año, Bruselas pudo comprobar que la cifra real era el doble (6.000 m3 por hectárea y año). Peor aún fue el resultado del proyecto de irrigación: no solamente no cayó el consumo de agua, sino que subió significativamente, hasta los 8.000 m3 por hectárea y año.
Transporte de cereales y leche desnatada Incluso en el transporte de alimentos regulado por la UE se constatan importantes deficiencias a la hora de cumplir con las normativas vigentes:
"Se asignaron a España cereales y leche desnatada en polvo de las existencias de intervención de Francia e Irlanda respectivamente. Se reembolsaron a los adjudicatarios los costes de transporte a España de ambos productos. La legislación europea prevé que en estos casos el transporte al país de destino debería verificarse mediante un procedimiento específico (formulario T5) que las autoridades francesas e irlandesas se negaron a emprender. Por consiguiente, las autoridades españolas recurrieron a otro procedimiento que el Tribunal considera menos eficaz"
Comisiones del 2% en la formación "En España, los gastos generales de un proyecto de formación se asignaron conforme a un método que incumplía estos requisitos. El Tribunal considera que estos gastos estaban sobrevalorados hasta representar un 2,3% del importe auditado", señala el documento del organismo auditor.
Madrid, 12 nov (EFE).- El grupo bodeguero
Barón de Ley ha convocado junta general extraordinaria de accionistas
para el 16 de diciembre, en primera convocatoria, o al día siguiente, en
segunda, en Mendavia (Navarra), según un hecho relevante remitido hoy
por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En
el orden del día figura el nombramiento de auditores de cuentas, la
información del nuevo reglamento del Consejo de administración y la
delegación de facultades en el mismo para poder formalizar, subsanar,
interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta general, entre
otros.
El Grupo Barón de Ley obtuvo en el ejercicio 2014 un
beneficio neto atribuido de 27,6 millones, lo que supone un crecimiento
del 49,1 % en relación al mismo periodo de 2013, y representa un 31,8 %
de margen sobre ventas.
ESFL: Seminario sobre Patrocinio y Mecenazgo, a cargo de José Batlles.
Muchas gracias, amigo Pepe Batlles por el excelente seminario sobre
Patrocinio y Mecenazgo que esta mañana has desarrollado en clase de
"Gestión de Organizaciones sin Ánimo de Lucro", del Grado en Finanzas y Contabilidad; y mucha suerte en tu
maravilloso proyecto para ayudar los niños con problemas a través del
flamenco.
Preparando las nuevas tecnologías para el seminario.
Conmigo no estáis tan atentos... ;)
¿Alguna cuestión? Excelente participación y muy buena acogida del ponente.
Foto de familia
Esta por si alguien había cerrado los ojos...
Yo también estaba... Muchas gracias Anastasia, pero no te dediques a robar panderetas...
«Los errores de contabilidad no son nada extraordinario, son habituales en las grandes entidades del Estado». Así justifica un alto cargo de Patrimonio Nacional el que sus gestores dieran de baja en las cuentas de 2013 un total de 1,176 millones de euros que hasta entonces figuraban como deudas pendientes de cobro, según ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre la Cuenta General del Estado. «En ningún caso se trata de condonaciones de deuda», subraya.
Según fuentes del organismo, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional encontró en 2013 que 677.000 euros que esperaba ingresar obedecían a «diferencias entre el saldo contable y el saldo real por causas desconocidas», mientras que otros 499.000 euros que contaba con recuperar pertenecían a insolvencias y prescripciones antiguas, por lo que decidió poner en orden las cuentas de la entidad. Todos estos saldos erróneos se derivaban, explican las mismas fuentes, de errores de contabilidad «deudas que ya habían sido cobradas pero que se seguían contabilizando como pendientes», o diferencias entre los saldos de caja por la venta de entradas y también otros importes irrecuperables por ser deudas muy antiguas o por las que no se acudió a juicio en su momento. «La contable de Patrimonio achacó estas desviaciones a "causas desconocidas", pero sabemos perfectamente a qué se deben, son errores contables», insisten con vehemencia las mismas fuentes.
Gran parte de los ingresos del organismo que preside Alfredo Pérez de Armiñán provienen del alquiler de sus inmuebles y, como cualquier propietario, no siempre logra los inquilinos paguen correctamente sus deudas. Por su parte, fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas al respecto subrayan que la existencia de diferencias entre el saldo contable y el real no implican «necesariamente» una vulneración de la ley, aunque recuerdan que Patrimonio Nacional es una de las entidades que este año está siendo objeto de fiscalización individual por parte de sus técnicos. «Ya nos tocaba. Patrimonio es el único gran organismo público que nunca había sido fiscalizado», justifican desde la entidad.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sí considera en su informe que los «hechos posteriores puestos de manifiesto en la memoria, y anteriores al cierre del ejercicio» sobre posibles insolvencias de algunos deudores y prescripciones de Patrimonio, «ponen de manifiesto también la necesidad» de que esta entidad se dote de «métodos de cálculo global o de seguimiento individal» para controlar mejor sus cuentas. Asimismo, el organismo fiscalizador llama la atención a Patrimonio por no valorar «los bienes adquiridos con anterioridad a 31 de diciembre de 2010» pese a constituir «una parte muy importante de su patrimonio». Así, el saldo que las cuentas de la entidad atribuyen a sus bienes históricos ascienden a 9,88 millones de euros, recogiendo «exclusivamente» las incorporaciones procedentes de 2011, 2012, y 2013. «Dichas circunstancias tampoco se explican en la memoria, tal y como establece el Plan General de Contabilidad Pública», lamenta el Tribunal. Los bienes públicos pendientes de valorar ascienden a 180 inmuebles y 155.144 piezas de bienes muebles.
En la sede de Patrimonio Nacional, la Intervención General de la Administración del Estado cuenta con un puesto permanente.
Documentos | Asepuc Libro electrónico (ePub) "Casos prácticos aplicables a los Másteres en Contabilidad y Auditoría".
Se encuentra disponible en la página web de Asepuc (ver enlace)
el libro electrónico correspondiente a los casos prácticos, tanto
premiados como el resto de casos seleccionados, de la convocatoria de
Premios Asepuc 2014 de "Casos prácticos aplicables a los Másteres en
Contabilidad y Auditoría".
Dicho libro electrónico está disponible en dos
versiones, la primera contiene solo los enunciados de los casos y puede
ser descargada por todos los usuarios, y la otra versión es el libro
completo con las soluciones, el cual, sólo es accesible para los socios
de Asepuc.
“Examen de aptitud profesional para inscripción en el Registro Oficial de Auditores del Cuentas” (convocatoria 2013)
Disposición 6728 del BOE núm. 156 de 2014 - BOE-A-2014-6728.pdf
Una ventana de oportunidad política: la creación del Cuerpo profesional de Interventores de la Comunidad de Madrid, por José Joaquín Jiménez Vacas.
