El Tribunal de Cuentas se enfrenta a las auditoras por el sector público
La institución advierte a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos que son ella y los órganos regionales correspondientes los que tienen la competencia para fiscalizar sus gastos.
El Tribunal de Cuentas ha advertido a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales, salidos de las elecciones del pasado de 22 de mayo, contra la intención de contratar auditorías sobre el sector público con compañías privadas.
El órgano fiscalizador sale así al paso de los anuncios que, en este sentido, han hecho las diferentes administraciones autonómicas y municipales con motivo de los cambios de Gobierno que se han producido. El PP, que ganó de manera aplastante las elecciones del 22 de mayo, ha hecho este tipo de anuncios ante el temor de encontrarse agujeros contables al hacerse cargo de la gestión. Por ejemplo, el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha ha declarado que el déficit real que se ha encontrado tras la gestión socialista equivale al 6,4% de su PIB.
Las cuatro grandes firmas de auditoría, como Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG ya se están preparando para luchar por los diferentes contratos de las administraciones públicas, como adelantó EXPANSIÓN el pasado día 11.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas señala que la Constitución y las normas que regulan su funcionamiento, le encomiendan “la fiscalización externa de todas las entidades públicas, sin perjuicio de las competencias que tengan atribuidas los órganos de control externo de las comunidades autónomas en su respectivo ámbito de actuación”.
Es más, la institución afirma categórica lo siguiente: “La correcta interpretación de la legislación y de la Ley de Auditoría de Cuentas permite concluir, de manera inequívoca, por una parte, que la fiscalización externa del Gobierno central, de las comunidades autónomas y de las entidades locales es una función pública exclusiva del Tribunal de Cuentas” y de los órganos similares regionales.
Por otra parte, “ningún auditor privado –continúa el Tribunal de Cuentas–, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna Administración Pública”.
La institución admite que los auditores privados “pueden colaborar en el control externo o interno, pero dicha colaboración habrá de estar justificada por la falta de medios [públicos] para hacer las actuaciones programadas”.
